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Temario Ayudante Instituciones Penitenciarias.
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PRIMERA PARTE
1. A tenor de lo dispuesto en el artículo 443.2 de la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre del Código Penal (en adelante Código Penal), el funcionario de un centro de internamiento de personas extranjeras, o cualquier otro centro de detención, o custodia, incluso de estancia temporal, que solicitara sexualmente a una persona sujeta a su guarda, será castigado con:
A) La pena de prisión de uno a cuatro años e inhabilitación absoluta por tiempo de seis a doce años.
B) La pena de prisión de uno a cuatro años e inhabilitación absoluta por tiempo de seis a diez años.
C) La pena de prisión de dos a cinco años, inhabilitación especial por tiempo de seis a doce años y multa de uno a tres meses.
D) La pena de inhabilitación absoluta por tiempo de tres a seis años.
Correcta: A)
ARTÍCULO 443. 2 CP. El funcionario de Instituciones Penitenciarias, de centros de protección o reforma de menores, centro de internamiento de personas extranjeras, o cualquier otro centro de detención, o custodia, incluso de estancia temporal, que solicitara sexualmente a una persona sujeta a su guarda, será castigado con la pena de prisión de uno a cuatro años e inhabilitación absoluta por tiempo de seis a doce años.
2. El Ingreso de las cuotas que procedan a favor de la Tesorería General de la Seguridad Social con carácter anual de los/as sentenciados/as que procedan en beneficio de la comunidad, se efectuará dentro de los:
A) Quince primeros días del mes de diciembre de cada ejercicio.
B) Quince últimos días del mes de diciembre de cada ejercicio.
C) Quince primeros días del mes de enero de cada ejercicio.
D) Quince últimos días del mes de enero de cada ejercicio.
Correcta: A)
ART. 23. 2 RD 782/2001. La cotización por las contingencias de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales se efectuará aplicando al tope mínimo de cotización fijado en cada ejercicio en el Régimen General de la Seguridad Social el tipo de cotización establecido en la tarifa de primas vigente que corresponda a la actividad económica de prestación de servicios a la comunidad en general (CNAE-09.84.2), efectuándose el ingreso de las cuotas que procedan a favor de la Tesorería General de la Seguridad Social con carácter anual, dentro de los 15 primeros días del mes de diciembre de cada ejercicio.
3. De conformidad con el artículo 336.5º 1 del Real Decreto 1201/1981, de 8 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento Penitenciario (en adelante Reglamento Penitenciario de 1981), la Estadística general clasificada será confeccionada con los/as internos/as existentes:
A) A las cero horas del primer día hábil de cada mes, remitiéndose al Centro Directivo al siguiente día hábil.
B) En el último día del año en curso, remitiéndose al Centro Directivo el primer día hábil del año siguiente.
C) A las veinticuatro horas del día último de cada mes, remitiéndose al Centro Directivo el día uno del mes siguiente.
D) A las veinticuatro horas del último día de los meses de marzo, junio, septiembre y diciembre, remitiéndose al Centro Directivo el primer día hábil del mes siguiente.
Correcta: C)
ART. 336 RP 1201/81. 5.º El Servicio de Estadística, que confeccionará las siguientes:
1) La Estadística general clasificada de los internos existentes a las veinticuatro horas del día último de cada mes, que se remitirá al Centro Directivo del día 1 del siguiente. Deberá ir acompañada de:
a) Movimiento de la población reclusa por edades y situaciones, con expresión de altas y bajas habidas en el mes.
b) Relación nominal de los internos por los tipos de delitos que en cada caso solicite el Centro Directivo.
c) Movimiento de altas y bajas de libertades condicionales.
2) Las hojas de condena de todos los penados cuando se reciba el testimonio de sentencia y liquidación de condena.
3) La Estadística de los permisos concedidos en el mes con expresa indicación de los beneficiarios.
4. Según el artículo 297 del Real Decreto 190/1996, de 9 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento Penitenciario (en adelante Reglamento Penitenciario), los establecimientos penitenciarios de distribución son:
A) Establecimientos que llevan un sistema especial de inventario que permita en todo momento conocer la distribución de productos realizada a otros establecimientos.
B) Establecimientos donde se centraliza el peculio de los/as internos/as para ser distribuido posteriormente.
C) Establecimientos donde se almacena el vestuario de los/as funcionarios/as para ser distribuido posteriormente a cada centro.
D) Establecimientos donde se almacenan y custodian los víveres para ser repartidos posteriormente a cada establecimiento.
Correcta: A)
ART. 297 RP 190/1996. Cuando un Establecimiento penitenciario tenga el carácter de depósito de suministros llevará un sistema especial de inventario que permita en todo momento conocer la distribución de productos realizada a otros Establecimientos y los niveles de producto en reserva.
5. Según la Orden INT/985/2005, de 7 de abril, por la que se delegan determinadas atribuciones y se aprueban las delegaciones efectuadas por otras autoridades, modificada, entre otras, por la Orden INT/131/2023, de 11 de febrero, el/la Director/a de un centro penitenciario tendrá competencias financieras, por delegación, para:
A) La aprobación y el compromiso de gastos correspondientes a retribuciones hasta un límite máximo de 120.000 euros
B) La aprobación y el compromiso de gastos correspondientes a las cuotas sociales hasta un límite máximo de 120.000 euros.
C) La aprobación, compromiso de gasto, reconocimiento de la obligación y propuesta de pago de los gastos financiados con el Capítulo II sin límite máximo.
D) La aprobación y el compromiso de gastos correspondientes a anticipos reintegrables del personal destinado en el centro del que sea titular.
Correcta: D)
La aprobación y el compromiso de gastos correspondientes a retribuciones, cuotas sociales, acción social y anticipos reintegrables del personal destinado en el centro penitenciario del que cada uno sea titular, así como el reconocimiento de la obligación y la propuesta de pago dirigida al Director General de Tesoro y Política Financiera.
6. El Comité de Cooperación Penitenciaria es creado en 1980 con el propósito de:
A) Representar al Consejo de Europa ante la Asamblea de Naciones Unidas en cuestiones penitenciarias.
B) Vigilar, controlar y sancionar en su caso, la actividad penitenciaria de los miembros de la entonces Comunidad Económica Europea.
C) Velar por la eficacia de las Reglas Mínimas europeas.
D) Aprobar mejoras en la aplicación práctica de las Reglas Mínimas europeas.
Correcta: C)
En 1980 es creado por el Comité de ministros del Consejo de Europa el Comité de Cooperación Penitenciaria, encargado desde ese momento de velar por la eficacia de las Reglas Mínimas europeas y de formular propuestas de mejora en su aplicación práctica.
7. En el artículo 314 del Reglamento Penitenciario, referido a los periodos de reposición de los utensilios, se establece que:
A) El/la Director/a del centro lo autorizará cuando queden inutilizados y repondrá el material cada año.
B) El/la Director/a del centro deberá solicitar, en cada caso, la correspondiente autorización del Centro Directivo para dar de baja los efectos que queden inutilizados por el uso y poder efectuar las reposiciones.
C) El/la Director/a del centro repondrá los efectos que queden inutilizados y lo comunicará posteriormente al Centro Directivo.
D) El Centro Directivo revisará de oficio el estado del utensilio de los/as internos/as y repondrá los efectos que se consideren que deban quedar inutilizados.
Correcta: B)
ART. 314. 3 RP. No se fijarán plazos mínimos de duración para el utensilio, sino que los Directores de los centros penitenciarios deberán solicitar en cada caso la correspondiente autorización del centro directivo para dar de baja los efectos que queden inutilizados por el uso y poder efectuar las correspondientes reposiciones de material.
8. Entre los fines de la actividad penitenciaria, se incluye la asistencia social de los/as familiares de los/as internos/as en el:
A) Artículo 25.2 de la Constitución Española.
B) Artículo 1 de la Ley Orgánica General Penitenciaria.
C) Artículo 2 de la Ley Orgánica General Penitenciaria.
D) Artículo 2 del Reglamento Penitenciario.
Correcta: D)
ART. 2 RP. La actividad penitenciaria tiene como fin primordial la reeducación y reinserción social de los sentenciados a penas y medidas de seguridad privativas de libertad, así como la retención y custodia de los detenidos, presos y penados y la asistencia social de los internos, liberados y de sus familiares.
9. Señale la respuesta INCORRECTA. Según el artículo 287 del Reglamento Penitenciario de 1981, corresponde a los/as Jefes/as de Servicios:
A) Procurar conocer personalmente a los/as internos/as e informar al/la Director/a sobre los mismos y a otros superiores cuando lo soliciten.
B) Organizar debidamente todos los actos colectivos y presidirlos cuando no asista un/a funcionario/a de superior cometido.
C) Dar traslado de cuantas disposiciones o resoluciones afecten al servicio.
D) Visitar durante el servicio todos los locales del establecimiento para cerciorarse de su estado de conservación, orden, limpieza y seguridad.
Correcta: C)
ART. 287 RP 81. El Jefe de Servicios más antiguo en la plantilla sustituirá al Administrador en los casos de vacante, enfermedad o licencia.
2. Son obligaciones específicas de los Jefes de Servicios:
1.ª Despachar diariamente con el Director para informarle de la marcha de los servicios y de las novedades que hubiere, y para recibir sus órdenes.
2.ª Cuidar de la disciplina general del Establecimiento y de que se realicen los servicios en la forma establecida.
3.ª Estimular y orientar a los funcionarios que de él dependan en el cumplimiento de sus deberes, estudiar sus cualidades e informar al Director de su comportamiento.
4.ª Procurar conocer personalmente a los internos e informar al Director sobre los mismos, y a otros superiores cuando lo soliciten.
5.ª Visitar durante el servicio todos los locales del Establecimiento para cerciorarse de su estado de conservación, orden, limpieza y seguridad.
6.ª Adoptar provisionalmente las medidas indispensables para mantener el orden y buen funcionamiento de los servicios regimentales, dando cuenta de ellas al Director.
7.ª Mantener en lugar adecuado y debidamente controladas durante el día las llaves de los dormitorios y locales que no hayan de ser inmediatamente utilizados, y, durante la noche, las de los departamentos interiores del Establecimiento.
8.ª Organizar debidamente todos los actos colectivos y presidirlos cuando no asista un funcionario de superior cometido.
9.ª Comprobar que los funcionarios que de él dependan realicen los recuentos, cacheos y requisas, así como las revistas e instalaciones, utensilio, vestuario y aseo de la población reclusa.
10.ª Dirigir la oficina de la Jefatura de Servicios y activar sus trabajos.
11.ª Asistir como Vocal miembro de la Junta de Régimen y Administración en el caso de que le corresponda, conforme a lo dispuesto en el artículo 262.
12.ª Cumplir cuantas tareas le encomiende el Director en relación con el servicio que le corresponde conforme a su categoría y cometidos.
10. Si la representación legal del/la recluso/a solicita de la Administración Penitenciaria datos de carácter personal y especialmente protegidos:
A) No se exige poder especial y bastante otorgado por la persona interesada para tener acceso a los datos.
B) Podrá exigirse, en todo caso, poder especial y bastante otorgado por la persona interesada en el que conste expresamente su consentimiento para que su representante pueda tener acceso a dichos datos personales.
C) Deberá exigirse, en todo caso, poder especial y bastante otorgado por la persona interesada en el que conste expresamente su consentimiento para que su representante pueda tener acceso a dichos datos personales.
D) En ningún caso se podrán ceder datos de carácter personal del/la recluso/a, especialmente protegidos.
Correcta: C)
ART. 8 RP.
1. No obstante lo dispuesto en el artículo anterior, los datos de carácter personal de los reclusos relativos a opiniones políticas, a convicciones religiosas o filosóficas, al origen racial y étnico, a la salud o a la vida sexual, que hayan sido recabados para formular los modelos individualizados de ejecución o los programas de tratamiento penitenciarios, sólo podrán ser cedidos o difundidos a otras personas con el consentimiento expreso y por escrito del recluso afectado o cuando por razones de interés general así lo disponga una Ley.
2. Cuando se soliciten de la Administración Penitenciaria este tipo de datos especialmente protegidos por medio de representante del recluso, deberá exigirse, en todo caso, poder especial y bastante otorgado por el mismo en el que conste expresamente su consentimiento para que su representante pueda tener acceso a dichos datos personales del recluso.
11. Podrán ser aplicados a créditos del ejercicio corriente obligaciones contraídas en ejercicios anteriores:
A) En ningún caso, porque la Ley de Presupuestos Generales del Estado establece que el ejercicio presupuestario coincidirá con el del año natural.
B) Si, para lo que se anulará crédito en el ejercicio de procedencia.
C) No se contempla en la Ley de Presupuestos dicha posibilidad.
D) Si, independientemente de que hubiera o no crédito en el ejercicio de procedencia.
Correcta: B)
ART. 34. 3 LGP. Podrán aplicarse a créditos del ejercicio corriente obligaciones contraídas en ejercicios anteriores, de conformidad con el ordenamiento jurídico, para las que se anulara crédito en el ejercicio de procedencia.
12. Según el artículo 151 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria (en adelante Ley General Presupuestaria) estarán sujetos a fiscalización previa:
A) Los contratos menores, así como los asimilados a ellos en virtud de la legislación contractual.
B) Los gastos menores de 5.000 euros cuyo pago se realice mediante el procedimiento especial de anticipo de caja fija, regulado en el artículo 78 de esta Ley.
C) Las subvenciones con asignación nominativa.
D) Los gastos menores de 5.000 euros que se realicen con cargo a fondos librados a justificar, cuando los servicios o prestaciones a que se refieran no hayan tenido ni vayan a tener lugar en territorio extranjero.
Correcta: D)
ART. 151 LGP. No estarán sometidos a la fiscalización previa prevista en el apartado 2.a) del artículo anterior:
a) los contratos menores así como los asimilados a ellos en virtud de la legislación contractual;
b) los gastos de carácter periódico y demás de tracto sucesivo, una vez fiscalizado el gasto correspondiente al período inicial del acto o contrato del que deriven o sus modificaciones;
c) los gastos menores de 5.000 euros cuyo pago se realice mediante el procedimiento especial de anticipo de caja fija, regulado en el artículo 78 de esta Ley;
d) los gastos correspondientes a la celebración de procesos electorales a que se refiere la disposición adicional novena de esta Ley;
e) las subvenciones con asignación nominativa;
f) los contratos de acceso a bases de datos y de suscripción a publicaciones que no tengan el carácter de contratos sujetos a regulación armonizada.
g) los gastos correspondientes a las actuaciones objeto del régimen excepcional de emergencia regulado en el artículo 120.1 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público. La no sujeción no comprende la fiscalización previa de la orden de pago a justificar, en el supuesto de que se libren fondos con este carácter para atender los gastos de emergencia.
Tampoco estarán sometidos a fiscalización previa los gastos menores de 5.000 euros que se realicen con cargo a fondos librados a justificar, cuando los servicios o prestaciones a que se refieran hayan tenido o vayan a tener lugar en territorio extranjero.
13. Todos los asuntos que vayan a someterse a aprobación del Consejo de Ministros, a excepción de aquellos que se determinen por las normas de funcionamiento de éste, deberán ser examinados por:
A) La Comisión General de Secretarios/as de Estado y Subsecretarios/as.
B) La Comisión Delegada de Subsecretarios/as.
C) El Secretariado del Consejo de Ministros.
D) El/la titular del Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes.
Correcta: A)
ART. 8. 5 LG. Corresponde a la Comisión General de Secretarios de Estado y Subsecretarios:
a) El examen de todos los asuntos que vayan a someterse a aprobación del Consejo de Ministros, excepto los nombramientos, ceses, ascensos a cualquiera de los empleos de la categoría de oficiales generales y aquéllos que, excepcionalmente y por razones de urgencia, deban ser sometidos directamente al Consejo de Ministros.
b) El análisis o discusión de aquellos asuntos que, sin ser competencia del Consejo de Ministros o sus Comisiones Delegadas, afecten a varios Ministerios y sean sometidos a la Comisión por su presidente.
La Comisión General de Secretarios de Estado y Subsecretarios podrá celebrar sesiones, deliberar y aprobar actas a distancia por medios electrónicos, siempre que los miembros participantes se encuentren en territorio español y quede acreditada su identidad. Asimismo, se deberá asegurar la comunicación entre ellos en tiempo real durante la sesión, disponiéndose los medios necesarios para garantizar el carácter secreto o reservado de sus deliberaciones.
14. Según el artículo 5 del Tratado de la Unión Europea, qué principio/s rige/n la delimitación de las competencias de la Unión Europea:
A) Principio de subsidiariedad y proporcionalidad.
B) Principio de atribución.
C) Principio de inviolabilidad.
D) Principio de reciprocidad y equidad.
Correcta: B)
ART. 5. 1 TUE. La delimitación de las competencias de la Unión se rige por el principio de atribución. El ejercicio de las competencias de la Unión se rige por los principios de subsidiariedad y proporcionalidad.
15. El concepto de prevención general de la pena:
A) Supone la actuación sobre el/la delincuente a través de la intimidación.
B) Supone la protección de la sociedad a través de la inocuización del/la delincuente.
C) Se realiza a través de la rehabilitación o reinserción del/la delincuente.
D) Tiende a la prevención del delito mediante el efecto de la pena sobre la colectividad.
Correcta: D)
La prevención general es una finalidad importante de la pena, enviar a la sociedad el mensaje de que unos hechos constituyen un delito y que el Estado, a través de los Jueces, impone de manera efectiva la sanción a quien, tras un proceso con todas las garantías, es considerado culpable. Tiende a la prevención del delito mediante el efecto de la pena sobre la colectividad. No podemos olvidar que entre los factores que más influyen en el cumplimiento de las normas por los ciudadanos, se encuentra la certeza de que ante su incumplimiento se va a imponer de manera efectiva la sanción prevista en la ley.
16. A tenor del artículo 502.4 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, cuando de las investigaciones practicadas se infiera racionalmente que el hecho se cometió concurriendo una causa de justificación:
A) El Juez, a su criterio, podrá adoptar la prisión provisional si concurre alguna causa muy cualificada de las que, con carácter general, lo permiten.
B) El Juez podrá adoptar la prisión provisional si la solicita alguna de las partes.
C) No se adoptará en ningún caso la prisión provisional.
D) Sólo se podrá adoptar la prisión provisional si existe riesgo de fuga.
Correcta: C)
ART. 502. 4 LECRIM. No se adoptará en ningún caso la prisión provisional cuando de las investigaciones practicadas se infiera racionalmente que el hecho no es constitutivo de delito o que el mismo se cometió concurriendo una causa de justificación.
17. Según el artículo 8 del Código Penal, los hechos susceptibles de ser calificados con arreglo a dos o más preceptos y no comprendidos en los artículos 73 a 77, se castigarán observando las siguientes reglas:
A) El precepto general se aplicará con preferencia sobre el subsidiario; el precepto especial se aplicará sólo en defecto del principal; el precepto penal más amplio o complejo absorberá a los que castiguen las infracciones consumidas en aquél. En defecto de otros criterios, el precepto que castigue con pena menor primará sobre el que lo haga con pena de mayor entidad.
B) El precepto especial se aplicará con preferencia sobre el más amplio o complejo; el precepto subsidiario se aplicará sólo en defecto del principal; el precepto penal más grave absorberá a los que castiguen las infracciones consumidas en aquél y el precepto penal más amplio o complejo excluirá los que castiguen el hecho con pena menor.
C) El precepto especial se aplicará con preferencia sobre el general; el precepto subsidiario se aplicará sólo en defecto del principal; el precepto penal más amplio o complejo absorberá a los que castiguen las infracciones consumidas en aquél y el precepto penal más grave excluirá los que castiguen el hecho con pena menor.
D) El precepto general se aplicará con preferencia sobre el especial; el precepto principal se aplicará sólo en defecto del subsidiario; el precepto penal más amplio o complejo absorberá a los que castiguen las infracciones consumidas en aquél y el precepto penal más leve excluirá los que castiguen el hecho con pena mayor.
Correcta: C)
ART. 8 CP. Los hechos susceptibles de ser calificados con arreglo a dos o más preceptos de este Código, y no comprendidos en los artículos 73 a 77, se castigarán observando las siguientes reglas:
1.ª El precepto especial se aplicará con preferencia al general.
2.ª El precepto subsidiario se aplicará sólo en defecto del principal, ya se declare expresamente dicha subsidiariedad, ya sea ésta tácitamente deducible.
3.ª El precepto penal más amplio o complejo absorberá a los que castiguen las infracciones consumidas en aquél.
4.ª En defecto de los criterios anteriores, el precepto penal más grave excluirá los que castiguen el hecho con pena menor.
18. Señale la respuesta INCORRECTA. En los delitos contra el honor:
A) El perdón del ofendido extingue siempre la acción penal.
B) La reparación del daño comprenderá también la publicación o divulgación de la sentencia condenatoria.
C) En los casos de calumnia e injuria hechas con publicidad, será responsable civil solidaria la persona, física o jurídica, propietaria del medio informativo a través del cual se haya propagado.
D) Nadie podrá deducir acción de calumnia e injuria vertidas en juicio sin previa licencia del Juez o Tribunal que de él conociera o hubiere conocido.
Correcta: A)
ART. 215 CP.
1. Nadie será penado por calumnia o injuria sino en virtud de querella de la persona ofendida por el delito o de su representante legal. Se procederá de oficio cuando la ofensa se dirija contra funcionario público, autoridad o agente de la misma sobre hechos concernientes al ejercicio de sus cargos.
2. Nadie podrá deducir acción de calumnia o injuria vertidas en juicio sin previa licencia del Juez o Tribunal que de él conociere o hubiere conocido.
3. El perdón de la persona ofendida extingue la acción penal, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 130.1.5.º, párrafo segundo de este Código.
19. El Consejo Asesor del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura estará integrado por:
A) Los/as Adjuntos/as del/la Defensor/a del Pueblo como miembros natos, además de un máximo de 10 Vocales. tengan una reconocida
B) Los/as Adjuntos/as del/ la Defensor/a del Pueblo y un máximo de 3 Vocales que tengan una reconocida trayectoria en la defensa de los Derechos Humanos.
C) Un/a Adjunto/a del/la Defensor/a del Pueblo, que ejercerá la Presidencia del Consejo y 12 Vocales.
D) Todos/as los/as Adjuntos/as del/la Defensor/a del Pueblo como miembros natos, además de su Presidente/a y un máximo de 12 Vocales.
Correcta: A)
ART. 19. 2 REGLAMENTO DEFENSOR DEL PUEBLO. El Consejo Asesor estará integrado por los Adjuntos del Defensor del Pueblo, como miembros natos, además de por un máximo de 10 Vocales.
20. Según el artículo 49.e) del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público (en adelante TREBEP), el permiso por cuidado de hijo/a menor, afectado/a por cáncer u otra enfermedad grave, podrá prolongarse hasta que éste/a:
A) Cumpla 25 años si, antes de alcanzar los 22 años, acreditara, además, un grado de discapacidad igual o superior al 65 por ciento.
B) Cumpla 26 años si, antes de alcanzar los 23 años, acreditara, además, un grado de discapacidad igual o superior al 65 por ciento.
C) Cumpla 26 años si, antes de alcanzar los 23 años, acreditara, además, un grado de discapacidad igual o superior al 70 por ciento.
D) Cumpla 27 años.
Correcta: B)
ART. 49 e) TREBEP. Permiso por cuidado de hijo menor, afectado por cáncer u otra enfermedad grave: el funcionario tendrá derecho, siempre que ambas personas progenitoras, adoptantes, guardadoras con fines de adopción o acogedoras de carácter permanente trabajen, a una reducción de la jornada de trabajo de al menos la mitad de la duración de aquélla, percibiendo las retribuciones íntegras con cargo a los presupuestos del órgano o entidad donde venga prestando sus servicios, para el cuidado, durante la hospitalización y tratamiento continuado, del hijo o hija menor de edad, afectado por cáncer (tumores malignos, melanomas o carcinomas) o por cualquier otra enfermedad grave que implique un ingreso hospitalario de larga duración y requiera la necesidad de su cuidado directo, continuo y permanente acreditado por el informe del servicio público de salud u órgano administrativo sanitario de la comunidad autónoma o, en su caso, de la entidad sanitaria concertada correspondiente y, como máximo, hasta que el hijo o persona que hubiere sido objeto de acogimiento permanente o guarda con fines de adopción cumpla los 23 años. A estos efectos, el mero cumplimiento de los 18 años del hijo o del menor sujeto a acogimiento permanente o a guarda con fines de adopción, no será causa de extinción de la reducción de la jornada, si se mantiene la necesidad de cuidado directo, continuo y permanente.
No obstante, cumplidos los 18 años, se podrá reconocer el derecho a la reducción de jornada hasta que la persona a su cargo cumpla los 23 años en los supuestos en que el padecimiento del cáncer o enfermedad grave haya sido diagnosticado antes de alcanzar la mayoría de edad, siempre que en el momento de la solicitud se acrediten los requisitos establecidos en los párrafos anteriores, salvo la edad.
Asimismo, se mantendrá el derecho a esta reducción de jornada hasta que la persona a su cargo cumpla 26 años si, antes de alcanzar los 23 años, acreditara, además, un grado de discapacidad igual o superior al 65 por ciento.
21. El artículo 27.2 de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia, establece que los grados de dependencia, a efectos de su valoración, se determinarán mediante la aplicación del baremo que se acuerde:
A) En el Comité Consultivo de Servicios Sociales y del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia de cada Comunidad Autónoma.
B) En el Consejo Interterritorial del Servicio Nacional de Salud y del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia.
C) En el Consejo Territorial de Servicios Sociales y del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia.
D) En el Consejo Autonómico y Local de Servicios Sociales y del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia u órgano asimilado que cada Comunidad Autónoma determine con sus entidades locales.
Correcta: C)
ART. 27 LEY 39/2006.
1. Las comunidades autónomas determinarán los órganos de valoración de la situación de dependencia, que emitirán un dictamen sobre el grado de dependencia con especificación de los cuidados que la persona pueda requerir. El Consejo Territorial de Servicios Sociales y del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia deberá acordar unos criterios comunes de composición y actuación de los órganos de valoración de las comunidades autónomas que, en todo caso, tendrán carácter público.
2. Los grados de dependencia, a efectos de su valoración, se determinarán mediante la aplicación del baremo que se acuerde en el Consejo Territorial de Servicios Sociales y del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia para su posterior aprobación por el Gobierno mediante real decreto. Dicho baremo tendrá entre sus referentes la Clasificación Internacional del Funcionamiento, la Discapacidad y la Salud (CIF) adoptada por la Organización Mundial de la Salud. No será posible determinar el grado de dependencia mediante otros procedimientos distintos a los establecidos por este baremo.
3. El baremo establecerá los criterios objetivos de valoración del grado de autonomía de la persona, de su capacidad para realizar las distintas actividades de la vida diaria, los intervalos de puntuación para cada uno de los grados de dependencia y el protocolo con los procedimientos y técnicas a seguir para la valoración de las aptitudes observadas, en su caso.
22. El artículo 11 de la Ley 19/2023, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno (en adelante Ley de Transparencia), establece que la información publicada de acuerdo con las prescripciones técnicas que se establezcan reglamentariamente en el Portal de Transparencia, deberá adecuarse a los siguientes principios:
A) Accesibilidad, interoperabilidad y disponibilidad.
B) Sostenibilidad, accesibilidad y reutilización.
C) Interoperabilidad, reutilización y accesibilidad.
D) Accesibilidad, integridad y reutilización.
Correcta: C)
ART. 11 LEY 19/2023. El Portal de la Transparencia contendrá información publicada de acuerdo con las prescripciones técnicas que se establezcan reglamentariamente que deberán adecuarse a los siguientes principios:
a) Accesibilidad: se proporcionará información estructurada sobre los documentos y recursos de información con vistas a facilitar la identificación y búsqueda de la información.
b) Interoperabilidad: la información publicada será conforme al Esquema Nacional de Interoperabilidad, aprobado por el Real Decreto 4/2010, de 8 enero, así como a las normas técnicas de interoperabilidad.
c) Reutilización: se fomentará que la información sea publicada en formatos que permita su reutilización, de acuerdo con lo previsto en la Ley 37/2007, de 16 de noviembre, sobre reutilización de la información del sector público y en su normativa de desarrollo.
23. En el artículo 40.1 de la Ley General Presupuestaria, se establece que en los créditos para operaciones corrientes se distinguirán:
A) Las inversiones reales.
B) Los gastos de personal.
C) El fondo de contingencia.
D) Las transferencias de capital.
Correcta: B)
ART. 40. 1 LGP. […] En los créditos para operaciones corrientes se distinguirán los gastos de personal, los gastos corrientes en bienes y servicios, los gastos financieros y las transferencias corrientes.
24. Según el artículo 209 del Reglamento Penitenciario, los establecimientos penitenciarios contarán con un equipo sanitario de atención primaria que estará integrado, al menos, por:
A) Un/a profesional médico/a, un/a profesional de enfermería, un/a podólogo/a y un/a Técnico/a en cuidados auxiliares de enfermería.
B) Un/a profesional médico/a, un/a supervisoría de enfermería, un/a enfermero/a y un/a Técnico/a en cuidados auxiliares de enfermería.
C) Un/a profesional médico/a, un/a profesional de enfermería, un/a Técnico/a de cuidados auxiliares de enfermería y de forma periódica con un/a psiquiatra y un/a médico/a estomatólogo/a u odontólogo/a.
D) Un/a profesional médico/a, un/a profesional de enfermería, un/a psicólogo/a y un/a médico/a estomatólogo/a u odontólogo/a.
Correcta: C)
ART. 209. 1 RP. Atención primaria:
1.1 La atención primaria se dispensará con medios propios de la Administración Penitenciaria o ajenos concertados por la misma. Los Establecimientos penitenciarios contarán con un equipo sanitario de atención primaria que estará integrado, al menos, por un médico general, un diplomado en enfermería y un auxiliar de enfermería. Se contará igualmente, de forma periódica, con un psiquiatra y un médico estomatólogo u odontólogo.
1.2 Los Centros de mujeres dispondrán además de los servicios periódicos de un ginecólogo y, cuando convivan niños con sus madres, de un pediatra.
25. Según lo previsto en el artículo 93 del Reglamento Penitenciario:
A) En los departamentos especiales, durante las salidas al patio no podrán permanecer, en ningún caso, más de tres internos/as juntos. Este número podrá aumentarse hasta un máximo de cuatro para la ejecución de actividades programadas.
B) En los departamentos especiales, durante las salidas al patio no podrán permanecer, en ningún caso, más de dos internos/as juntos. Este número podrá aumentarse hasta un máximo de cinco para la ejecución de actividades programadas.
C) El número de internos/as que, de forma conjunta, podrán realizar actividades en grupo será establecido por el Consejo de Dirección, previo informe de la Junta de Tratamiento, con un mínimo de cinco internos/as.
D) El número de internos/as que, de forma conjunta, podrán realizar actividades en grupo será establecido por el Consejo de Dirección, previo informe de la Junta de Tratamiento, con un mínimo de cuatro internos/as.
Correcta: B)
ART. 93. 1 RP. 3ª En las salidas al patio no podrán permanecer, en ningún caso, más de dos internos juntos. Este número podrá aumentarse hasta un máximo de cinco para la ejecución de actividades programadas.
26. Señale la respuesta INCORRECTA. Son circunstancias agravantes en todo caso:
A) Cometer el delito por motivos racistas, antisemitas o antigitanos.
B) Cometer el delito cuando el agraviado sea o haya sido cónyuge o persona que esté o haya estado ligada de forma estable por análoga relación de afectividad.
C) Cometer el delito por motivos de discriminación referente a la ideología, religión o creencias de la víctima, la etnia, raza o nación a la que pertenezca la víctima del delito.
D) Cometer el delito por motivos de discriminación basados en la orientación o identidad sexual o de género, razones de género, con independencia de que tales condiciones o circunstancias concurran efectivamente en la persona sobre la que recaiga la conducta.
Correcta: B)
ART. 22 CP. Son circunstancias agravantes:
1.ª Ejecutar el hecho con alevosía.
Hay alevosía cuando el culpable comete cualquiera de los delitos contra las personas empleando en la ejecución medios, modos o formas que tiendan directa o especialmente a asegurarla, sin el riesgo que para su persona pudiera proceder de la defensa por parte del ofendido.
2.ª Ejecutar el hecho mediante disfraz, con abuso de superioridad o aprovechando las circunstancias de lugar, tiempo o auxilio de otras personas que debiliten la defensa del ofendido o faciliten la impunidad del delincuente.
3.ª Ejecutar el hecho mediante precio, recompensa o promesa.
4.ª Cometer el delito por motivos racistas, antisemitas, antigitanos u otra clase de discriminación referente a la ideología, religión o creencias de la víctima, la etnia, raza o nación a la que pertenezca, su sexo, edad, orientación o identidad sexual o de género, razones de género, de aporofobia o de exclusión social, la enfermedad que padezca o su discapacidad, con independencia de que tales condiciones o circunstancias concurran efectivamente en la persona sobre la que recaiga la conducta.
5.ª Aumentar deliberada e inhumanamente el sufrimiento de la víctima, causando a ésta padecimientos innecesarios para la ejecución del delito.
6.ª Obrar con abuso de confianza.
7.ª Prevalerse del carácter público que tenga el culpable.
8.ª Ser reincidente.
27. La concesión de la libertad por el transcurso de los plazos máximos para la prisión provisional establecidos en el artículo 504 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal:
A) Impedirá que se acuerde nuevamente prisión provisional en el caso de que el investigado o encausado, sin motivo legítimo, dejare de comparecer a cualquier llamamiento del Juez o Tribunal.
B) Impedirá que se acuerde nuevamente prisión provisional salvo en el caso de que quien está encausado en un procedimiento ordinario, sin motivo legítimo, dejare de comparecer a cualquier llamamiento del Juez o Tribunal.
C) No impedirá que se acuerde nuevamente prisión provisional en el caso de que el investigado o encausado, sin motivo legítimo, dejare de comparecer a cualquier llamamiento del Juez o Tribunal, aunque sólo podrá prolongarse por la mitad del tiempo establecido para la pena de prisión prevista para el delito.
D) No impedirá que se acuerde nuevamente prisión provisional en el caso de que el investigado o encausado, sin motivo legítimo, dejare de comparecer a cualquier llamamiento del Juez o Tribunal.
Correcta: D)
ART. 504. 4 LECRIM. La concesión de la libertad por el transcurso de los plazos máximos para la prisión provisional no impedirá que ésta se acuerde en el caso de que el investigado o encausado, sin motivo legítimo, dejare de comparecer a cualquier llamamiento del juez o tribunal.
28. El artículo 31 del Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social, establece un subsidio al que pueden tener derecho determinadas personas cuya discapacidad no les permite utilizar el transporte colectivo. La cuantía de dicho subsidio se fija:
A) Anualmente, en las leyes de presupuestos de cada Comunidad Autónoma.
B) Por Orden del Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030.
C) Por Real Decreto del Consejo de Ministros.
D) Anualmente, en la Ley de Presupuestos Generales del Estado.
Correcta: D)
Art. 31 RD leg. 1/2013. Las personas con discapacidad con dificultades para utilizar transportes colectivos, que reúnan los requisitos establecidos reglamentariamente, tendrán derecho a la percepción de un subsidio de movilidad y compensación por gastos de transporte, cuya cuantía se fijará anualmente en la Ley de Presupuestos Generales del Estado.
29. Según el artículo 78 de la Ley General Presupuestaria, la cuantía global de los anticipos de caja fija no podrá superar para cada Ministerio u Organismo Autónomo:
A) El siete por ciento del total de créditos del capítulo destinado a gastos financieros del presupuesto vigente en cada momento.
B) El siete por ciento del total de créditos del capítulo destinado a gastos corrientes en bienes y servicios del presupuesto vigente en cada momento.
C) El cinco por ciento del total de créditos del capítulo destinado a gastos corrientes en bienes y servicios del presupuesto vigente en cada momento.
D) El siete por ciento del total de créditos del capítulo destinado a gastos de personal del presupuesto vigente en cada momento.
Correcta: B)
Art. 78. 3 LGP. En todo caso, la cuantía global de los anticipos de caja fija no podrá superar para cada ministerio u organismo autónomo el siete por ciento del total de créditos del capítulo destinado a gastos corrientes en bienes y servicios del presupuesto vigente en cada momento.
30. Señale la respuesta INCORRECTA. Conforme al artículo 26.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas (en adelante LPACAP), para ser considerados válidos los documentos electrónicos administrativos deberán:
A) Incorporar una referencia codificada del órgano tramitador.
B) Incorporar los metadatos mínimos exigidos.
C) Incorporar las firmas electrónicas que correspondan de acuerdo con lo previsto en la normativa aplicable.
D) Disponer de los datos de identificación que permitan su individualización, sin perjuicio de su posible incorporación a un expediente electrónico.
Correcta: A)
ART. 26. 2 LPAC. Para ser considerados válidos, los documentos electrónicos administrativos deberán:
a) Contener información de cualquier naturaleza archivada en un soporte electrónico según un formato determinado susceptible de identificación y tratamiento diferenciado.
b) Disponer de los datos de identificación que permitan su individualización, sin perjuicio de su posible incorporación a un expediente electrónico.
c) Incorporar una referencia temporal del momento en que han sido emitidos.
d) Incorporar los metadatos mínimos exigidos.
e) Incorporar las firmas electrónicas que correspondan de acuerdo con lo previsto en la normativa aplicable.
Se considerarán válidos los documentos electrónicos, que cumpliendo estos requisitos, sean trasladados a un tercero a través de medios electrónicos.
31. La modificación más reciente del Capítulo VII relativo a la malversación, contenido en el Título XIX “Delitos contra la Administración Pública”, del Código Penal, ha sido llevada a cabo por:
A) Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre de transposición de directivas europeas y otras disposiciones para la adaptación de la legislación penal al ordenamiento de la Unión Europea, y reforma de los delitos contra la integridad moral, desórdenes públicos y contrabando de armas de doble uso.
B) Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre de transposición de directivas europeas y otras disposiciones para la adaptación de la legislación penal al ordenamiento de la Unión Europea, y reforma de los delitos contra la integridad moral, desórdenes públicos y contrabando de armas de doble uso.
C) Ley Orgánica 14/2022, de 22 de diciembre de transposición de directivas europeas y otras disposiciones para la adaptación de la legislación penal al ordenamiento de la Unión Europea, y reforma de los delitos contra la integridad moral, desórdenes públicos y contrabando de armas de doble uso.
D) Ley Orgánica 7/2021, de 26 de mayo de transposición de directivas europeas y otras disposiciones para la adaptación de la legislación penal al ordenamiento de la Unión Europea, y reforma de los delitos contra la integridad moral, desórdenes públicos y contrabando de armas de doble uso.
Correcta: C)
Se añaden y se suprimen determinados preceptos en el CP, por Ley Orgánica 14/2022, de 22 de diciembre.
32. En los delitos contra el honor, «la exceptio veritatis» es admisible:
A) Sólo en el delito de calumnia.
B) Sólo en el delito de injurias.
C) En la injuria si ésta se dirige contra funcionarios públicos sobre hechos no concernientes a su cargo.
D) En la injuria si ésta se dirige contra funcionario público por hechos referidos a la comisión de infracciones administrativas.
Correcta: D)
ART. 210 CP. El acusado de injuria quedará exento de responsabilidad probando la verdad de las imputaciones cuando estas se dirijan contra funcionarios públicos sobre hechos concernientes al ejercicio de sus cargos o referidos a la comisión de infracciones administrativas.
33. Señale la respuesta INCORRECTA. Según el artículo 38.1 de la Ley de Transparencia, son funciones encomendadas al Consejo de Transparencia y Buen Gobierno:
A) Asesorar en materia de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno.
B) Promover actividades de formación y sensibilización para un mejor conocimiento de las materias reguladas por esta Ley.
C) Informar preceptivamente los proyectos normativos de carácter estatal que desarrollen esta Ley o que estén relacionados con su objeto.
D) Adoptar criterios de interpretación uniforme de las obligaciones contenidas en esta Ley.
Correcta: D)
ART. 38. 1 LEY 19/2013. Para la consecución de sus objetivos, el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno tiene encomendadas las siguientes funciones:
a) Adoptar recomendaciones para el mejor cumplimiento de las obligaciones contenidas en esta Ley.
b) Asesorar en materia de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno.
c) Informar preceptivamente los proyectos normativos de carácter estatal que desarrollen esta Ley o que estén relacionados con su objeto.
d) Evaluar el grado de aplicación de esta Ley. Para ello, elaborará anualmente una memoria en la que se incluirá información sobre el cumplimiento de las obligaciones previstas y que será presentada ante las Cortes Generales.
e) Promover la elaboración de borradores de recomendaciones y de directrices y normas de desarrollo de buenas prácticas en materia de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno.
f) Promover actividades de formación y sensibilización para un mejor conocimiento de las materias reguladas por esta Ley.
g) Colaborar, en las materias que le son propias, con órganos de naturaleza análoga.
h) Aquellas otras que le sean atribuidas por norma de rango legal o reglamentario.
34. La regla 81.1 de las Reglas Penitenciarias europeas establece que, antes de iniciar su vida profesional, el personal penitenciario deberá recibir un curso de formación sobre sus tareas generales y específicas y se les exigirá que superen exámenes teóricos y prácticos. ¿A qué texto y/o articulo/s del derecho positivo español se ha trasladado esta previsión?
A) Artículo ochenta de la Ley Orgánica General Penitenciaria.
B) Artículo uno de la Ley Orgánica General Penitenciaria.
C) Artículo uno del Reglamento Penitenciario.
D) Artículos trescientos cinco a trescientos treinta y uno del Reglamento Penitenciario de 1981.
Correcta: A)
REGLA 81.1 Antes de asumir las funciones, el personal seguirá un curso de formación general y especial y tendrá que superar unas pruebas teóricas y prácticas.
ART. 80 LOGP. 1. Para el desempeño de las funciones que le están encomendadas la Administración penitenciaria contará con el personal necesario y debidamente cualificado. 2. Los funcionarios penitenciarios tendrán la condición de funcionarios públicos, con los derechos, deberes e incompatibilidades regulados por la legislación general de funcionarios civiles de la Administración del Estado. En el ejercicio de sus funciones se atenderá al principio de imparcialidad política, de conformidad con las normas constitucionales. 3. La selección y, en su caso, el ascenso de los funcionarios penitenciarios se ajustará a los mismos procedimientos establecidos en el Estatuto de la Función Pública. 4. Antes de iniciar su actividad, los funcionarios penitenciarios deberán recibir la formación específica, tanto teórica como práctica, en el centro oficial adecuado que reglamentariamente se determine.
35. Según el artículo 16 del Reglamento Penitenciario sobre la presentación voluntaria en un centro penitenciario, el/la Director/a recabará del/la Juez/a o Tribunal el correspondiente mandamiento, así como en su caso, el testimonio de sentencia y liquidación de condena:
A) Dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes al ingreso.
B) Dentro de las veinticuatro horas siguientes al ingreso.
C) A las cuarenta y ocho horas del ingreso.
D) En un plazo máximo de setenta y dos horas.
Correcta: B)
ART. 16. 3 RP. En los casos de ingresos voluntarios, el Director del centro recabará del Juez o Tribunal, dentro de las veinticuatro horas siguientes al ingreso, el correspondiente mandamiento, así como, en su caso, el testimonio de sentencia y liquidación de condena. Cuando se trate de internos evadidos que decidiesen voluntariamente reingresar en un establecimiento distinto del originario, se solicitará del establecimiento del que se hubiesen evadido los datos necesarios de su expediente personal, sin perjuicio de lo que se determine en torno a su destino o traslado.
36. Señale la respuesta INCORRECTA. El delito de encubrimiento, regulado en el artículo 451 del Código Penal, dispone que será castigado el que, con conocimiento de la comisión de un delito y sin haber intervenido en el mismo como autor o cómplice, interviniere con posterioridad a su ejecución, de alguno de los modos siguientes:
A) Auxiliando a los autores o cómplices para que se beneficien del provecho, producto o precio del delito, con ánimo de lucro propio.
B) Ocultando, alterando o inutilizando el cuerpo, los efectos o los instrumentos de un delito, para impedir su descubrimiento.
C) Ayudando a los presuntos responsables de un delito a eludir la investigación de la autoridad o de sus agentes, o a sustraerse a su busca o captura, siempre que el hecho encubierto sea constitutivo de los delitos contenidos en el apartado 3º a) del citado artículo 451.
D) Ayudando a los presuntos responsables de un delito a eludir la investigación de la autoridad o de sus agentes, o a sustraerse a su busca o captura, siempre que el favorecedor haya obrado con abuso de funciones públicas.
Correcta: A)
ART. 451 CP. Será castigado con la pena de prisión de seis meses a tres años el que, con conocimiento de la comisión de un delito y sin haber intervenido en el mismo como autor o cómplice, interviniere con posterioridad a su ejecución, de alguno de los modos siguientes:
1.º Auxiliando a los autores o cómplices para que se beneficien del provecho, producto o precio del delito, sin ánimo de lucro propio.
2.º Ocultando, alterando o inutilizando el cuerpo, los efectos o los instrumentos de un delito, para impedir su descubrimiento.
3.º Ayudando a los presuntos responsables de un delito a eludir la investigación de la autoridad o de sus agentes, o a sustraerse a su busca o captura, siempre que concurra alguna de las circunstancias siguientes:[…].
37. Señale la respuesta INCORRECTA. La Ley de Enjuiciamiento Criminal admite la denominada prueba preconstituida cuando:
A) Haya inminente peligro de muerte del testigo.
B) Cualquier persona menor de dieciocho años deba intervenir en condición de testigo en un procedimiento judicial que tenga por objeto la instrucción de un delito de organizaciones criminales, debiendo el Juez ordenarla en todo caso.
C) Cualquier persona menor de catorce años deba intervenir en condición de testigo en un procedimiento judicial que tenga por objeto la instrucción de un delito de organizaciones criminales, debiendo el Juez ordenarla en todo caso.
D) El testigo manifestare la imposibilidad de concurrir cuando se le cite para ello por haber de ausentarse del territorio nacional.
Correcta: B)
ART. 449 TER LECRIM. Cuando una persona menor de catorce años o una persona con discapacidad necesitada de especial protección deba intervenir en condición de testigo en un procedimiento judicial que tenga por objeto la instrucción de un delito de homicidio, lesiones, contra la libertad, contra la integridad moral, trata de seres humanos, contra la libertad e indemnidad sexuales, contra la intimidad, contra las relaciones familiares, relativos al ejercicio de derechos fundamentales y libertades públicas, de organizaciones y grupos criminales y terroristas y de terrorismo, la autoridad judicial acordará, en todo caso, practicar la audiencia del menor como prueba preconstituida, con todas las garantías de la práctica de prueba en el juicio oral y de conformidad con lo establecido en el artículo anterior. Este proceso se realizará con todas las garantías de accesibilidad y apoyos necesarios.[…]
38. A tenor del artículo 16.7 del Convenio sobre traslado de personas condenadas, hecho en Estrasburgo el 21 de marzo de 1983, cuando un/a condenado/a sea trasladado/a del Estado de condena al de cumplimiento y deba transitar por un tercero, se deberá cursar a éste una petición para dicho tránsito:
A) Salvo si se hace por vía aérea y no se prevea aterrizaje alguno.
B) Siempre.
C) Salvo si se hace por vía marítima y, aunque arribe a puerto, el/la condenado/a no sea desembarcado/a.
D) Sólo en los casos en los que el Estado de paso lo haya requerido en su ratificación del Convenio.
Correcta: A)
ART. 16. 7 del Convenio sobre traslado de personas condenadas, hecho en Estrasburgo el 21 de marzo de 1983. No será necesaria ninguna petición de tránsito si se utilizare el transporte aéreo volando sobre el territorio de una Parte y no se previere aterrizaje alguno. Sin embargo, cada Estado podrá exigir mediante una declaración dirigida al Secretario general del Consejo de Europa en el momento de la firma o del depósito de su instrumento de ratificación, aceptación, aprobación o adhesión que se le notifique cualquier tránsito sobre su territorio.
39. La Ley Orgánica 6/1984, de 24 de mayo, reguladora del procedimiento de “Habeas Corpus” dimana, según se expone en su preámbulo, del artículo 17.4 de:
A) La Declaración Universal de los derechos del hombre y del ciudadano de 1789.
B) La Constitución de 1978.
C) La Constitución de 1812.
D) El Estatuto de Bayona.
Correcta: B)
PREÁMBULO LO 6/1984. El «Habeas Corpus» ha demostrado históricamente su funcionalidad para proteger la libertad de los ciudadanos. De ahí que la Constitución, en el núm. 4 art. 17, recoja esta institución y obligue al legislador a regularla, completando, de esta forma, el complejo y acabado sistema de protección de la libertad personal diseñado por nuestra norma fundamental. La regulación del «Habeas Corpus» es, por consiguiente, un mandato constitucional y un compromiso de los poderes públicos ante los ciudadanos.
40. Según Labrador Encinas (2008), el proceso por el que se reduce o elimina una conducta mediante la desaparición contingente de un estímulo agradable para el sujeto se denomina:
A) Reforzamiento negativo.
B) Castigo negativo.
C) Reforzamiento positivo.
D) Extinción.
Correcta: B)
Hablamos de castigo a los estímulos que DISMINUYEN LA PROBABILIDAD DE EJECUCIÓN DE LA CONDUCTA. Nos referimos a un CASTIGO POSITIVO, cuando añadimos un ESTÍMULO AVERSIVO que disminuirá la frecuencia de la conducta; por ejemplo, el sonido altamente molesto que emite una “alarma urinaria” y que utilizamos para disminuir las conductas enuréticas. Cuando lo que hacemos es RETIRAR un ESTÍMULO REFORZADOR, nos referimos al castigo negativo o costo de respuesta, y también conseguirá disminuir la frecuencia de emisión de la conducta. Por ejemplo, quitar un privilegio, como jugar un rato con la videoconsola si el niño no ha terminado sus deberes. La técnica de la Extinción se basa en este mismo principio, ya que consiste en retirar un estímulo reforzador continuado (lo veremos más adelante).
41. Existe una Dirección Insular de la Administración General del Estado en:
A) Las Palmas de Gran Canaria.
B) Palma de Mallorca.
C) Santa Cruz de la Palma.
D) Santa Cruz de Tenerife.
Correcta: C)
ART. 6 RD 617/1997.
1. Existirá un Director insular de la Administración General del Estado, con el nivel que se determine en cada caso en la relación de puestos de trabajo, en las islas de Menorca, Ibiza-Formentera, Lanzarote, Fuerteventura, La Palma, El Hierro y La Gomera. El ámbito territorial de las Direcciones Insulares de Menorca, Ibiza-Formentera, Lanzarote y Fuerteventura comprende el de las demás islas agregadas administrativamente a cada una de ellas.
2. Los Directores insulares dependerán jerárquicamente del Delegado del Gobierno en la Comunidad Autónoma o del Subdelegado del Gobierno en la provincia cuando este cargo exista.
42. Señale la respuesta INCORRECTA. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 14.1 del Real Decreto 365/1995, de 10 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de Situaciones Administrativas de los Funcionarios Civiles de la Administración General del Estado, que regula la excedencia para el cuidado de hijos/as:
A) Los/as funcionarios/as tendrán derecho a un periodo de excedencia para atender al cuidado de cada hijo/a, tanto cuando lo sean por naturaleza como por adopción.
B) Cuando ambos progenitores trabajen, sólo uno de ellos podrá ejercitar este derecho.
C) La excedencia deberá solicitarse en cualquier momento anterior a la fecha del nacimiento o resolución judicial de adopción, teniendo, en todo caso, una duración máxima de tres años desde la fecha del nacimiento.
D) Cada hijo/a dará derecho a un nuevo periodo de excedencia que, en su caso, pondrá fin al que se viniera disfrutando.
Correcta: C)
ART. 14 RD 365/1995.
1. Los funcionarios tendrán derecho a un período de excedencia para atender al cuidado de cada hijo, tanto cuando lo sea por naturaleza como por adopción. Cuando el padre y la madre trabajen, sólo uno de ellos podrá ejercitar este derecho.
La excedencia podrá solicitarse en cualquier momento posterior a la fecha del nacimiento o resolución judicial de adopción, teniendo, en todo caso, una duración máxima de tres años desde la fecha del nacimiento.
La concesión de esta excedencia se hará previa declaración del peticionario de que no desempeña actividad que pueda impedir o menoscabar el cuidado personal del hijo menor.
Cada sucesivo hijo dará derecho a un nuevo período de excedencia que, en su caso, pondrá fin al que se viniera disfrutando.
2. Los funcionarios en esta situación tendrán derecho a la reserva del puesto de trabajo y a su cómputo a efectos de trienios, consolidación de grado personal, derechos pasivos y solicitud de excedencia voluntaria por interés particular, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley que regula esta figura.
3. Si antes de la finalización del período de excedencia por cuidado de hijos no solicita el reingreso al servicio activo, el funcionario será declarado de oficio en la situación de excedencia voluntaria por interés particular.
4. A efectos de lo dispuesto en este artículo, el acogimiento de menores producirá los mismos efectos que la adopción durante el tiempo de duración del mismo.
43. Según el artículo 29.4 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público (en adelante Ley de Contratos del Sector Público), el plazo máximo de duración para los contratos de suministros y servicios de prestación sucesiva, será de:
A) Cinco años, incluyendo las posibles prórrogas.
B) Dos años, incluyendo las posibles prórrogas.
C) Tres años y una prórroga de un año más.
D) Cuatro años, incluyendo las posibles prórrogas.
Correcta: A)
ART. 29.4 LCSP. Los contratos de suministros y de servicios de prestación sucesiva tendrán un plazo máximo de duración de cinco años, incluyendo las posibles prórrogas que en aplicación del apartado segundo de este artículo acuerde el órgano de contratación, respetando las condiciones y límites establecidos en las respectivas normas presupuestarias que sean aplicables al ente contratante.
Excepcionalmente, en los contratos de suministros y de servicios se podrá establecer un plazo de duración superior al establecido en el párrafo anterior, cuando lo exija el período de recuperación de las inversiones directamente relacionadas con el contrato y estas no sean susceptibles de utilizarse en el resto de la actividad productiva del contratista o su utilización fuera antieconómica, siempre que la amortización de dichas inversiones sea un coste relevante en la prestación del suministro o servicio, circunstancias que deberán ser justificadas en el expediente de contratación con indicación de las inversiones a las que se refiera y de su período de recuperación. El concepto de coste relevante en la prestación del suministro o servicio será objeto de desarrollo reglamentario. […]
44. Conforme al artículo 6 de la Ley 45/2015 de 14 de octubre, de Voluntariado (en adelante Ley de Voluntariado), el voluntariado que forma y sensibiliza en los principios y valores de la acción voluntaria mediante el desarrollo de actividades en el ámbito de la educación no formal, que fomenten el desarrollo, crecimiento personal y grupal de forma integral, impulsando habilidades, competencias, aptitudes y actitudes en las personas, que favorezcan la solidaridad y la inclusión, y logren el compromiso, la participación y la implicación social, se refiere al ámbito de actuación:
A) Del voluntariado ambiental.
B) De los voluntariados educativos y comunitarios.
C) Del voluntariado de ocio y tiempo libre.
D) De los voluntariados culturales y deportivos.
Correcta: C)
ART. 6 LEY 45/2015. 1. Se consideran ámbitos de actuación del voluntariado, entre otros, los siguientes: […] h) Voluntariado de ocio y tiempo libre, que forma y sensibiliza en los principios y valores de la acción voluntaria mediante el desarrollo de actividades en el ámbito de la educación no formal, que fomenten el desarrollo, crecimiento personal y grupal de forma integral, impulsando habilidades, competencias, aptitudes y actitudes en las personas, que favorezcan la solidaridad y la inclusión, y logren el compromiso, la participación y la implicación social.
45. Según el artículo 99 del Código Penal, en el caso de concurrencia de penas y medidas de seguridad privativas de libertad, el Juez o Tribunal:
A) Ordenará el cumplimiento de la medida, que se abonará para el de la pena.
B) Ordenará el cumplimiento de la pena, que se abonará para el de la medida.
C) Ordenará el cumplimiento, en primer lugar, de la sanción penal de mayor duración y cumplida ésta, se continuará con la de menor duración.
D) Una vez cumplida la pena podrá suspender el cumplimiento de la medida de seguridad, por un plazo no superior a la duración de la misma.
Correcta: A)
RT. 99 CP. En el caso de concurrencia de penas y medidas de seguridad privativas de libertad, el juez o tribunal ordenará el cumplimiento de la medida, que se abonará para el de la pena. Una vez alzada la medida de seguridad, el juez o tribunal podrá, si con la ejecución de la pena se pusieran en peligro los efectos conseguidos a través de aquélla, suspender el cumplimiento del resto de la pena por un plazo no superior a la duración de la misma, o aplicar alguna de las medidas previstas en el artículo 96.3.
46. Señale la respuesta INCORRECTA. Según el artículo 180 del Código Penal, será un tipo agravado de los delitos de agresión sexual:
A) Cuando la víctima sea o haya sido esposa del responsable del delito.
B) Cuando la agresión sexual vaya acompañada de violencia de extrema gravedad.
C) Cuando para cometer la agresión el responsable, sin querer anular la voluntad de la víctima, le facilite fármacos o drogas.
D) Cuando el responsable de la agresión se hubiera prevalido de parentesco o relación de superioridad con respecto a la víctima.
Correcta: C)
ART. 180 CP. Las anteriores conductas serán castigadas, respectivamente, con las penas de prisión de dos a ocho años para las agresiones del artículo 178.1, de prisión de cinco a diez años para las agresiones del artículo 178.3, de prisión de siete a quince años para las agresiones del artículo 179.1 y de prisión de doce a quince años para las del artículo 179.2, cuando concurra alguna de las siguientes circunstancias: […] 7.ª Cuando para la comisión de estos hechos la persona responsable haya anulado la voluntad de la víctima suministrándole fármacos, drogas o cualquier otra sustancia natural o química idónea a tal efecto.
47. Según la vigente normativa en materia de contratación en el ámbito del sector público, cuál de los contratos que se enumeran a continuación estará sujeto a regulación armonizada cuando su valor estimado sea igual o superior a 143.000 euros:
A) Contrato de obras, cuando se trate de contratos adjudicados por la Administración General del Estado, sus Organismos Autónomos o las Entidades Gestoras y Servicios Comunes de la Seguridad Social.
B) Contrato de suministros, cuando se trate de contratos adjudicados por la Administración General del Estado, sus Organismos Autónomos o las Entidades Gestoras y Servicios Comunes de la Seguridad Social.
C) Contrato de concesión de obras, cuando se trate de contratos adjudicados por la Administración General del Estado, sus Organismos Autónomos o las Entidades Gestoras y Servicios Comunes de la Seguridad Social.
D) Contrato de concesión de servicios, cuando se trate de contratos adjudicados por la Administración General del Estado, sus Organismos Autónomos o las Entidades Gestoras y Servicios Comunes de la Seguridad Social.
Correcta: B)
ART. 21 LCSP. 1. Están sujetos a regulación armonizada los contratos de suministro cuyo valor estimado sea igual o superior a las siguientes cantidades:
a) 143.000 euros, cuando se trate de contratos adjudicados por la Administración General del Estado, sus Organismos Autónomos, o las Entidades Gestoras y Servicios Comunes de la Seguridad Social. No obstante, cuando los contratos se adjudiquen por órganos de contratación que pertenezcan al sector de la defensa, este umbral solo se aplicará respecto de los contratos de suministro que tengan por objeto los productos enumerados en el anexo II.
b) 221.000 euros, cuando se trate de contratos de suministro distintos, por razón del sujeto contratante o por razón de su objeto, de los contemplados en la letra anterior.
48. Según el artículo 26.2 de la Ley de Transparencia, actuar con la diligencia debida en el cumplimiento de sus obligaciones y fomentar la calidad en la prestación de los servicios públicos es:
A) Un principio de actuación.
B) Un principio específico.
C) Un principio de conducta.
D) Un principio general.
Correcta: D)
ART. 26. 2 LEY TRANSPARENCIA. Asimismo, adecuarán su actividad a los siguientes:
a) Principios generales:
1.º Actuarán con transparencia en la gestión de los asuntos públicos, de acuerdo con los principios de eficacia, economía y eficiencia y con el objetivo de satisfacer el interés general.
2.º Ejercerán sus funciones con dedicación al servicio público, absteniéndose de cualquier conducta que sea contraria a estos principios.
3.º Respetarán el principio de imparcialidad, de modo que mantengan un criterio independiente y ajeno a todo interés particular.
4.º Asegurarán un trato igual y sin discriminaciones de ningún tipo en el ejercicio de sus funciones.
5.º Actuarán con la diligencia debida en el cumplimiento de sus obligaciones y fomentarán la calidad en la prestación de servicios públicos.
6.º Mantendrán una conducta digna y tratarán a los ciudadanos con esmerada corrección.
7.º Asumirán la responsabilidad de las decisiones y actuaciones propias y de los organismos que dirigen, sin perjuicio de otras que fueran exigibles legalmente.
49. Según el Código Penal, los delitos prescriben:
A) A los quince años, cuando la pena máxima señalada por la ley sea inhabilitación por más de diez años o prisión por más de quince años.
B) A los quince años, cuando la pena máxima señalada por la ley sea inhabilitación por más de cinco años y menos de diez años, o prisión por más de quince años.
C) A los diez años, cuando la pena máxima señalada por la ley sea prisión o inhabilitación por más de cinco años y que no exceda de diez.
D) A los tres años, los demás delitos, excepto los delitos leves y los delitos de injurias y calumnias, que prescriben al año.
Correcta: C)
ART. 131. 1 CP. Los delitos prescriben:
A los veinte años, cuando la pena máxima señalada al delito sea prisión de quince o más años.
A los quince, cuando la pena máxima señalada por la ley sea inhabilitación por más de diez años, o prisión por más de diez y menos de quince años.
A los diez, cuando la pena máxima señalada por la ley sea prisión o inhabilitación por más de cinco años y que no exceda de diez.
A los cinco, los demás delitos, excepto los delitos leves y los delitos de injurias y calumnias, que prescriben al año.
50. Cuando, en el momento de preparación del juicio oral, las acusaciones pública y privada solicitan el sobreseimiento provisional al no haber en apariencia motivos suficientes para acusar a determinada o determinadas personas como autores, cómplices o encubridores, lo acordará el Juez necesariamente:
A) Siempre, en virtud del principio acusatorio.
B) Salvo que la víctima, aún sin ser parte, lo solicite.
C) Salvo que la acusación popular lo solicite, en virtud del artículo 300 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal
D) Salvo si procediera aplicar una medida de seguridad en virtud del artículo 20 del Código Penal.
Correcta: D)
En el momento de preparación del juicio oral, las acusaciones pública y privada solicitan el sobreseimiento provisional al no haber en apariencia motivos suficientes para acusar a determinada o determinadas personas como autores, cómplices o encubridores, lo acordará el Juez necesariamente salvo si procediera aplicar una medida de seguridad en virtud del artículo 20 del Código Penal.
51. Señale la respuesta INCORRECTA. Son medidas de seguridad no privativas de libertad:
A) La expulsión del territorio nacional de extranjeros no residentes legalmente en España.
B) La privación del derecho a conducir vehículos a motor y ciclomotores.
C) La privación del derecho a la tenencia y porte de armas.
D) La localización permanente.
Correcta: D)
ART. 96 CP. 1. Las medidas de seguridad que se pueden imponer con arreglo a este Código son privativas y no privativas de libertad.
2. Son medidas privativas de libertad:
1.ª) El internamiento en centro psiquiátrico.
2.ª) El internamiento en centro de deshabituación.
3.ª) El internamiento en centro educativo especial.
3. Son medidas no privativas de libertad:
1.ª) La inhabilitación profesional.
2.ª) La expulsión del territorio nacional de extranjeros no residentes legalmente en España.
3.ª) La libertad vigilada
4.ª) La custodia familiar. El sometido a esta medida quedará sujeto al cuidado y vigilancia del familiar que se designe y que acepte la custodia, quien la ejercerá en relación con el Juez de Vigilancia Penitenciaria y sin menoscabo de las actividades escolares o laborales del custodiado.
5.ª) La privación del derecho a conducir vehículos a motor y ciclomotores.
6.ª) La privación del derecho a la tenencia y porte de armas.
52. Señale la respuesta INCORRECTA. Según el artículo 23 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, es causa de abstención en un procedimiento administrativo:
A) Haber intervenido como perito en el procedimiento.
B) Tener parentesco por afinidad dentro del segundo grado con la persona interesada.
C) Tener relación de servicio con persona, natural o jurídica, interesada indirectamente en el asunto.
D) Haber prestado, en los dos últimos años, servicios profesionales de cualquier tipo a persona directamente interesada en el asunto.
Correcta: C)
ART. 23. 2 LRJSP. Son motivos de abstención los siguientes:
a) Tener interés personal en el asunto de que se trate o en otro en cuya resolución pudiera influir la de aquél; ser administrador de sociedad o entidad interesada, o tener cuestión litigiosa pendiente con algún interesado.
b) Tener un vínculo matrimonial o situación de hecho asimilable y el parentesco de consanguinidad dentro del cuarto grado o de afinidad dentro del segundo, con cualquiera de los interesados, con los administradores de entidades o sociedades interesadas y también con los asesores, representantes legales o mandatarios que intervengan en el procedimiento, así como compartir despacho profesional o estar asociado con éstos para el asesoramiento, la representación o el mandato.
c) Tener amistad íntima o enemistad manifiesta con alguna de las personas mencionadas en el apartado anterior.
d) Haber intervenido como perito o como testigo en el procedimiento de que se trate.
e) Tener relación de servicio con persona natural o jurídica interesada directamente en el asunto, o haberle prestado en los dos últimos años servicios profesionales de cualquier tipo y en cualquier circunstancia o lugar.
53. El Reglamento Penitenciario de 1981 regula las Unidades de Servicio de ingresos y salidas en el artículo:
A) Artículo 317.
B) Artículo 318.
C) Artículo 320.
D) Artículo 319.
Correcta: D)
Unidades de servicio en ingresos y salidas. ART. 319 RP 1981.
54. Señale la respuesta INCORRECTA. La regulación de la Ley de Contratos del Sector Público establece, respecto de los contratos menores, que:
A) Se consideran contratos menores los contratos con un valor estimado inferior a 40.000 euros en contratos de obras.
B) Se consideran contratos menores los contratos de suministros o de servicios con un valor estimado de 15.000 euros, excluido el IVA.
C) Los contratos menores podrán adjudicarse directamente a cualquier empresario con capacidad de obrar y que cuente con la habilitación necesaria para realizar la prestación.
D) Los contratos menores no podrán adjudicarse directamente a cualquier empresario con capacidad de obrar y que cuente con la habilitación necesaria para realizar la prestación.
Correcta: D)
ART. 11 LCSP. 1. Se consideran contratos menores los contratos de valor estimado inferior a 40.000 euros, cuando se trate de contratos de obras, o a 15.000 euros, cuando se trate de contratos de suministro o de servicios, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 229 en relación con las obras, servicios y suministros centralizados en el ámbito estatal.
En los contratos menores la tramitación del expediente exigirá la emisión de un informe del órgano de contratación justificando de manera motivada la necesidad del contrato y que no se está alterando su objeto con el fin de evitar la aplicación de los umbrales descritos en el apartado anterior.
Asimismo se requerirá la aprobación del gasto y la incorporación al mismo de la factura correspondiente, que deberá reunir los requisitos que las normas de desarrollo de esta Ley establezcan.
En el contrato menor de obras, deberá añadirse, además, el presupuesto de las obras, sin perjuicio de que deba existir el correspondiente proyecto cuando sea requerido por las disposiciones vigentes. Deberá igualmente solicitarse el informe de las oficinas o unidades de supervisión a que se refiere el artículo 235 cuando el trabajo afecte a la estabilidad, seguridad o estanqueidad de la obra.
Lo dispuesto en el apartado 2.º de este artículo no será de aplicación en aquellos contratos cuyo pago se verifique a través del sistema de anticipos de caja fija u otro similar para realizar pagos menores, siempre y cuando el valor estimado del contrato no exceda de 5.000 euros.
Los contratos menores se publicarán en la forma prevista en el artículo 63.4.
55. Según los artículos 17 y 18 del Código Penal:
A) Si a la proposición para cometer un delito hubiese seguido la perpetración del mismo, se castigará como inducción.
B) La conspiración existe cuando dos o más personas se conciertan para la ejecución de un delito y resuelven ejecutarlo.
C) La provocación existe cuando el que ha resuelto cometer un delito invita a otra u otras personas a participar en él.
D) La apología sólo será delictiva como forma de conspiración y si por su naturaleza y circunstancias constituye una incitación directa a cometer un delito.
Correcta: B)
ART. 17 CP. 1. La conspiración existe cuando dos o más personas se conciertan para la ejecución de un delito y resuelven ejecutarlo.
1. La proposición existe cuando el que ha resuelto cometer un delito invita a otra u otras personas a participar en él.
2. La conspiración y la proposición para delinquir sólo se castigarán en los casos especialmente previstos en la ley.
ART. 18 CP. 1. La provocación existe cuando directamente se incita por medio de la imprenta, la radiodifusión o cualquier otro medio de eficacia semejante, que facilite la publicidad, o ante una concurrencia de personas, a la perpetración de un delito.
Es apología, a los efectos de este Código, la exposición, ante una concurrencia de personas o por cualquier medio de difusión, de ideas o doctrinas que ensalcen el crimen o enaltezcan a su autor. La apología sólo será delictiva como forma de provocación y si por su naturaleza y circunstancias constituye una incitación directa a cometer un delito.
2. La provocación se castigará exclusivamente en los casos en que la Ley así lo prevea.
Si a la provocación hubiese seguido la perpetración del delito, se castigará como inducción.
56. Conforme a lo dispuesto en el artículo 33 del Código Penal, es una pena menos grave:
A) La prohibición de comunicarse con la víctima o con aquellos de sus familiares u otras personas que determine el Juez o Tribunal, por tiempo de seis meses.
B) La suspensión de empleo o cargo público durante seis años.
C) La inhabilitación especial para el ejercicio de profesión, oficio o comercio que tenga relación con los animales y para la tenencia de animales durante un año.
D) La privación del derecho a conducir vehículos a motor y ciclomotores durante nueve meses.
Correcta: A)
ART. 33. 3 CP. Son penas menos graves:
a) La prisión de tres meses hasta cinco años.
b) Las inhabilitaciones especiales hasta cinco años.
c) La suspensión de empleo o cargo público hasta cinco años.
d) La privación del derecho a conducir vehículos a motor y ciclomotores de un año y un día a ocho años.
e) La privación del derecho a la tenencia y porte de armas de un año y un día a ocho años.
f) Inhabilitación especial para el ejercicio de profesión, oficio o comercio que tenga relación con los animales y para la tenencia de animales de un año y un día a cinco años.
g) La privación del derecho a residir en determinados lugares o acudir a ellos, por tiempo de seis meses a cinco años.
h) La prohibición de aproximarse a la víctima o a aquellos de sus familiares u otras personas que determine el juez o tribunal, por tiempo de seis meses a cinco años.
i) La prohibición de comunicarse con la víctima o con aquellos de sus familiares u otras personas que determine el juez o tribunal, por tiempo de seis meses a cinco años.
j) La multa de más de tres meses.
k) La multa proporcional, cualquiera que fuese su cuantía, salvo lo dispuesto en el apartado 7 de este artículo.
l) Los trabajos en beneficio de la comunidad de treinta y un días a un año.
57. El artículo 15 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, determina qué Jueces y Tribunales serán competentes para conocer de la causa o juicio cuando no conste el lugar en que se haya cometido una falta o delito, enumerando, del 1 al 4, los criterios por lo que se podrá atribuir el conocimiento. Si se suscitase competencia entre estos Jueces o Tribunales, se decidirá dando la preferencia por:
A) El lugar de residencia del reo presunto.
B) El del partido donde se hayan descubierto pruebas materiales del delito o en el lugar donde se hubiese tenido noticia del mismo, indistintamente.
C) El orden con que están expresados en el propio artículo.
D) El del lugar donde se hubiese tenido noticia del delito.
Correcta: C)
ART. 15 LECRIM. Cuando no conste el lugar en que se haya cometido una falta o delito, serán Jueces y Tribunales competentes en su caso para conocer de la causa o juicio:
1.º El del término municipal, partido o circunscripción en que se hayan descubierto pruebas materiales del delito.
2.º El del término municipal, partido o circunscripción en que el presunto reo haya sido aprehendido.
3.º El de la residencia del reo presunto.
4.º Cualquiera que hubiese tenido noticia del delito.
Si se suscitase competencia entre estos Jueces o Tribunales, se decidirá dando la preferencia por el orden con que están expresados en los números que preceden.
Tan luego como conste el lugar en que se hubiese cometido el delito, el Juez o Tribunal que estuviere conociendo de la causa acordará la inhibición en favor del competente, poniendo en su caso los detenidos a disposición del mismo y acordando remitir, en la misma resolución las diligencias y efectos ocupados.
58. Señale la respuesta INCORRECTA. Los medios coercitivos establecidos en el artículo 72 del Reglamento Penitenciario:
A) Serán depositados en aquel lugar o lugares que la Subdirección de Seguridad entienda idóneos.
B) Su cuantía y estado se reflejarán en libro oficial.
C) La utilización de los medios coercitivos será previamente autorizada por la Dirección, salvo que razones de urgencia no lo permitan, en cuyo caso se pondrá en su conocimiento inmediatamente.
D) Cuando se aplique la medida de aislamiento provisional, el/la interno/a será visitado diariamente por el/la médico/a.
Correcta: A)
ART. 72. 4 RP. Los medios materiales coercitivos serán depositados en aquel lugar o lugares que el Director entienda idóneos, y su cuantía y estado se reflejará en libro oficial.
59. El artículo 128 del Reglamento Penitenciario establece que:
A) La limitación de libros, periódicos y revistas de libre circulación en el exterior, requerirá resolución previa del Juzgado de Vigilancia Penitenciaria.
B) Las publicaciones que hayan sido editadas en el propio centro penitenciario han de disponer de depósito legal o pie de imprenta.
C) No se autorizará la tenencia en el interior de los establecimientos, de publicaciones que carezcan de depósito legal o pie de imprenta si no existe solicitud motivada del/la interno/a.
D) Cuando le sea retirada a algún/a interno/a una publicación no autorizada, la resolución que se adopte se notificará al/la interno/a y se comunicará al/la Juez/a de Vigilancia Penitenciaria.
Correcta: D)
ART. 128. 2 RP. En todo caso, no se autorizará la tenencia en el interior de los Establecimientos, de publicaciones que carezcan de depósito legal o pie de imprenta, con excepción de las editadas en el propio Centro penitenciario, así como las que atenten contra la seguridad y buen orden del Establecimiento. Cuando, como consecuencia de dicha prohibición, le sea retirada a algún interno una publicación no autorizada, la resolución que se adopte se notificará al interno y se comunicará al Juez de Vigilancia.
60. Para acordar la remisión de la pena suspendida a penados/as que hubiesen cometido el hecho delictivo a causa de su dependencia al alcohol, sustancias tóxicas, estupefacientes, sustancias psicotrópicas u otras que produzcan efectos análogos, deberá acreditarse:
A) Compromiso escrito del/la penado/a de no consumir dichas sustancias por un periodo no inferior a dos años.
B) La deshabituación del sujeto o la continuidad del tratamiento.
C) Haber estado el/a interno/a en una Unidad Terapéutica Educativa.
D) La primariedad delictiva del/la penado/a
Correcta: B)
ART. 87. 2 CP. 2. No obstante, para acordar la remisión de la pena que hubiera sido suspendida conforme al apartado 5 del artículo 80, deberá acreditarse la deshabituación del sujeto o la continuidad del tratamiento. De lo contrario, el juez o tribunal ordenará su cumplimiento, salvo que, oídos los informes correspondientes, estime necesaria la continuación del tratamiento; en tal caso podrá conceder razonadamente una prórroga del plazo de suspensión por tiempo no superior a dos años.
61. Señale la respuesta INCORRECTA. Conforme a la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, (en adelante LOPJ), está legitimado/a para interponer recurso de apelación contra las resoluciones del/la Juez/a Central de Vigilancia Penitenciaria:
A) La Secretaria General de Instituciones Penitenciarias.
B) El/la interno/a.
C) El Ministerio Fiscal.
D) El/la liberado/a condicional.
Correcta: A)
DA 5 LOPJ. 6. Cuando quien haya dictado la resolución recurrida sea un Juzgado Central de Vigilancia Penitenciaria, tanto en materia de ejecución de penas como de régimen penitenciario y demás materias, la competencia para conocer del recurso de apelación y queja, siempre que no se haya dictado resolviendo un recurso de apelación contra resolución administrativa, corresponderá a la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional.
62. Según establece el artículo 92 del Reglamento Penitenciario, la asignación de las modalidades de vida de régimen cerrado:
A) Será remitida al Juzgado de Vigilancia Penitenciaria para su aprobación, cuando el/la interno/a sea menor de 21 años y supere los tres meses de vida en el mismo régimen.
B) Será revisada en el plazo máximo de seis meses y notificada al/la interno/a y al Juzgado de Vigilancia Penitenciaria.
C) Será acordada por la Junta de Tratamiento, previo informe del Equipo Técnico y autorizada por el Centro Directivo.
D) Será remitida al Juzgado de Vigilancia Penitenciaria para su aprobación, cuando el/la interno/a sea menor de 25 años y supere los seis meses de vida en el mismo régimen.
Correcta: C)
ART. 92.1 RP. La asignación de las modalidades de vida previstas en el artículo anterior será acordada por la Junta de Tratamiento, previo informe del Equipo Técnico, y será autorizada por el Centro Directivo.
63. En cumplimiento de la normativa aplicable en esta materia, la coordinación y supervisión de la política de protección de datos del Ministerio del Interior, corresponde a:
A) La Oficialía Mayor.
B) La Subdirección General de Innovación, Calidad e Inspección de los Servicios.
C) La Secretaría de Estado de Seguridad.
D) La Subdirección General de Recursos Humanos e Inspección.
Correcta: B)
ART. 8. 7 RD 734/2020. e) La Subdirección General de Innovación, Calidad e Inspección de los Servicios, a la que corresponde el ejercicio de las funciones enumeradas en los párrafos k), l), u) y v) del apartado 3: k) El establecimiento de los programas de inspección de los servicios del Ministerio, así como la determinación de las actuaciones precisas para la mejora de los sistemas de planificación, dirección y organización y para la racionalización y simplificación de los procedimientos y métodos de trabajo. La inspección de los servicios, del personal, y la evaluación de su calidad y rendimiento, así como la instrucción y propuesta de resolución de los expedientes disciplinarios y, en general, las previstas en el Real Decreto 799/2005, de 1 de julio, por el que se regulan las inspecciones generales de servicios de los departamentos ministeriales, sin perjuicio de las funciones atribuidas a otros órganos del Departamento. l) La coordinación y seguimiento global de los programas de calidad del Departamento, así como la tramitación de los expedientes sobre autorizaciones o reconocimiento de compatibilidad. u) La coordinación y la supervisión de la política de protección de datos en cumplimiento de la normativa aplicable en esta materia en el ámbito de las competencias del Departamento. v) La coordinación de las actividades vinculadas con las evaluaciones de las políticas públicas de la competencia del Departamento en apoyo del Instituto para la Evaluación de Políticas Públicas del Ministerio de Política Territorial y Función Pública, de acuerdo con el plan de evaluaciones de políticas públicas que apruebe el Consejo de Ministros.
64. Señale la respuesta INCORRECTA. El artículo tercero de la Ley 36/1977, de 23 de mayo, de Ordenación de los Cuerpos Especiales Penitenciarios y de Creación del Cuerpo de Ayudantes de Instituciones Penitenciarias, recoge expresamente como funciones del Cuerpo de Ayudantes de Instituciones Penitenciarias:
A) Velar por la conducta y disciplina de los internos.
B) Vigilar el aseo y limpieza de la población reclusa y de los locales.
C) Conservar en todo momento en su poder las llaves de la Unidad de Servicio asignada.
D) Desarrollar las tareas administrativas de colaboración o trámite precisos.
Correcta: C)
ART. 3 LEY 36/1977. A los funcionarios del Cuerpo de Ayudantes de Instituciones Penitenciarias corresponde:
a) Realizar las tareas de vigilancia y custodia interior en los establecimientos.
b) Velar por la conducta y disciplina de los internos.
c) Vigilar el aseo y limpieza de la población reclusa y de los locales.
d) Aportar al Equipo de Observación y Juntas de Tratamiento los datos obtenidos por observación directa del comportamiento de los internos.
e) Participar en las tareas reeducadoras y de rehabilitación de los internos, materializando las orientaciones del Equipo de Observación o Juntas de Tratamiento.
f) Desarrollar las tareas administrativas de colaboración o trámite precisos.
g) Cumplir las instrucciones que reciban de sus Superiores y cualesquiera otras tareas que, en razón de su servicio especifico les sean encomendadas.
65. Según el artículo 48 del TREBEP, por accidente o enfermedad graves, hospitalización o intervención quirúrgica sin hospitalización que precise de reposo domiciliario del cónyuge, pareja de hecho o parientes hasta el primer grado por consanguinidad o afinidad, así como de cualquier otra persona distinta de las anteriores que conviva con el/la funcionario/a en el mismo domicilio y que requiera el cuidado efectivo de aquella, tendrá derecho a un permiso de:
A) Cinco días hábiles.
B) Tres días hábiles cuando el suceso se produzca en la misma localidad.
C) Tres días hábiles cuando el suceso sea en distinta localidad.
D) Cuatro días hábiles.
Correcta: A)
ART. 48 TREBEP. a) Por accidente o enfermedad graves, hospitalización o intervención quirúrgica sin hospitalización que precise de reposo domiciliario del cónyuge, pareja de hecho o parientes hasta el primer grado por consanguinidad o afinidad, así como de cualquier otra persona distinta de las anteriores que conviva con el funcionario o funcionaria en el mismo domicilio y que requiera el cuidado efectivo de aquella, cinco días hábiles.
66. Señale la respuesta INCORRECTA. En el supuesto de solicitud de rectificación de los datos de carácter personal que resulten inexactos o incompletos por parte del/la interno/a a la Administración Penitenciaria:
A) Se informará a la persona interesada en el plazo máximo de 2 meses desde su solicitud.
B) Se procederá a su rectificación conforme a la Ley Orgánica 3/2018 de 5 de diciembre, de protección de datos personales y garantía de los derechos digitales, en el plazo máximo de 15 días.
C) Se informará al/la cesionario/a o cesionarios/as, en el supuesto de que los datos incorrectos hubiesen sido objeto de cesión previa.
D) La rectificación de los datos se efectuará en el plazo de un mes.
Correcta: B)
ART. 23 LO 7/2021.
1. El interesado tendrá derecho a obtener del responsable del tratamiento, sin dilación indebida, la rectificación de los datos personales que le conciernen, cuando tales datos resulten inexactos.
Teniendo en cuenta los fines del tratamiento, el interesado tendrá derecho a que se completen los datos personales cuando estos resulten incompletos.
El interesado deberá indicar en su solicitud a qué datos se refiere y la corrección que haya de realizarse. Deberá acompañar, cuando sea preciso, la documentación justificativa del carácter incompleto o inexacto de los datos objeto de tratamiento.
2. El responsable del tratamiento, a iniciativa propia o como consecuencia del ejercicio del derecho de supresión del interesado, suprimirá los datos personales sin dilación indebida y, en todo caso, en el plazo máximo de un mes a contar desde que tenga conocimiento, cuando el tratamiento infrinja los artículos 6, 11 o 13, o cuando los datos personales deban ser suprimidos en virtud de una obligación legal a la que esté sujeto.
3. En lugar de proceder a la supresión, el responsable del tratamiento limitará el tratamiento de los datos personales cuando se dé alguna de las siguientes circunstancias:
a) El interesado ponga en duda la exactitud de los datos personales y no pueda determinarse su exactitud o inexactitud.
b) Los datos personales hayan de conservarse a efectos probatorios.
Cuando el tratamiento esté limitado en virtud de la letra a), el responsable del tratamiento informará al interesado antes de levantar la limitación del tratamiento.
4. En caso de que el responsable del tratamiento rectifique unos datos personales inexactos que provengan de otra autoridad competente, se deberá comunicar a esta la rectificación.
5. Cuando los datos personales hayan sido rectificados o suprimidos o el tratamiento haya sido limitado, el responsable del tratamiento lo notificará a los destinatarios, que deberán rectificar o suprimir los datos personales que estén bajo su responsabilidad o limitar su tratamiento.
67. Según el artículo 12.2 de la Ley Orgánica General Penitenciaria, los establecimientos penitenciarios NO deberán acoger, por unidad, a más de:
A) Doscientos cincuenta internos/as.
B) Trescientos internos/as.
C) Trescientos cincuenta internos/as.
D) Cuatrocientos internos/as.
Correcta: C)
ART. 12. 2 LOGP. Los establecimientos penitenciarios no deberán acoger más de trescientos cincuenta internos por unidad.
68. Según el artículo 7 del Real Decreto 782/2001, de 6 de julio, por el que se regula la relación laboral de carácter especial de los penados que realicen actividades laborales en talleres penitenciarios y la protección de Seguridad Social de los sometidos a penas de trabajo en beneficio de la comunidad (en adelante Real Decreto 782/2001, de 6 de julio), la relación laboral especial penitenciaria se formaliza con la inscripción del/la interno/a en el Libro de Matrícula. En el mismo NO se anotará obligatoriamente:
A) La incapacidad temporal de los/as internos/as trabajadores/as.
B) El alta efectiva en el puesto de trabajo.
C) La extinción de la relación laboral.
D) La suspensión por causa de traslado del/la interno/a a otro centro penitenciario por tiempo no superior a dos meses.
Correcta: A)
ART. 7 RD 782/2001.
1. La relación laboral especial penitenciaria se formalizará con la inscripción del interno en el correspondiente Libro de Matrícula, con efectos desde la fecha en que se produzca el alta efectiva en el puesto de trabajo. También se anotará en dicho Libro la extinción de la relación laboral, así como su suspensión por causa de traslado del interno a otro centro penitenciario por tiempo no superior a dos meses.
2. La duración de la relación laboral coincidirá con la de la obra o servicio que se le encomiende.
69. Señale la respuesta INCORRECTA. Según el artículo 129 del Reglamento Penitenciario, en relación con la disposición de ordenadores personales:
A) En todo caso se entenderá que existen sospechas de un mal uso del ordenador cuando el interno se niegue a mostrar la totalidad de los archivos del mismo.
B) El uso del ordenador y del material informático se regulará en las correspondientes normas de régimen interior y, en todo caso, quedará prohibido el uso de dispositivos externos de almacenamiento y la conexión a redes de comunicación.
C) Se exigirá que el/la interno/a presente una memoria justificativa de la necesidad avalada por el/la Profesor/a o Tutor/a.
D) El Consejo de Dirección podrá retirar la autorización concedida cuando existan fundadas sospechas de que se está haciendo un mal uso de la misma.
Correcta: B)
ART. 129 RP.
1. Cuando razones de carácter educativo o cultural lo hagan necesario o aconsejable para el desarrollo de los correspondientes programas formativos se podrá autorizar que el interno disponga de un ordenador personal. Con este fin, se exigirá que el interno presente una memoria justificativa de la necesidad avalada por el Profesor o Tutor.
2. El uso del ordenador y del material informático se regulará en las correspondientes normas de régimen interior, incluyendo el uso de dispositivos externos de almacenamiento de información y la conexión a redes de comunicación.
3. El Consejo de Dirección podrá retirar la autorización concedida cuando existan fundadas sospechas de que se está haciendo un mal uso de la misma o cuando la autorización no se corresponda con una necesidad real del interno. En todo caso se entenderá que existen sospechas de un mal uso del ordenador cuando el interno se niegue a mostrar el contenido de la totalidad de los archivos del mismo, previo requerimiento del Consejo de Dirección.
70. A tenor del artículo 72.5 del Reglamento Penitenciario, en los casos de graves alteraciones del orden con peligro inminente para las personas, el/la Director/a, con carácter provisional, podrá recabar el auxilio de las Fuerzas de Seguridad de guardia en el establecimiento, quienes, en caso de tener que utilizar armas de fuego:
A) Podrán usarlas a criterio del responsable de la Fuerza.
B) Lo harán por los mismos motivos que establece la legislación de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.
C) No podrán usarlas en ningún caso.
D) Sólo podrán usarlas con autorización expresa de la Secretaría de Estado de Seguridad.
Correcta: B)
ART. 72. 5 RP. En los casos de graves alteraciones del orden con peligro inminente para las personas o para las instalaciones, el Director con carácter provisional podrá recabar el auxilio de las Fuerzas de Seguridad de guardia en el Establecimiento, quienes en caso de tener que utilizar las armas de fuego lo harán por los mismos motivos y con las mismas limitaciones que establece la legislación de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, sin perjuicio de lo dispuesto en la disposición final primera de la Ley Orgánica General Penitenciaria.
71. La Constitución Española fue reformada, estableciendo que el Estado y las Comunidades Autónomas no podrán incurrir en un déficit estructural que supere los márgenes establecidos, en su caso, por la Unión Europea para sus Estados Miembros:
A) En el año 1992, modificándose también el artículo 13.2.
B) En el año 2011.
C) A los dos años de su promulgación.
D) En enero de 2024.
Correcta: B)
Reforma del artículo 135 de la Constitución Española, de 27 de septiembre de 2011. El Pacto de Estabilidad y Crecimiento tiene como finalidad prevenir la aparición de un déficit presupuestario excesivo en la zona euro, dando así confianza en la estabilidad económica de dicha zona y garantizando una convergencia sostenida y duradera de las economías de los Estados Miembros. La presente reforma del artículo 135 de la Constitución Española persigue, por tanto, garantizar el principio de estabilidad presupuestaria, vinculando a todas las Administraciones Públicas en su consecución, reforzar el compromiso de España con la Unión Europea y, al mismo tiempo, garantizar la sostenibilidad económica y social de nuestro país.
72. Según la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno, podrán celebrarse sesiones del Consejo de Ministros a distancia por medios electrónicos:
A) En cualquier situación, a solicitud de al menos un tercio de los miembros que lo integran.
B) Siempre que lo decida el/la Jefe/a del Ejecutivo y alguno/a de sus participantes no se encuentre en territorio español, debiendo quedar acreditada la identidad de los/as mismos/as.
C) Cuando lo decida el/la Jefe/a del Ejecutivo, en una situación excepcional, motivadamente, y todos/as sus participantes se encuentren en territorio español y quede acreditada su identidad.
D) Cuando alguno/a de sus participantes se encuentre en un viaje oficial fuera del territorio español.
Correcta: C)
DA 3 LG.
1. En situaciones excepcionales, y cuando la naturaleza de la crisis lo exija, el Presidente del Gobierno podrá decidir motivadamente que el Consejo de Ministros y las Comisiones Delegadas del Gobierno puedan celebrar sesiones, adoptar acuerdos y aprobar actas a distancia por medios electrónicos, siempre que los miembros participantes se encuentren en territorio español y quede acreditada su identidad. Asimismo, se deberá asegurar la comunicación entre ellos en tiempo real durante la sesión, disponiéndose los medios necesarios para garantizar el carácter secreto o reservado de sus deliberaciones.
2. A estos efectos, se consideran medios electrónicos válidos las audioconferencias y videoconferencias.
73. Señale la respuesta INCORRECTA. El modelo de asistencia sanitaria recogido en el Reglamento Penitenciario reconoce que:
A) A todos/as los/as internos/as, sin excepción, se les garantizará una atención médico-sanitaria equivalente a la dispensada al conjunto de la población.
B) La asistencia especializada se asegurará, preferentemente, a través del Sistema Nacional de Salud.
C) Los/as internos/as podrán solicitar a su costa servicios médicos privados de profesionales ajenos a Instituciones Penitenciarias.
D) Los/as internos/as sólo podrán acceder a los medios sanitarios propios de la Administración Penitenciaria o ajenos concertados por la misma.
Correcta: D)
ART. 208 RP.
1. A todos los internos sin excepción se les garantizará una atención médico-sanitaria equivalente a la dispensada al conjunto de la población. Tendrán igualmente derecho a la prestación farmacéutica y a las prestaciones complementarias básicas que se deriven de esta atención.
2. Las prestaciones sanitarias se garantizarán con medios propios o ajenos concertados por la Administración Penitenciaria competente y las Administraciones Sanitarias correspondientes.
74. Atendiendo al artículo 62.1 de la Ley 23/2014, de 20 de noviembre, de reconocimiento mutuo de resoluciones penales en la Unión Europea, cuando una persona haya sido entregada a España en virtud de una orden europea de detención y entrega, si es solicitada posteriormente su extradición por un Estado que no sea miembro de la Unión Europea:
A) No podrá otorgarse dicha extradición sin el consentimiento de la autoridad judicial de ejecución que acordó la entrega, a cuyo efecto el/la Ministro/a de Justicia cursará la pertinente solicitud.
B) Podrá otorgarse dicha extradición sin el consentimiento de la autoridad judicial de ejecución que acordó la entrega, aunque el/la Ministro/a de Justicia deberá notificarle la pertinente entrega.
C) No podrá otorgarse dicha extradición sin el consentimiento de la autoridad judicial de ejecución que acordó la entrega, a cuyo efecto el/la Juez/a Central de Instrucción cursará la pertinente solicitud.
D) Podrá otorgarse dicha extradición sin el consentimiento de la autoridad judicial de ejecución que acordó la entrega, aunque el/la Juez/a Central de Instrucción deberá notificarle la pertinente entrega.
Correcta: C)
ART. 62. 1 LEY 23/2014. Cuando una persona haya sido entregada a España en virtud de una orden europea de detención y entrega, si es solicitada posteriormente su extradición por un Estado que no sea miembro de la Unión Europea, no podrá otorgarse dicha extradición sin el consentimiento de la autoridad judicial de ejecución que acordó la entrega, a cuyo efecto el Juez Central de Instrucción cursará la pertinente solicitud.
75. Qué artículo del Reglamento Penitenciario de los que se mencionan está expresamente referido a registros, cacheos y requisas:
A) Artículo 66.
B) Artículo 68.
C) Artículo 67.
D) Artículo 64.
Correcta: B)
Artículo 68. Registros, cacheos y requisas.
76. El artículo 533 del Código Penal, relativo a los delitos cometidos por los funcionarios públicos contra las garantías constitucionales dispone que:
A) El funcionario de centros de protección o corrección de menores que impusiere a los internos sanciones o privaciones debidas, o usare con ellos de un rigor necesario, será castigado con la pena de inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de dos a seis años.
B) El funcionario de centros de internamiento de extranjeros que impusiere a los internos sanciones o privaciones indebidas, o usare con ellos de un rigor innecesario, será castigado con la pena de inhabilitación absoluta para empleo o cargo público por tiempo de seis a doce años.
C) El funcionario de centros de protección o corrección de menores que impusiere a los internos sanciones o privaciones indebidas, o usare con ellos de un rigor innecesario, será castigado con la pena de inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de dos a seis años.
D) El funcionario de centros de internamiento de extranjeros que impusiere a los internos sanciones o privaciones indebidas, o usare con ellos de un rigor necesario, será castigado con la pena de inhabilitación absoluta para empleo o cargo público por tiempo de dos a seis años.
Correcta: C)
ART. 533 CP. El funcionario penitenciario o de centros de protección o corrección de menores que impusiere a los reclusos o internos sanciones o privaciones indebidas, o usare con ellos de un rigor innecesario, será castigado con la pena de inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de dos a seis años.
77. Según el artículo 13 del Código Penal, cuando la pena por su extensión pueda ser considerada como:
A) Grave y menos grave, el delito se considerará, en todo caso, como menos grave, aplicándose la pena en su mitad superior.
B) Menos grave y leve, el delito se considerará, en todo caso, como menos grave.
C) Grave y menos grave, el delito se considerará, en todo caso, como grave.
D) Grave y menos grave, el delito se considerará, en todo caso, como menos grave.
Correcta: C)
ART. 13. 4 CP. Cuando la pena, por su extensión, pueda incluirse a la vez entre las mencionadas en los dos primeros números de este artículo, el delito se considerará, en todo caso, como grave. Cuando la pena, por su extensión, pueda considerarse como leve y como menos grave, el delito se considerará, en todo caso, como leve.
78. Señale la respuesta INCORRECTA. Son actos nulos de pleno derecho, los actos dictados:
A) Por órgano manifiestamente incompetente por razón de la materia.
B) Por órgano manifiestamente incompetente por razón de la jerarquía.
C ) Por órgano manifiestamente incompetente por razón del territorio.
D) Cuando lesionen los derechos de petición individual y colectiva.
Correcta: B)
ART. 47 LPAC. 1. Los actos de las Administraciones Públicas son nulos de pleno derecho en los casos siguientes:
a) Los que lesionen los derechos y libertades susceptibles de amparo constitucional.
b) Los dictados por órgano manifiestamente incompetente por razón de la materia o del territorio.
c) Los que tengan un contenido imposible.
d) Los que sean constitutivos de infracción penal o se dicten como consecuencia de ésta.
e) Los dictados prescindiendo total y absolutamente del procedimiento legalmente establecido o de las normas que contienen las reglas esenciales para la formación de la voluntad de los órganos colegiados.
f) Los actos expresos o presuntos contrarios al ordenamiento jurídico por los que se adquieren facultades o derechos cuando se carezca de los requisitos esenciales para su adquisición.
g) Cualquier otro que se establezca expresamente en una disposición con rango de Ley.
2. También serán nulas de pleno derecho las disposiciones administrativas que vulneren la Constitución, las leyes u otras disposiciones administrativas de rango superior, las que regulen materias reservadas a la Ley, y las que establezcan la retroactividad de disposiciones sancionadoras no favorables o restrictivas de derechos individuales.
79. Según el artículo 80.4 del Código Penal, en el caso de que el penado esté aquejado de una enfermedad muy grave con padecimientos incurables, los Jueces y Tribunales podrán suspender la pena impuesta sin sujeción a requisito alguno:
A) Aunque en el momento de la comisión del delito tuviera ya otra pena suspendida por el mismo motivo.
B) Salvo que en el momento de la comisión del delito tuviera ya otra pena suspendida por el mismo motivo.
C) Salvo que la pena impuesta o la suma de las mismas no exceda de cinco años.
D) Salvo que se certifique suficientemente, por centro o servicio público o privado debidamente acreditado u homologado, que el condenado se encuentra deshabituado o sometido a tratamiento para tal fin en el momento de decidir sobre la suspensión.
Correcta: B)
ART. 80. 4 CP. Los jueces y tribunales podrán otorgar la suspensión de cualquier pena impuesta sin sujeción a requisito alguno en el caso de que el penado esté aquejado de una enfermedad muy grave con padecimientos incurables, salvo que en el momento de la comisión del delito tuviera ya otra pena suspendida por el mismo motivo.
80. Según Caballo (1993), NO es un procedimiento defensivo del entrenamiento en habilidades sociales (EHS):
A) El disco rayado.
B) La interrogación negativa.
C) El banco de niebla.
D) El reforzamiento en forma de sándwich.
Correcta: D)
Los procedimientos defensivos en el Entrenamiento en Habilidades Sociales (EHS), como el “Disco Rayado”, la “Interrogación Negativa” y el “Banco de Niebla”, son técnicas específicas diseñadas para ayudar a las personas a manejar de manera efectiva situaciones sociales difíciles:
Disco Rayado:
Este procedimiento implica repetir calmadamente una respuesta o declaración de manera persistente, como un “disco rayado”. Es útil cuando una persona se enfrenta a presiones o intentos de manipulación para cambiar su posición. Al mantenerse firme y repetir su mensaje, la persona puede comunicar sus límites de manera clara y asertiva.
Interrogación Negativa:
Esta técnica implica responder a preguntas negativas o críticas con respuestas breves y positivas. En lugar de caer en la defensiva o entrar en confrontaciones, la persona responde de manera concisa y no se ve afectada por la negatividad del interlocutor.
Banco de Niebla:
Consiste en responder a críticas o conflictos de manera suave y vaga, sin comprometerse demasiado ni entrar en una confrontación directa. La idea es disipar la tensión y dar tiempo para que ambas partes reflexionen sobre la situación.
Estos procedimientos defensivos son herramientas específicas dentro del EHS y pueden ser útiles en situaciones donde se requiere una respuesta asertiva pero sin caer en la agresión o la sumisión. Es importante adaptar estas técnicas según el contexto y la personalidad de cada individuo, y practicarlas para ganar habilidad en su aplicación.
81. Señale la opción INCORRECTA. El artículo 188 del Reglamento Penitenciario regula el régimen de los establecimientos o unidades psiquiátricas, disponiendo que:
A) La separación en los distintos departamentos de que consten los establecimientos o unidades se hará en atención a las necesidades asistenciales de cada paciente.
B) Las restricciones a la libertad personal del/la paciente deben limitarse a las que sean necesarias en función de su estado de salud o del éxito del tratamiento.
C) El empleo de medios coercitivos es una medida excepcional, que sólo podrá ser admitida por indicación médica y durante el tiempo mínimo imprescindible previo al efecto del tratamiento farmacológico.
D) El empleo de medios coercitivos es una medida excepcional, que sólo podrá ser admitida por indicación médica y durante el tiempo máximo de 72 horas, previo al efecto del tratamiento farmacológico.
Correcta: D)
ART. 188. 3 RP. El empleo de medios coercitivos es una medida excepcional, que sólo podrá ser admitida por indicación del facultativo y durante el tiempo mínimo imprescindible previo al efecto del tratamiento farmacológico que esté indicado, debiéndose respetar, en todo momento, la dignidad de la persona. Incluso en los supuestos de que médicamente se considere que no hay alternativa alguna a la aplicación de los medios expresados, la medida debe ser puntualmente puesta en conocimiento de la Autoridad judicial de la que dependa el paciente, dándose traslado documental de su prescripción médica.
82. La Central Penitenciaria de Observación, regulada en el artículo 109 del Reglamento Penitenciario, fue creada:
A) Por Orden de 22 de septiembre de 1967.
B) Por la Ley Orgánica General Penitenciaria.
C) Por el Reglamento de los Servicios de Prisiones de 1956.
D) Por el Reglamento Penitenciario de 1981.
Correcta: A)
La Central Penitenciaria de Observación, regulada en el artículo 109 del Reglamento Penitenciario, fue creada por la Orden de 22 de septiembre de 1967.
83. A tenor del artículo 19.2 de la Ley 501/1981, de 30 diciembre, reguladora del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, son Fiscalías Especiales dependientes de la Fiscalía General del Estado:
A) Fiscalía Antiterrorista, Fiscalía Antidroga y Fiscalía de Seguridad Vial.
B) Fiscalía Antidroga, Fiscalía contra la Corrupción y Fiscalía contra los delitos de violencia de género.
C) Fiscalía contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada y Fiscalía Antidroga.
D) Fiscalía para la Prevención del Tráfico de Drogas y la Fiscalía Anticorrupción.
Correcta: C)
ART. 19. 2 Ley 501/1981. Son Fiscalías Especiales la Fiscalía Antidroga y la Fiscalía contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada.
84. Según establece el artículo 20 de la Ley de Transparencia, el plazo para notificar la resolución en la que se concede el acceso a la información pública es:
A) De tres meses desde la recepción de la solicitud por el órgano competente para resolver, sin posibilidad de ampliación.
B) De diez días para el solicitante y veinte días para los terceros afectados que así lo hayan solicitado, desde la recepción de la solicitud por el órgano competente para resolver, pudiéndose ampliar por el mismo Plazo en el caso de que la complejidad de la información que se solicita así lo hagan necesario.
C) De un mes desde la recepción de la solicitud por el órgano competente para resolver, sin posibilidad de ampliación.
D) De un mes desde la recepción de la solicitud por el órgano competente para resolver, pudiéndose ampliar por otro más en el caso de que la complejidad de la información que se solicita así lo hagan necesario.
Correcta: D)
ART. 20. 1 LEY 19/2013. La resolución en la que se conceda o deniegue el acceso deberá notificarse al solicitante y a los terceros afectados que así lo hayan solicitado en el plazo máximo de un mes desde la recepción de la solicitud por el órgano competente para resolver.
Este plazo podrá ampliarse por otro mes en el caso de que el volumen o la complejidad de la información que se solicita así lo hagan necesario y previa notificación al solicitante.
85. Señale la respuesta INCORRECTA. La declaración de lesividad de actos anulables:
A) Podrá adoptarse aunque hayan transcurrido cuatro años desde que se dictó el acto administrativo.
B) Exigirá la previa audiencia de cuantos aparezcan como interesados/as en el mismo.
C) No podrá adoptarse una vez transcurridos cuatro años desde que se dictó el acto administrativo.
D) El procedimiento caducará a los seis meses si no se ha declarado la lesividad.
Correcta: A)
ART. 107. 2 LPAC. La declaración de lesividad no podrá adoptarse una vez transcurridos cuatro años desde que se dictó el acto administrativo y exigirá la previa audiencia de cuantos aparezcan como interesados en el mismo, en los términos establecidos por el artículo 82.
Sin perjuicio de su examen como presupuesto procesal de admisibilidad de la acción en el proceso judicial correspondiente, la declaración de lesividad no será susceptible de recurso, si bien podrá notificarse a los interesados a los meros efectos informativos.
86. El condenado a pena de prisión permanente revisable no podrá disfrutar de permisos de salida:
A) Hasta que haya cumplido un mínimo de doce años de prisión en los supuestos de condena por un delito referido a organizaciones y grupos criminales.
B) Hasta que haya cumplido un mínimo de ocho años de prisión, cuando no haya sido condenado por un delito referido a organizaciones y grupos terroristas o de terrorismo.
C) Hasta que haya cumplido veinte años de prisión efectiva, en el caso de condena por un delito referido a organizaciones y grupos terroristas o de terrorismo.
D) Hasta que haya cumplido quince años de prisión efectiva, cuando no haya sido condenado por un delito referido a organizaciones y grupos criminales.
Correcta: B)
ART. 36. 1 CP. La pena de prisión permanente será revisada de conformidad con lo dispuesto en el artículo 92.
La clasificación del condenado en el tercer grado deberá ser autorizada por el tribunal previo pronóstico individualizado y favorable de reinserción social, oídos el Ministerio Fiscal e Instituciones Penitenciarias, y no podrá efectuarse:
a) Hasta el cumplimiento de veinte años de prisión efectiva, en el caso de que el penado lo hubiera sido por un delito del Capítulo VII del Título XXII del Libro II de este Código.
b) Hasta el cumplimiento de quince años de prisión efectiva, en el resto de los casos.
En estos supuestos, el penado no podrá disfrutar de permisos de salida hasta que haya cumplido un mínimo de doce años de prisión, en el caso previsto en la letra a), y ocho años de prisión, en el previsto en la letra b).
87. Señale la respuesta INCORRECTA. Según el artículo 15 del Reglamento Penitenciario, la Dirección del centro podrá denegar motivadamente el ingreso en prisión de una persona cuando no conste expresamente en la orden de detención algunos de los siguientes extremos:
A) Hora y día de vencimiento del plazo máximo de detención.
B) Datos identificativos del detenido/a.
C) Hora y día de detención.
D) Delito imputado.
Correcta: C)
ART. 15. 2 RP. 2. En el supuesto de que la orden de detención proceda de la Policía Judicial, en la misma deberán constar expresamente los siguientes extremos:
a) Datos identificativos del detenido.
b) Delito imputado.
c) Que se halla a disposición judicial.
d) Hora y día de vencimiento del plazo máximo de detención.
La Dirección del centro podrá denegar motivadamente el ingreso cuando en la orden de detención que se entregue no consten expresamente los citados extremos.
88. Según el artículo 206.1 del Reglamento Penitenciario, la solicitud de tramitación del indulto particular al Juzgado de Vigilancia Penitenciaria deberá efectuarse por:
A) La Comisión Disciplinaria, a propuesta de la Junta de Tratamiento.
B) El Consejo de Dirección, previa propuesta de la Junta de Tratamiento.
C) La Junta de Tratamiento, previa propuesta del Equipo Técnico.
D) El Centro Directivo, a propuesta de la Junta de Tratamiento.
Correcta: C)
ART. 206. 1 RP. La Junta de Tratamiento, previa propuesta del Equipo Técnico, podrá solicitar del Juez de Vigilancia Penitenciaria la tramitación de un indulto particular, en la cuantía que aconsejen las circunstancias, para los penados en los que concurran, de modo continuado durante un tiempo mínimo de dos años y en un grado que se pueda calificar de extraordinario, todas y cada una de las siguientes circunstancias:
a) Buena conducta.
b) Desempeño de una actividad laboral normal, bien en el Establecimiento o en el exterior, que se pueda considerar útil para su preparación para la vida en libertad.
c) Participación en las actividades de reeducación y reinserción social.
89. La Comisión de Igualdad del Consejo General del Poder Judicial estará integrada por:
A) Siete Vocales elegidos/as por cinco años.
B) Tres Vocales que serán elegidos/as anualmente por el Pleno del Consejo.
C) Siete Vocales, de ellos cuatro serán nombrados/as por el turno judicial y tres designados/as por turno de juristas de reconocido prestigio.
D) Cinco Vocales elegidos/as anualmente por el Pleno del Consejo.
Correcta: B)
ART. 610. 2 LOPJ. La Comisión de Igualdad estará integrada por tres Vocales.
90. Según la Ley de Voluntariado, podrán llevar a cabo acciones de voluntariado:
A) Los/as menores, con edad inferior a doce años que cuenten con autorización expresa de sus progenitores, tutores/as o representantes legales en la que se valorará si la actividad perjudica o no su desarrollo y formación integral.
B) Los/as menores, con catorce años de edad, que cuenten con autorización expresa de sus progenitores, tutores/as o representantes legales.
C) Los/as mayores de dieciséis años y menores de dieciocho sin necesidad de consentimiento de sus progenitores, tutores/as o representantes legales.
D) Los/as mayores de doce años y menores de dieciséis que cuenten con el consentimiento de sus progenitores, tutores/as o representantes legales.
Correcta: B)
ART. 8. 2 LEY 53/2015. Los menores de edad podrán tener la condición de voluntarios siempre que se respete su interés superior de acuerdo con lo previsto en la legislación de aplicación y cumplan los siguientes requisitos:
a) Los mayores de 16 y menores de 18 años deberán contar con el consentimiento de sus progenitores, tutores o representantes legales.
b) Los menores de 16 años y mayores de 12 podrán llevar a cabo acciones de voluntariado si cuentan con la autorización expresa de sus progenitores, tutores o representantes legales en la que se valorará si aquellas perjudican o no su desarrollo y formación integral.
91. El artículo 4 del Código Penal, establece que en el caso de que un Juez o Tribunal, en el ejercicio de su jurisdicción, considere que de la rigurosa aplicación de las disposiciones de la Ley resulte penada una acción u omisión que, a su juicio, no debiera serlo:
A) Se abstendrá de todo procedimiento sobre ella y expondrá al Gobierno las razones que le asistan para creer que no debiera ser objeto de sanción penal.
B) Se abstendrá de todo procedimiento sobre ella y expondrá al Gobierno las razones que le asistan para creer que no debiera ser objeto de sanción penal, cuando la pena sea notablemente excesiva, atendidos el mal causado por la infracción y las circunstancias personales del reo.
C) Acudirá al Gobierno exponiendo lo conveniente sobre la derogación o modificación del precepto o la concesión de indulto, sin perjuicio de ejecutar desde luego la sentencia.
D) Suspenderá en todo caso la ejecución de la pena.
Correcta: C)
ART. 4.3 CP. Del mismo modo acudirá al Gobierno exponiendo lo conveniente sobre la derogación o modificación del precepto o la concesión de indulto, sin perjuicio de ejecutar desde luego la sentencia, cuando de la rigurosa aplicación de las disposiciones de la Ley resulte penada una acción u omisión que, a juicio del Juez o Tribunal, no debiera serlo, o cuando la pena sea notablemente excesiva, atendidos el mal causado por la infracción y las circunstancias personales del reo.
92. Señale la respuesta INCORRECTA. La relación laboral especial penitenciaria podrá suspenderse por:
A) Incapacidad temporal de los/as trabajadores/as penitenciarios.
B) Suspensión de empleo y sueldo por el cumplimiento de sanciones disciplinarias penitenciarias de aislamiento.
C) Traslado del interno/a trabajador/a a otro establecimiento penitenciario por un período superior a dos meses.
D) Fuerza mayor temporal.
Correcta: C)
ART. 9 RD 782/2001. 1. La relación laboral especial penitenciaria podrá suspenderse por las siguientes causas:
a) Mutuo acuerdo de las partes.
b) Incapacidad temporal de los trabajadores penitenciarios.
c) Maternidad y riesgo durante el embarazo. En el supuesto de parto la suspensión tendrá una duración de dieciséis semanas ininterrumpidas, ampliables en el supuesto de parto múltiple en dos semanas más por cada hijo a partir del segundo, distribuidas antes o después del parto a opción de la interesada, siempre que seis semanas sean inmediatamente posteriores al mismo.
d) Fuerza mayor temporal.
Asimismo, la relación laboral especial penitenciaria podrá suspenderse por las siguientes causas:
a) Suspensión de empleo y sueldo por el cumplimiento de sanciones disciplinarias penitenciarias de aislamiento.
b) Razones de tratamiento apreciadas por la Junta de Tratamiento.
c) Por traslados de los internos siempre que la ausencia no sea superior a dos meses, así como durante el disfrute de los permisos o salidas autorizadas.
d) Razones de disciplina y seguridad penitenciaria.
93. Según el artículo 95.2 del TREBEP, la incomparecencia injustificada en las Comisiones de Investigación de las Cortes Generales y de las Asambleas Legislativas de las Comunidades Autónomas por parte del/la funcionario/a, será considerada como:
A) Falta leve.
B) Falta grave.
C) Apercibimiento.
D) Falta muy grave.
Correcta: D)
ART. 95. 2 TREBEP. Son faltas muy graves:
a) El incumplimiento del deber de respeto a la Constitución y a los respectivos Estatutos de Autonomía de las comunidades autónomas y ciudades de Ceuta y Melilla, en el ejercicio de la función pública.
b) Toda actuación que suponga discriminación por razón de origen racial o étnico, religión o convicciones, discapacidad, edad, orientación sexual, identidad sexual, características sexuales, lengua, opinión, lugar de nacimiento o vecindad, sexo o cualquier otra condición o circunstancia personal o social, así como el acoso por razón de sexo, origen racial o étnico, religión o convicciones, discapacidad, edad, orientación sexual, expresión de género, características sexuales, y el acoso moral y sexual.
c) El abandono del servicio, así como no hacerse cargo voluntariamente de las tareas o funciones que tienen encomendadas.
d) La adopción de acuerdos manifiestamente ilegales que causen perjuicio grave a la Administración o a los ciudadanos.
e) La publicación o utilización indebida de la documentación o información a que tengan o hayan tenido acceso por razón de su cargo o función.
f) La negligencia en la custodia de secretos oficiales, declarados así por Ley o clasificados como tales, que sea causa de su publicación o que provoque su difusión o conocimiento indebido.
g) El notorio incumplimiento de las funciones esenciales inherentes al puesto de trabajo o funciones encomendadas.
h) La violación de la imparcialidad, utilizando las facultades atribuidas para influir en procesos electorales de cualquier naturaleza y ámbito.
i) La desobediencia abierta a las órdenes o instrucciones de un superior, salvo que constituyan infracción manifiesta del Ordenamiento jurídico.
j) La prevalencia de la condición de empleado público para obtener un beneficio indebido para sí o para otro.
k) La obstaculización al ejercicio de las libertades públicas y derechos sindicales.
l) La realización de actos encaminados a coartar el libre ejercicio del derecho de huelga.
m) El incumplimiento de la obligación de atender los servicios esenciales en caso de huelga.
n) El incumplimiento de las normas sobre incompatibilidades cuando ello dé lugar a una situación de incompatibilidad.
ñ) La incomparecencia injustificada en las Comisiones de Investigación de las Cortes Generales y de las asambleas legislativas de las comunidades autónomas.
o) El acoso laboral.
p) También serán faltas muy graves las que queden tipificadas como tales en ley de las Cortes Generales o de la asamblea legislativa de la correspondiente comunidad autónoma o por los convenios colectivos en el caso de personal laboral.
94. Conforme al artículo 83.2 del Reglamento Penitenciario, las tareas de apoyo y de asesoramiento y la cooperación necesaria para favorecer la incorporación progresiva al medio social de las personas reclusas, se regirán por los siguientes principios:
A) Responsabilidad, obligando a los/as internos/as a participar en las actividades.
B) Ausencia de las medidas de control, sin perjuicio del establecimiento de programas de seguimiento y evaluación de las actividades realizadas por los/as internos/as dentro y fuera del establecimiento.
C) Prevención, para tratar de evitar la desestructuración familiar y social.
D) Integración social, proporcionando al/la interno/a, en todo caso, atención a través de los servicios especializados de la comunidad para facilitar su participación plena y responsable en la vida familiar, social y laboral.
Correcta: C)
ART. 83. 2 RP. El ejercicio de estas funciones se regirá por los siguientes principios:
a) Atenuación de las medidas de control, sin perjuicio del establecimiento de programas de seguimiento y evaluación de las actividades realizadas por los internos dentro y fuera del Establecimiento.
b) Autorresponsabilidad, mediante el estímulo de la participación de los internos en la organización de las actividades.
c) Normalización social e integración, proporcionando al interno, siempre que sea posible, atención a través de los servicios generales de la comunidad para facilitar su participación plena y responsable en la vida familiar, social y laboral.
d) Prevención para tratar de evitar la desestructuración familiar y social.
e) Coordinación con cuantos organismos e instituciones públicas o privadas actúen en la atención y reinserción de los reclusos, promoviendo criterios comunes de actuación para conseguir su integración en la sociedad.
95. Los actos de las Administraciones Públicas sujetos al Derecho Administrativo se presumirán válidos y producirán efectos:
A) Desde la fecha en que se dicten, salvo que en ellos se disponga otra cosa.
B) Desde el día siguiente a su publicación.
C) Desde el día siguiente a su notificación.
D) Desde el día siguiente a la fecha en que se dicten, salvo que en ellos se disponga otra cosa.
Correcta: A)
ART. 39. 1 LPAC. Los actos de las Administraciones Públicas sujetos al Derecho Administrativo se presumirán válidos y producirán efectos desde la fecha en que se dicten, salvo que en ellos se disponga otra cosa.
96. El artículo 96 del Reglamento Penitenciario, establece que, con carácter general, el régimen de los/as detenidos/as y presos/as será el régimen ordinario previsto para los penados/as. No obstante lo anterior, conforme a lo establecido en el artículo IO de la Ley Orgánica General Penitenciaria, cuando se trate de internos/as extremadamente peligrosos/as o manifiestamente inadaptados/as a dicho régimen, les serán de aplicación las normas previstas para los establecimientos de cumplimiento de régimen cerrado a los detenidos/as y presos/as, a propuesta de:
A) La Junta de Tratamiento y con la aprobación del Centro Directivo.
B) El Equipo Técnico y con la aprobación de la Junta de Tratamiento.
C) La Junta de Tratamiento y con la aprobación del Consejo de Dirección.
D) El Equipo Técnico y con la aprobación del Consejo de Dirección.
Correcta: A)
ART. 96 RP. 6. Salvo que reste menos para su tramitación ordinaria, los procedimientos administrativos tramitados de manera simplificada deberán ser resueltos en treinta días, a contar desde el siguiente al que se notifique al interesado el acuerdo de tramitación simplificada del procedimiento, y constarán únicamente de los siguientes trámites:
a) Inicio del procedimiento de oficio o a solicitud del interesado.
b) Subsanación de la solicitud presentada, en su caso.
c) Alegaciones formuladas al inicio del procedimiento durante el plazo de cinco días.
d) Trámite de audiencia, únicamente cuando la resolución vaya a ser desfavorable para el interesado.
e) Informe del servicio jurídico, cuando éste sea preceptivo.
f) Informe del Consejo General del Poder Judicial, cuando éste sea preceptivo.
g) Dictamen del Consejo de Estado u órgano consultivo equivalente de la Comunidad Autónoma en los casos en que sea preceptivo. Desde que se solicite el Dictamen al Consejo de Estado, u órgano equivalente, hasta que éste sea emitido, se producirá la suspensión automática del plazo para resolver.
El órgano competente solicitará la emisión del Dictamen en un plazo tal que permita cumplir el plazo de resolución del procedimiento. El Dictamen podrá ser emitido en el plazo de quince días si así lo solicita el órgano competente.
En todo caso, en el expediente que se remita al Consejo de Estado u órgano consultivo equivalente, se incluirá una propuesta de resolución. Cuando el Dictamen sea contrario al fondo de la propuesta de resolución, con independencia de que se atienda o no este criterio, el órgano competente para resolver acordará continuar el procedimiento con arreglo a la tramitación ordinaria, lo que se notificará a los interesados. En este caso, se entenderán convalidadas todas las actuaciones que se hubieran realizado durante la tramitación simplificada del procedimiento, a excepción del Dictamen del Consejo de Estado u órgano consultivo equivalente.
h) Resolución.
97. Los actos dictados por el/la Presidente/a y el Consejo de Administración de la Entidad Estatal Trabajo Penitenciario y Formación para el Empleo (ETPFE), en el ámbito de sus respectivas competencias:
A) No ponen fin a la vía administrativa.
B) Ponen fin a la vía administrativa.
C) Pueden ser recurridos en alzada.
D) No pueden ser recurridos en reposición.
Correcta: B)
ART. 5. 2 RD 122/2015. Los actos dictados por el Presidente y el Consejo de Administración, en el ámbito de sus respectivas competencias, pondrán fin a la vía administrativa.
98. Señale la respuesta INCORRECTA. Conforme al artículo 7 de la Ley de Voluntariado, es un contenido mínimo de los programas de voluntariado:
A) Los medios y recursos para llevarlos a cabo.
B) Ámbito territorial que abarque el programa.
C) Identificación nominativa de los/as voluntarios/as participantes.
D) Cualificación o formación exigible a los/as voluntarios/as.
Correcta: C)
ART. 7. 1 LEY 45/2015. Cada programa de voluntariado deberá tener el contenido mínimo siguiente:
a) Denominación.
b) Identificación del responsable del programa.
c) Fines y objetivos que se proponga.
d) Descripción de las actividades que comprenda.
e) Ámbito territorial que abarque.
f) Duración prevista para su ejecución.
g) Número de voluntarios necesario, el perfil adecuado para los cometidos que vayan a desarrollar y la cualificación o formación exigible.
h) Criterios para determinar, en su caso, el perfil de las personas destinatarias del programa.
i) Medios y recursos precisos para llevarlo a cabo.
j) Mecanismos de control, seguimiento y evaluación.
99. Conforme al artículo 24 de la LPACAP el certificado acreditativo del silencio administrativo producido por el vencimiento del plazo máximo sin haberse notificado resolución expresa al/la interesado/a cuando el procedimiento se ha iniciado a solicitud de éste/a, se expedirá:
A) De oficio, por el órgano competente para resolver en el plazo de diez días desde que expire el plazo máximo para resolver el procedimiento.
B) por el órgano competente, o a solicitud del/la interesado/a, en el plazo de quince días desde que expire el plazo máximo para resolver el procedimiento.
C) De oficio, por el órgano competente para resolver en el plazo de quince días desde que expire el plazo máximo para resolver el procedimiento.
D) En cualquier momento, a petición del interesado/a, computándose el plazo de quince días desde el mismo día a aquel en que la petición tuviese entrada en el registro electrónico de la administración u organismo competente para resolver.
Correcta: C)
ART. 24. 4 LPAC. Los actos administrativos producidos por silencio administrativo se podrán hacer valer tanto ante la Administración como ante cualquier persona física o jurídica, pública o privada. Los mismos producen efectos desde el vencimiento del plazo máximo en el que debe dictarse y notificarse la resolución expresa sin que la misma se haya expedido, y su existencia puede ser acreditada por cualquier medio de prueba admitido en Derecho, incluido el certificado acreditativo del silencio producido. Este certificado se expedirá de oficio por el órgano competente para resolver en el plazo de quince días desde que expire el plazo máximo para resolver el procedimiento. Sin perjuicio de lo anterior, el interesado podrá pedirlo en cualquier momento, computándose el plazo indicado anteriormente desde el día siguiente a aquél en que la petición tuviese entrada en el registro electrónico de la Administración u Organismo competente para resolver.
100. Según el artículo 169 del Código Penal, será castigado como reo de un delito de amenazas, el que amenazare a otro con causarle a él, a su familia, o a otras personas con las que esté íntimamente vinculado un mal que constituya delitos:
A) Contra el patrimonio y el orden socioeconómico.
B) Contra la salud pública.
C) Contra la administración pública.
D) Contra la seguridad colectiva.
Correcta: A)
ART. 169 CP. El que amenazare a otro con causarle a él, a su familia o a otras personas con las que esté íntimamente vinculado un mal que constituya delitos de homicidio, lesiones, aborto, contra la libertad, torturas y contra la integridad moral, la libertad sexual, la intimidad, el honor, el patrimonio y el orden socioeconómico, será castigado:
1.º Con la pena de prisión de uno a cinco años, si se hubiere hecho la amenaza exigiendo una cantidad o imponiendo cualquier otra condición, aunque no sea ilícita, y el culpable hubiere conseguido su propósito. De no conseguirlo, se impondrá la pena de prisión de seis meses a tres años.
Las penas señaladas en el párrafo anterior se impondrán en su mitad superior si las amenazas se hicieren por escrito, por teléfono o por cualquier medio de comunicación o de reproducción, o en nombre de entidades o grupos reales o supuestos.
2.º Con la pena de prisión de seis meses a dos años, cuando la amenaza no haya sido condicional.
101. Conforme al artículo 7 del Reglamento Penitenciario, la cesión de los datos de carácter personal de los/as internos/as:
A) No precisarán consentimiento expreso, en ningún caso, cuando se recojan para el ejercicio de las funciones propias de la Administración penitenciaria.
B) No precisarán consentimiento expreso, excepto en lo relativo a sus creencias cuando se recojan para el ejercicio de las funciones propias de la Administración penitenciaria.
C) Las transferencias internacionales de datos de carácter personal contenidos en los ficheros informáticos penitenciarios se efectuarán en los supuestos de prestación de auxilio judicial internacional, de acuerdo con lo establecido en los tratados o convenios en los que sea parte España.
D) No se podrán ceder datos de carácter sanitario contenidos en los ficheros informáticos penitenciarios sin previo consentimiento para realizar estudios epidemiológicos.
Correcta: C)
ART. 7. 5 RP. Las transferencias internacionales de datos de carácter personal contenidos en los ficheros informáticos penitenciarios se efectuarán en los supuestos de prestación de auxilio judicial, de acuerdo con lo establecido en los tratados o convenios en los que sea parte España o en la normativa de la Unión Europea que sea de aplicación.
102. Los/as internos/as trabajadores/as tendrán derecho a un descanso semanal que, con carácter general, será de:
A) Dos días completos a la semana con carácter rotatorio.
B) El día completo del sábado y del domingo.
C) Un día y medio a la semana con carácter rotatorio.
D) La tarde del sábado y el día completo del domingo.
Correcta: D)
ART. 17. 2 RD 782/2001. Los internos trabajadores tendrán derecho a un descanso semanal de día y medio ininterrumpido que se disfrutará, con carácter general, la tarde del sábado y el día completo del domingo, excepto en el sistema por turnos que se estará a lo establecido para la actividad de que se trate. También serán días de descanso las fiestas laborales de la localidad donde radique el centro penitenciario.
103. Conforme al artículo 94 del Reglamento Penitenciario, en el régimen de los módulos o centros cerrados los/as internos/as disfrutarán:
A) Como máximo, de dos horas diarias de vida en común. Este horario podrá aumentarse hasta tres horas más para la realización de actividades previamente programadas.
B) Como mínimo, de cuatro horas diarias de vida en común. Este horario podrá aumentarse hasta tres horas más para la realización de actividades previamente programadas.
C) Como mínimo, de cuatro horas diarias de vida en común. Este horario podrá aumentarse hasta dos horas más para la realización de actividades previamente programadas.
D) Como máximo, de cuatro horas diarias de vida en común. Este horario podrá aumentarse hasta dos horas más para la realización de actividades previamente programadas.
Correcta: B)
ART. 94 RP. El régimen de los módulos o centros cerrados se ajustará a las siguientes normas:
1.ª Los internos disfrutarán, como mínimo, de cuatro horas diarias de vida en común. Este horario podrá aumentarse hasta tres horas más para la realización de actividades previamente programadas.
2.ª El número de internos que, de forma conjunta, podrán realizar actividades en grupo, será establecido por el Consejo de Dirección, previo informe de la Junta de Tratamiento, con un mínimo de cinco internos.
3.ª La Junta de Tratamiento programará detalladamente las distintas actividades culturales, deportivas, recreativas o formativas, laborales u ocupacionales que se someterán a la aprobación del Consejo de Dirección. Estos programas se remitirán al Centro Directivo para su autorización y seguimiento.
104. Según el artículo 340 del Reglamento Penitenciario de 1981, en las hojas de conducción por traslado a otro establecimiento y en las licencias de cumplidos/as y liberados/as condicionalmente, debe constar la impresión dactilar del dedo:
A) índice de la mano derecha.
B) índice de la mano izquierda.
C) Pulgar de la mano izquierda.
D) Pulgar de la mano derecha.
Correcta: D)
ART. 340 RP 81. La Oficina de identificación tendrá como cometidos:
a) La impresión dactilar del pulgar derecho en el expediente del interno a su ingreso y salida, cualquiera que sea el motivo.
b) La impresión dactilar del pulgar derecho en las hojas de conducción por traslado a otro establecimiento y en las licencias de cumplidos y liberados condicionalmente.
c) La expedición de antecedentes e informes periciales sobre identificación de los internos que soliciten los Tribunales de Justicia o Autoridades competentes.
d) Reseñar todos los ingresos, hombres o mujeres, haciendo para cada uno dos fichas dactilares y dos alfabéticas, excepto los tránsitos, los arrestos y los que a su ingreso ya tuvieren en la Oficina del establecimiento, haciendo estampación de fórmula y subfórmula en el expediente del mismo:
e) La formación de dos archivos de tarjetas de identificación dactiloscópica, alfabético el uno y dactilar el otro, de todos los ingresados.
f) La remisión al Centro Directivo, del 1 al 10 de cada mes, de todo lo realizado en el anterior o comunicación negativa, caso de no haber ingresos, enviando un ejemplar de cada reseña nueva, debidamente formulada y con subfórmula de la mano derecha, a excepción de aquella fórmula en la que todos los dactilogramas pertenezcan al tipo bideltos, en cuyo caso deberán subformularse ambas manos.
g) La realización, control y archivo de las fotografías de los internos.
h) La remisión al Centro Directivo de cuantos documentos relacionados con este Servicio se determinen.[…]
105. Según el artículo 595 de la LOPJ, el Consejo General del Poder Judicial ejerce sus atribuciones en Pleno o a través de las Comisiones:
A) Permanente, Disciplinaria y de Calificación.
B) Permanente, Disciplinaria, de Asuntos Financieros y de Igualdad.
C) Permanente, Disciplinaria, de Asuntos Económicos, de Igualdad y de Calificación.
D) Permanente, Disciplinaria, de Asuntos Económicos y de Igualdad.
Correcta: D)
ART. 595. 2 LOPJ. En el Consejo General del Poder Judicial existirán las siguientes Comisiones: Permanente, Disciplinaria, De Asuntos Económicos y De Igualdad.
106. La modificación introducida en la Ley de Contratos del Sector Público por la Ley 11/2023, de 8 de mayo, incorpora un nuevo párrafo al artículo 103.2 con objeto de:
A) Ampliar los supuestos en los que se admite revisión de precios.
B) Admitir las revisiones de precios solamente en los contratos de obras, previa justificación en el expediente.
C) Admitir las revisiones de precios solamente en los contratos de suministros.
D) No admitir en ningún caso las revisiones de precios.
Correcta: A)
ART. 103. 2 LCSP. Previa justificación en el expediente y de conformidad con lo previsto en el Real Decreto al que se refieren los artículos 4 y 5 de la Ley 2/2015, de 30 de marzo, de desindexación de la economía española, la revisión periódica y predeterminada de precios sólo se podrá llevar a cabo en los contratos de obra, en los contratos de suministros de fabricación de armamento y equipamiento de las Administraciones Públicas, en los contratos de suministro de energía y en aquellos otros contratos en los que el período de recuperación de la inversión sea igual o superior a cinco años. Dicho período se calculará conforme a lo dispuesto en el Real Decreto anteriormente citado.
No se considerarán revisables en ningún caso los costes asociados a las amortizaciones, los costes financieros, los gastos generales o de estructura ni el beneficio industrial. Los costes de mano de obra de los contratos distintos de los de obra, suministro de fabricación de armamento y equipamiento de las Administraciones Públicas, se revisarán cuando el período de recuperación de la inversión sea igual o superior a cinco años y la intensidad en el uso del factor trabajo sea considerada significativa, de acuerdo con los supuestos y límites establecidos en el Real Decreto.
No obstante, previa justificación en el expediente, podrá admitirse la revisión de precios en los contratos que no sean de obras, de suministros de fabricación de armamento y equipamiento de las Administraciones Públicas o de suministro de energía, aunque su período de recuperación de la inversión sea inferior a cinco años siempre que la suma de la participación en el presupuesto base de licitación del contrato de las materias primas, bienes intermedios y energía que se hayan de emplear supere el 20 por ciento de dicho presupuesto. En estos casos la revisión solo podrá afectar a la fracción del precio del contrato que representa dicha participación. El pliego deberá indicar el peso de cada materia prima, bien intermedio o suministro energético con participación superior al 1 por ciento y su respectivo índice oficial de revisión de precios. No será exigible para la inclusión en los pliegos de la fórmula de revisión a aplicar al precio del contrato la emisión de informe por el Comité Superior de Precios de Contratos del Estado.
107. En relación a lo dispuesto en el artículo 408 del Código Penal relativo a la omisión del deber de perseguir delitos, la autoridad o funcionario que:
A) Faltando a la obligación de su cargo, dejare intencionadamente de promover la persecución de los delitos de que tenga noticia o de sus responsables, incurrirá en la pena de inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de seis meses a dos años.
B) Sin faltar a la obligación de su cargo, dejare intencionadamente de promover la persecución de los delitos de que tenga noticia o de sus responsables, incurrirá en la pena de inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de seis meses a cuatro años.
C) Faltando a la obligación de su cargo, y de manera no intencionada, dejare de promover la persecución de los delitos de que tenga noticia o de sus responsables, incurrirá en la pena de inhabilitación absoluta para empleo o cargo público por tiempo de uno a dos años.
D) Sin faltar a la obligación de su cargo, dejare intencionadamente de promover la persecución de los delitos de que tenga noticia o de sus responsables, incurrirá en la pena de suspensión de empleo o cargo público por tiempo de seis meses a cinco años.
Correcta: A)
ART. 408 CP. La autoridad o funcionario que, faltando a la obligación de su cargo, dejare intencionadamente de promover la persecución de los delitos de que tenga noticia o de sus responsables, incurrirá en la pena de inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de seis meses a dos años.
108. El artículo 124.3 del Reglamento Penitenciario, relativo a programas educativos de enseñanzas regladas y no regladas, establece que, cuando la participación en los mismos implique modificaciones regimentales, deberá solicitarse autorización de:
A) La Junta de Tratamiento.
B) El Consejo de Dirección.
C) La Dirección del establecimiento.
D) El Centro Directivo.
Correcta: C)
ART. 124. 3 RP. Cuando la participación en estos programas educativos implique modificaciones regimentales, deberá solicitarse autorización de la Dirección del Establecimiento, que podrá denegarla por razones de seguridad.
109. El tiempo máximo de cumplimiento de una sanción disciplinaria cuando el/la interno/a es sancionado/a por dos o más faltas enjuiciadas en un mismo expediente y con cumplimiento simultáneo, no podrá exceder de:
A) El doble del tiempo correspondiente a la menos grave.
B) Cuarenta y cinco días consecutivos de aislamiento en celda.
C) El triplo del tiempo correspondiente a la más grave.
D) La sanción correspondiente a la más grave en su mitad superior.
Correcta: C)
ART. 236 RP.
1. Al culpable de dos o más faltas enjuiciadas en el mismo expediente, se le impondrán las sanciones correspondientes a todas ellas para su cumplimiento simultáneo si fuera posible y, no siéndolo, se cumplirán por el orden de su respectiva gravedad o duración.
2. En este último supuesto, el máximo de cumplimiento no podrá exceder nunca del triplo del tiempo correspondiente a la sanción más grave, ni de cuarenta y dos días consecutivos en caso de aislamiento en celda.
110. Ejerce como Secretario/a del Consejo de Ministros:
A) El/la titular de la Vicepresidencia Primera.
B) Uno/a de los/as titulares de las Vicepresidencias a elección del/la Presidente/a del Gobierno.
C) El/la Ministro/a de Transformación Digital y de la Función Pública.
D) El/la Ministro/a de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes.
Correcta: D)
ART. 18. 1 LG. El Presidente del Gobierno convoca y preside las reuniones del Consejo de Ministros, actuando como Secretario el Ministro de la Presidencia.
111. Atendiendo a lo dispuesto en el artículo 80 del TREBEP:
A) La libre designación con convocatoria pública consiste en la apreciación no discrecional por el órgano competente de la idoneidad de los/as candidatos/as en relación con los requisitos exigidos para el desempeño del puesto.
B) Las leyes de Función Pública que se dicten en desarrollo del Estatuto Básico del Empleado Público establecerán los criterios para determinar los puestos que por su especial responsabilidad y confianza puedan cubrirse por el procedimiento de libre designación con convocatoria pública.
C) El órgano competente para el nombramiento en ningún caso podrá recabar la intervención de especialistas que permitan apreciar la idoneidad de los/as candidatos/as.
D) Los/as titulares de los puestos de trabajo provistos por el procedimiento de libre designación con convocatoria pública no podrán ser cesados/as discrecionalmente.
Correcta: B)
ART. 80. 2 TREBEP. Las leyes de Función Pública que se dicten en desarrollo del presente Estatuto establecerán los criterios para determinar los puestos que por su especial responsabilidad y confianza puedan cubrirse por el procedimiento de libre designación con convocatoria pública.
112. El Real Decreto por el que se integran en el cuerpo de maestros a los funcionarios pertenecientes al cuerpo de profesores de Educación General Básica de Instituciones Penitenciarias y se disponen normas de funcionamiento de las unidades educativas de los establecimientos penitenciarios, es el:
A) Real Decreto 1203/1999, de 9 de julio.
B) Real Decreto 701/1996, de 7 de marzo.
C) Real Decreto 190/1996, de 9 de febrero.
D) Real Decreto 222/2002, de 2 de febrero.
Correcta: A)
Real Decreto 1203/1999, de 9 de julio, por el que se integran en el Cuerpo de Maestros a los funcionarios pertenecientes al Cuerpo de Profesores de Educación General Básica de Instituciones Penitenciarias y se disponen normas de funcionamiento de las unidades educativas de los establecimientos penitenciarios.
113. De conformidad con Io previsto en el artículo 29.2 de la Ley de Transparencia, son infracciones disciplinarias graves:
A) La publicación o utilización indebida de la documentación o información a que tengan o hayan tenido acceso por razón de su cargo o función.
B) El abuso de autoridad en el ejercicio del cargo.
C) El acoso laboral.
D) La comisión de una infracción leve cuando el/la autor/a hubiera sido sancionado/a a lo largo del año anterior por dos infracciones graves contra la que no quepa recurso en vía administrativa.
Correcta: B)
ART. 29. 2 LEY 19/2013. Son infracciones graves:
a) El abuso de autoridad en el ejercicio del cargo.
b) La intervención en un procedimiento administrativo cuando se dé alguna de las causas de abstención legalmente señaladas.
c) La emisión de informes y la adopción de acuerdos manifiestamente ilegales cuando causen perjuicio a la Administración o a los ciudadanos y no constituyan infracción muy grave.
d) No guardar el debido sigilo respecto a los asuntos que se conozcan por razón del cargo, cuando causen perjuicio a la Administración o se utilice en provecho propio.
e) El incumplimiento de los plazos u otras disposiciones de procedimiento en materia de incompatibilidades, cuando no suponga el mantenimiento de una situación de incompatibilidad.
f) La comisión de una infracción leve cuando el autor hubiera sido sancionado por dos infracciones leves a lo largo del año anterior contra las que no quepa recurso en la vía administrativa.
114. Entre los principios generales que se recogen en el Capítulo II de la Ley Orgánica 212012, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera NO se encuentra:
A) Principio de transparencia.
B) Principio de lealtad institucional.
C) Principio de control.
D) Principio de plurianualidad.
Correcta: C)
CAP. II LOEPSF. Artículo 3. Principio de estabilidad presupuestaria.
Artículo 4. Principio de sostenibilidad financiera.
Artículo 5. Principio de plurianualidad.
Artículo 6. Principio de transparencia.
Artículo 7. Principio de eficiencia en la asignación y utilización de los recursos públicos.
Artículo 8. Principio de responsabilidad.
Artículo 9. Principio de lealtad institucional.
Artículo 10. Disposiciones para la aplicación efectiva de la Ley y mecanismos de coordinación.
115. A tenor del artículo 161.4 del Reglamento penitenciario, en los supuestos de urgencia, el permiso extraordinario podrá ser autorizado por:
A) El/la Jefe/a de Servicios del establecimiento, previa consulta a la Dirección del establecimiento si hubiere lugar a ello.
B) La Junta de Tratamiento, previa consulta al/a la Juez/a de Vigilancia Penitenciaria del establecimiento si hubiere lugar a ello.
C) El/la Director/a del establecimiento, previa consulta al Centro Directivo si hubiere lugar a ello.
D) El/la Subdirector/a de Tratamiento, previa consulta a la Dirección del establecimiento si hubiere lugar a ello.
Correcta: C)
ART. 161. 4 RP. En los supuestos de urgencia, el permiso extraordinario podrá ser autorizado por el Director del Establecimiento, previa consulta al Centro Directivo si hubiere lugar a ello, y sin perjuicio de comunicar a la Junta de Tratamiento la autorización concedida.
116. La Sala que conoce de las recusaciones formuladas contra el/la Presidente/a del Tribunal Superior de Justicia, estará formada por:
A) Los/as Presidentes/as de Sala y el/la Magistrado/a más antiguo/a de cada una de ellas.
B) El/la Presidente/a y los/as Presidentes/as de Sala, exclusivamente.
C) El/la Presidente/a, los/as Presidentes/as de Sala y el/la Magistrado/a más antiguo/a de cada una de ellas.
D) El/la Presidente/a, los/as Presidentes/as de Sala y el/la Magistrado/a más moderno/a de cada una de ellas.
Correcta: D)
ART. 77 LOPJ. Una Sala constituida por el Presidente del Tribunal Superior de Justicia, los Presidentes de Sala y el Magistrado más moderno de cada una de ellas conocerá de las recusaciones formuladas contra el Presidente, los Presidentes de Sala o de Audiencias Provinciales con sede en la Comunidad Autónoma o de dos o más Magistrados de una Sala o Sección o de una Audiencia Provincial.
117. Cuando el/la interno/a haya interpuesto recurso contra el acuerdo sancionador directamente ante el Juzgado de Vigilancia Penitenciaria, el/la Director/a deberá remitir el expediente disciplinario:
A) Al día siguiente, si se realiza en horario de oficina.
B) En el plazo máximo de cinco días.
C) El mismo día en que sea requerido por el órgano jurisdiccional.
D) En el plazo máximo de tres días.
Correcta: C)
ART. 249 RP. En el mismo día, bien de la notificación del acuerdo sancionador si se hubiese interpuesto el recurso en ese momento procedimental, bien de la entrega del escrito de recurso a funcionario del Establecimiento si fuese dentro del horario de oficina, o al día siguiente si se hubiese efectuado fuera de dicho horario, el Director del Establecimiento remitirá el expediente disciplinario al Juez de Vigilancia, teniendo en cuenta lo dispuesto en el artículo siguiente. Si el recurso hubiese sido interpuesto directamente ante el Juzgado de Vigilancia, el Director cumplimentará lo anterior en el mismo día en que sea requerido para ello por el titular de dicho órgano jurisdiccional.
118. El artículo 506 del Código Penal relativo a la usurpación de atribuciones, dispone que será castigado:
A) La autoridad o funcionario público que, careciendo de atribuciones para ello, dictare una disposición general o suspendiere su ejecución.
B) La autoridad o funcionario público que, teniendo atribuciones para ello, dictare una disposición general o suspendiere su ejecución.
C) El Juez o Magistrado que, teniendo atribuciones para ello, dictare una disposición general o suspendiere su ejecución.
D) La autoridad o funcionario público que, careciendo de atribuciones para ello, dictare una disposición general o suspendiere su ejecución, quedando exento de responsabilidad criminal en caso de que se retracte en tiempo y forma, manifestando la verdad para que surta efecto antes de que se dicte sentencia en el proceso de que se trate.
Correcta: A)
ART. 506 CP. La autoridad o funcionario público que, careciendo de atribuciones para ello, dictare una disposición general o suspendiere su ejecución, será castigado con la pena de prisión de uno a tres años, multa de seis a doce meses e inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de seis a doce años.
119. Por la realización de servicios en el ámbito penitenciario no relacionados con los cometidos del puesto de trabajo, que revistan una extraordinaria relevancia y denoten un alto espíritu de servicio, podrá concederse a los/as empleados/as públicos/as penitenciarios:
A) Medalla de Oro al Mérito Penitenciario.
B) Medalla de Plata al Mérito Social Penitenciario.
C) Medalla de Plata al Mérito Penitenciario.
D) Medalla de Oro al Mérito Social Penitenciario.
Correcta: A)
DA 3ª RP. 1. Los empleados públicos destinados en el ámbito de la Administración penitenciaria podrán ser premiados, previo expediente instruido al efecto para acreditar los méritos contraídos, con las siguientes recompensas, que se anotarán en sus expedientes personales y se acreditarán mediante diploma expedido a nombre del interesado por la autoridad que las conceda:
a) Mención honorífica, por la realización de actuaciones relevantes en el desempeño de las tareas asignadas, así como por la satisfactoria prestación de servicios en instituciones penitenciarias durante períodos prolongados de tiempo.
La mención honorífica se concederá por resolución de la Secretaría de Estado de Asuntos Penitenciarios.
b) Medalla de Oro al Mérito Penitenciario, por la realización de servicios en el ámbito penitenciario, relacionados o no con los cometidos del puesto de trabajo, que revistan una extraordinaria relevancia y denoten un alto espíritu de servicio.
Esta condecoración se otorgará por Orden del Ministro de Justicia e Interior y confiere a su titular el tratamiento de excelentísimo señor.
c) Medalla de Plata al Mérito Penitenciario, por la prestación de servicios de especial relevancia relacionados con la actividad penitenciaria de forma continuada que denoten superior iniciativa y dedicación.
d) Medalla de Bronce al Mérito Penitenciario, por la prestación de servicios relevantes relacionados con la actividad penitenciaria que denoten una especial iniciativa y dedicación sin que concurran los superiores merecimientos a que se refieren los párrafos a) y b).
120. Erving Goffman diferencia cuatro formas diferentes de adaptación al sistema de la institución por parte del/la interno/a. Si el/la interno/a hace de la institución “su mundo”, procurando vivir lo mejor posible dentro de las posibilidades de la institución, tratando de obtener el mayor número de las gratificaciones inmediatas existentes en la misma, hablamos de:
A) Conversión.
B) Colonización.
C) Rechazo.
D) Retirada.
Correcta: B)
En la teoría de Goffman, la “COLONIZACIÓN” se refiere a la adaptación del individuo a la vida en la institución mediante la aceptación de las reglas y normas, buscando maximizar su bienestar dentro de ese contexto específico.
PREGUNTAS DE RESERVA
121. La Disposición Transitoria segunda del Real Decreto 203/2021, de 30 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de actuación y funcionamiento del sector público por medios electrónicos determina en su apartado quinto, que, en el ámbito de la Administración General del Estado, los portales de internet muy reconocidos e identificables por los/as usuarios/as, creados antes de la entrada en vigor de dicho Real Decreto, se regirán por:
A) Las reglas aplicables en el momento de su creación en cuanto a nomenclatura, sin necesidad de que modifiquen el nombre del dominio de segundo nivel.
B) Las reglas aplicables en el momento de su creación en cuanto a nomenclatura, modificándose el nombre del dominio de segundo nivel.
C) Las nuevas reglas establecidas en dicho Real Decreto, en cuanto a nomenclatura, sin necesidad de que modifiquen el nombre del dominio de segundo nivel.
D) Las nuevas reglas establecidas en dicho Real Decreto, en cuanto a nomenclatura, modificándose el nombre del dominio de segundo nivel.
Correcta: A)
DT 2ª RD 203/21. 5. En el ámbito de la Administración General del Estado, los portales de internet muy reconocidos e identificables por los usuarios, creados antes de la entrada en vigor de este real decreto se regirán por las reglas aplicables en el momento de su creación en cuanto a nomenclatura, sin necesidad de que modifiquen el nombre del dominio de segundo nivel.
122. A tenor de lo establecido en el artículo 127.2 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, qué funciones NO están asignadas al Sistema Europeo de Bancos Centrales (SEBC):
A) Poseer y gestionar las reservas oficiales de divisas de los Estados miembros.
B) Informar regularmente al Consejo y la Comisión sobre la situación económica y financiera de los Estados miembros y de la Unión.
C) Definir y ejecutar la política monetaria de la Unión.
D) Promover el buen funcionamiento de los sistemas de pago.
Correcta: B)
ART. 127. 2 TFUE. Las funciones básicas que se llevarán a cabo a través del SEBC serán: — definir y ejecutar la política monetaria de la Unión, — realizar operaciones de divisas coherentes con las disposiciones del artículo 219, — poseer y gestionar las reservas oficiales de divisas de los Estados miembros, – promover el buen funcionamiento de los sistemas de pago.
123. Señale la respuesta INCORRECTA Según el Reglamento Penitenciario, la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, convocará anualmente el Premio Nacional Concepción Arenal de Periodismo Penitenciario. Las bases de este premio atenderán como criterios para la selección del/la premiado/a:
A) Al rigor informativo e interés divulgativo.
B) A la visibilidad de logros reeducativos o de reinserción social de las personas privadas de libertad.
C) A la profundidad y complejidad del análisis de la realidad penitenciaria que se hubiese llevado a cabo.
D) Al análisis de la política criminal y legislación penitenciaria.
Correcta: D)
DA 3ª RP. 4. Con carácter anual, la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias convocará la concesión del Premio Nacional Concepción Arenal de Periodismo Penitenciario a la persona o medio de comunicación que destaque por su especial dedicación al medio penitenciario, manifestada a través de una trayectoria sostenida en el tiempo o mediante la realización de uno o varios trabajos de investigación periodística de contrastada calidad informativa. De acuerdo con la orden ministerial que regule las bases de este premio, para la selección del beneficiario de la misma se aplicarán los criterios de rigor informativo; interés divulgativo; visibilización de políticas y logros reeducativos o de reinserción social de las personas privadas de libertad; y profundidad y complejidad del análisis de la realidad penitenciaria que se hubiera llevado a cabo. […].
SEGUNDA PARTE
SUPUESTO Nº1
La funcionaria V.R.V. perteneciente al Cuerpo de Ayudantes de Instituciones Penitenciarias y destinada en el centro penitenciario de Roquetas (Almería),donde ocupaba el puesto de trabajo de Jefa de Oficina dotado con nivel 20 de complemento de destino, reingresa al servicio activo el 2 de enero de 2023, tras dieciocho meses de excedencia por cuidado del padre de su pareja de hecho.
El miércoles, 8 de febrero de 2023, presenta al Jefe de Gabinete del centro, para su registro y tramitación, un escrito en el que, alegando su carácter víctima de violencia de género, solicita trasladó a cualquier puesto del centro penitenciario de Moguer (Huelva), por ser la localidad donde se encuentra su entorno familiar en el que se siente atendida y protegida. Acompaña a su escrito la resolución de medidas cautelares penales de protección dictadas por el Juzgado de Violencia de Género sobre la Mujer n°1 de Almería, consistentes en la prohibición de acercamiento a la víctima en un radio de 300 metros, el libro de familia de la pareja de hecho constituida y el certificado de empadronamiento de sus padres en la localidad de Moguer.
Al día siguiente, el Jefe de Gabinete requiere a V.R.V. para que aporte documentación que justifique la necesidad de la movilidad solicitada. Para ello, la interesada presenta el Atestado Policial 1254/2023, levantado en la Oficina de Denuncias y Atención al Ciudadano de Almería (ODAC), tras la denuncia por el episodio grave de malos tratos recibidos por parte de su pareja.
El centro penitenciario de Roquetas (Almería) remite la documentación presentada por V.R.V. a la Subdirección General de Recursos Humanos de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, que resuelve asignarle el puesto de Especialista de Oficinas, nivel 20, en el centro penitenciario de Moguer, al estar ocupadas todas las plazas que la Relación de Puestos de Trabajo de ese centro tiene adscritas para el puesto de Jefe/a de Oficinas, tomando posesión en su nuevo puesto de trabajo el 14 de marzo de 2023.
1. Concluido el procedimiento administrativo establecido para la movilidad de las empleadas públicas víctimas de violencia de género, qué carácter tendrá el puesto de trabajo asignado a V.R.V. en el centro penitenciario de Moguer:
A) Definitivo.
B) Adscripción provisional, de conformidad con el artículo 63 del Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, por proceder de un reingreso al servicio activo.
C) Comisión de servicios, hasta que recaiga resolución judicial firme que reconozca a la funcionaria su condición de víctima de violencia de género.
D) Atribución temporal de funciones, en aplicación del artículo 5.2.4 de la Resolución de 25 de noviembre de 2015, de la Secretaría de Estado de Administraciones Públicas, por la que se establece el procedimiento de movilidad de las empleadas públicas víctimas de violencia de género.
Correcta: A)
ART. 23 LO 1/2004. Las situaciones de violencia de género que dan lugar al reconocimiento de los derechos regulados en esta ley se acreditarán mediante una sentencia condenatoria por cualquiera de las manifestaciones de la violencia contra las mujeres previstas en esta ley, una orden de protección o cualquier otra resolución judicial que acuerde una medida cautelar a favor de la víctima, o bien por el informe del Ministerio Fiscal que indique la existencia de indicios de que la demandante es víctima de violencia de género. También podrán acreditarse las situaciones de violencia contra las mujeres mediante informe de los servicios sociales, de los servicios especializados, o de los servicios de acogida de la Administración Pública competente destinados a las víctimas de violencia de género, o por cualquier otro título, siempre que ello esté previsto en las disposiciones normativas de carácter sectorial que regulen el acceso a cada uno de los derechos y recursos.
En el caso de víctimas menores de edad, la acreditación podrá realizarse, además, por documentos sanitarios oficiales de comunicación a la Fiscalía o al órgano judicial.
El Gobierno y las comunidades autónomas, en el marco de la Conferencia Sectorial de Igualdad, diseñarán, de común acuerdo, los procedimientos básicos que permitan poner en marcha los sistemas de acreditación de las situaciones de violencia de género.
ART. 26 LO 1/2004. La acreditación de las circunstancias que dan lugar al reconocimiento de los derechos de movilidad geográfica de centro de trabajo, excedencia, y reducción o reordenación del tiempo de trabajo, se realizará en los términos establecidos en el artículo 23.
2. La documentación presentada por V.R.V., ante el requerimiento del Jefe de Gabinete del centro penitenciario de Roquetas, ¿se considera válida para acreditar la necesidad de la movilidad reclamada?
A) No es necesaria tal acreditación dada la existencia de una resolución dictada por una Autoridad Judicial, suficiente para justificar la necesidad de movilidad.
B) Sí, porque la violencia de género queda constatada en los malos tratos expuestos en un documento expedido por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.
C) No, porque la regulación administrativa requiere un informe de valoración policial del nivel de riesgo, al objeto de garantizar su seguridad.
D) No, porque sólo cabe una certificación expedida a tal efecto por la Unidad de Coordinación contra la Violencia sobre la Mujer de la Subdelegación del Gobierno de Almería.
Correcta: C)
ART. 66 TER RD 364/1995.
1. La funcionaria víctima de violencia de género que, para hacer efectiva su protección o el derecho a la asistencia social integral, se vea obligada a abandonar el puesto de trabajo donde venía prestando sus servicios podrá solicitar el traslado a un puesto de trabajo en distinta unidad administrativa, en la misma o en otra localidad.
En dicha solicitud se indicará la localidad o localidades a las que solicita el traslado, debiendo ir acompañada de copia de la orden de protección o, excepcionalmente hasta tanto se dicte la orden de protección, de informe del Ministerio Fiscal que indique la existencia de indicios de que la demandante es víctima de violencia de género.
2. Si concurrieran las circunstancias previstas legalmente, el órgano competente adjudicará un puesto propio de su cuerpo o escala, cuyo nivel de complemento de destino y específico no sea superior al del puesto de origen, dotado presupuestariamente, que se encuentre vacante y sea de necesaria provisión. La funcionaria deberá cumplir los requisitos previstos en la relación de puestos de trabajo.
La adscripción tendrá carácter definitivo cuando la funcionaria ocupara con tal carácter su puesto de origen y, en este supuesto, deberá permanecer un mínimo de dos años en su nuevo puesto, salvo en los supuestos previstos en el artículo 41.2 de este reglamento o en el caso de que la funcionaria se vea obligada a abandonar el puesto de trabajo por ser víctima de nuevo de violencia de género y así se acredite en la forma señalada en el párrafo segundo del apartado 1 de este artículo o si así se requiere para recibir la asistencia social integral. Estos traslados, cuando impliquen cambio de residencia, tendrán la consideración de forzosos.
El cese en el puesto de origen y la toma de posesión en el nuevo puesto de trabajo deberán producirse en el plazo de tres días hábiles si no implica cambio de residencia de la funcionaria, o de un mes si comporta cambio de residencia.
3. Serán competentes para resolver los órganos contemplados en el artículo 64.3 de este reglamento.
3. ¿Cuándo finalizaría el plazo que tiene V.R.V. para aportar la documentación justificativa de la necesidad de su traslado al centro penitenciario de Moquer?
A) El 14 de febrero de 2023, una vez agotado el plazo de 3 días hábiles.
B) El 16 de febrero de 2023, una vez agotado el plazo de 5 días hábiles.
C) El 23 de febrero de 2023, una vez agotado el plazo de 10 días hábiles.
D) El 3 de marzo de 2023, una vez agotado el plazo de 15 días hábiles.
Correcta: C)
ART. 66 TER RD 364/1995. 1. La funcionaria víctima de violencia de género que, para hacer efectiva su protección o el derecho a la asistencia social integral, se vea obligada a abandonar el puesto de trabajo donde venía prestando sus servicios podrá solicitar el traslado a un puesto de trabajo en distinta unidad administrativa, en la misma o en otra localidad.
En dicha solicitud se indicará la localidad o localidades a las que solicita el traslado, debiendo ir acompañada de copia de la orden de protección o, excepcionalmente hasta tanto se dicte la orden de protección, de informe del Ministerio Fiscal que indique la existencia de indicios de que la demandante es víctima de violencia de género.
2. Si concurrieran las circunstancias previstas legalmente, el órgano competente adjudicará un puesto propio de su cuerpo o escala, cuyo nivel de complemento de destino y específico no sea superior al del puesto de origen, dotado presupuestariamente, que se encuentre vacante y sea de necesaria provisión. La funcionaria deberá cumplir los requisitos previstos en la relación de puestos de trabajo.
La adscripción tendrá carácter definitivo cuando la funcionaria ocupara con tal carácter su puesto de origen y, en este supuesto, deberá permanecer un mínimo de dos años en su nuevo puesto, salvo en los supuestos previstos en el artículo 41.2 de este reglamento o en el caso de que la funcionaria se vea obligada a abandonar el puesto de trabajo por ser víctima de nuevo de violencia de género y así se acredite en la forma señalada en el párrafo segundo del apartado 1 de este artículo o si así se requiere para recibir la asistencia social integral. Estos traslados, cuando impliquen cambio de residencia, tendrán la consideración de forzosos.
El cese en el puesto de origen y la toma de posesión en el nuevo puesto de trabajo deberán producirse en el plazo de tres días hábiles si no implica cambio de residencia de la funcionaria, o de un mes si comporta cambio de residencia.
3. Serán competentes para resolver los órganos contemplados en el artículo 64.3 de este reglamento.
4. ¿Es correcto el puesto de trabajo de Especialista de Oficinas, nivel 20, asignado a la funcionaria V.R.V. en el centro penitenciario de Moguer?
A) No, porque, en todo caso, debe asignársele el mismo puesto que ocupa.
B) Sí, por pertenecer a la misma área funcional que el puesto de trabajo de origen, Jefa de Oficinas.
C) Si, al encontrarse comprendido en el intervalo de niveles de complemento de destino correspondientes al Cuerpo de Ayudantes de Instituciones Penitenciarias.
D) No, porque la funcionaria no cumple todos los requisitos propios del puesto de trabajo asignado.
Correcta: D)
ART. 66 TER RD 364/1995.
1. La funcionaria víctima de violencia de género que, para hacer efectiva su protección o el derecho a la asistencia social integral, se vea obligada a abandonar el puesto de trabajo donde venía prestando sus servicios podrá solicitar el traslado a un puesto de trabajo en distinta unidad administrativa, en la misma o en otra localidad.
En dicha solicitud se indicará la localidad o localidades a las que solicita el traslado, debiendo ir acompañada de copia de la orden de protección o, excepcionalmente hasta tanto se dicte la orden de protección, de informe del Ministerio Fiscal que indique la existencia de indicios de que la demandante es víctima de violencia de género.
2. Si concurrieran las circunstancias previstas legalmente, el órgano competente adjudicará un puesto propio de su cuerpo o escala, cuyo nivel de complemento de destino y específico no sea superior al del puesto de origen, dotado presupuestariamente, que se encuentre vacante y sea de necesaria provisión. La funcionaria deberá cumplir los requisitos previstos en la relación de puestos de trabajo.
La adscripción tendrá carácter definitivo cuando la funcionaria ocupara con tal carácter su puesto de origen y, en este supuesto, deberá permanecer un mínimo de dos años en su nuevo puesto, salvo en los supuestos previstos en el artículo 41.2 de este reglamento o en el caso de que la funcionaria se vea obligada a abandonar el puesto de trabajo por ser víctima de nuevo de violencia de género y así se acredite en la forma señalada en el párrafo segundo del apartado 1 de este artículo o si así se requiere para recibir la asistencia social integral. Estos traslados, cuando impliquen cambio de residencia, tendrán la consideración de forzosos.
El cese en el puesto de origen y la toma de posesión en el nuevo puesto de trabajo deberán producirse en el plazo de tres días hábiles si no implica cambio de residencia de la funcionaria, o de un mes si comporta cambio de residencia.
3. Serán competentes para resolver los órganos contemplados en el artículo 64.3 de este reglamento.
5. La resolución de traslado de V.R.V. al centro penitenciario de Moguer deberá comunicarse a:
A) La Subdirección General de Recursos Humanos del Ministerio del Interior.
B) La Dirección General de la Función Pública.
C) La Unidad de Igualdad de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias.
D) La Comisión Interministerial de Retribuciones.
Correcta: B)
RESOLUCIÓN 25/11/2015. ART. 3. 3.2 El traslado por violencia de género tendrá la consideración de traslado forzoso. Los gastos e indemnizaciones que, en su caso, correspondan a la empleada pública serán a cargo del Ministerio, Organismo, Agencia o Entidad en el que se encontrara destinada en el momento de efectuarse la movilidad a través de cualquiera de los procedimientos previstos en la presente Resolución.
3.3 En el procedimiento regulado en la presente Resolución se protegerá la intimidad y dignidad de las empleadas públicas, en especial sus datos personales, los de sus familiares y los de cualquier persona que esté bajo su tutela, guarda o custodia.
3.4 Las anotaciones de los actos administrativos que deban realizarse en el Registro Central de Personal derivados de la protección o asistencia social integral de estas empleadas públicas, se realizarán de manera que no trascienda la existencia de una forma especial de movilidad o cualquier otro dato del que pueda deducirse su situación.
3.5 En todo caso, para poder establecer las necesarias cautelas en orden a su protección, los centros gestores de personal deberán comunicar al Registro Central de Personal, en la forma en que éste establezca, la condición de personal protegido de estas empleadas públicas. En ese momento, el Registro Central de Personal incorporará las medidas necesarias para restringir los accesos a la información sobre ellas públicas en las consultas a su sistema de información y en las búsquedas en el Directorio de la Administración General del Estado realizadas en el Portal Funciona.
3.6 Cuando la movilidad por violencia de género se efectúe mediante un cambio de adscripción del puesto que ocupa la solicitante, deberá quedar constancia registral de la naturaleza especial que ha motivado la utilización de esta figura de provisión, resultando de aplicación a todos los efectos lo dispuesto en la presente Resolución en lo concerniente a su especial protección registral.
3.7 Los órganos competentes deberán poner en conocimiento de la Dirección General de la Función Pública todas las actuaciones que afecten a la movilidad de las empleadas públicas víctimas de violencia de género.
SUPUESTO Nº2
En el centro penitenciario de La Gomera se produce una agresión por parte del interno S.M.T. al interno T.C.D. con un “pincho”, en el patio del módulo uno. Una vez reducido el interno S.M.T. por los funcionarios, trasladan a T.C.D. a la enfermería.
Ambos internos se encuentran clasificados en segundo grado de tratamiento.
1. Una vez examinado el interno T.C.D. por el médico del centro, se constata la gravedad de las heridas, que a su juicio requieren una valoración inmediata por un especialista. Dada la urgencia de la situación y conforme al artículo 35 del Reglamento Penitenciario:
A) El médico del centro solicitará al Centro Directivo el traslado del interno al hospital más cercano, poniéndolo en conocimiento del Director del centro penitenciario.
B) La Subdirectora Médica del centro solicitará al Centro Directivo el traslado del interno al hospital más cercano, poniéndolo en conocimiento del Juez de Vigilancia Penitenciaria.
C) El Director del centro penitenciario procederá a ordenar la conducción del interno al hospital, poniéndolo en conocimiento del Centro Directivo.
D) El Director del centro solicitará la autorización al Centro Directivo y al Juez de Vigilancia Penitenciaria para el traslado al hospital.
Correcta: C)
ART. 35 RP.
1. La salida de internos para consulta o ingreso, en su caso, en centros hospitalarios no penitenciarios será acordada por el centro directivo.
2. Acordada la conducción, el Director del establecimiento solicitará al Gobernador civil o, en su caso, órgano autonómico competente, la fuerza pública que deba realizar la conducción y encargarse de la posterior custodia del interno en el centro hospitalario no penitenciario, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 155.4.
3. En caso de urgencia, según dictamen médico, el Director procederá a la conducción e ingreso en el centro hospitalario, dando cuenta seguidamente al centro directivo.
2. Conforme a las circunstancias de la agresión, ¿sería posible en este caso la aplicación de aislamiento provisional del interno agresor?
A) Si, previa autorización del Director, y comunicación inmediata al Juzgado de Vigilancia Penitenciaria.
B) Sí, previa autorización del Jefe de Servicios, y comunicación inmediata al Centro Directivo.
C) Sí, previa autorización de la Jueza de Vigilancia Penitenciaria, con informe del Director y el médico del centro.
D) En este caso no cabe la aplicación de ningún medio coercitivo hasta que la Comisión Disciplinaria tenga conocimiento de los hechos.
Correcta: A)
ART. 72 RP. 3. La utilización de los medios coercitivos será previamente autorizada por el Director, salvo que razones de urgencia no lo permitan, en cuyo caso se pondrá en su conocimiento inmediatamente. El Director comunicará inmediatamente al Juez de Vigilancia la adopción y cese de los medios coercitivos, con expresión detallada de los hechos que hubieran dado lugar a dicha utilización y de las circunstancias que pudiesen aconsejar su mantenimiento.
3. Como consecuencia de las lesiones, el interno T.C.D. fallece. La familia, al no disponer de medios económicos, solicita al centro penitenciario una ayuda para los gastos funerarios, por importe de 1.750 euros. Conforme a la normativa reguladora, el órgano competente para la instrucción del procedimiento de concesión de la ayuda para gastos funerarios es:
A) La Junta de Tratamiento.
B) El Servicio Social Penitenciario.
C) La Comisión Disciplinaria.
D) La Junta Económico-Administrativa.
Correcta: B)
INT 3688/2007. 5. Gastos funerarios. Órgano instructor: Servicio Social Penitenciario.
4. La oficina de administración del centro penitenciario tramitará el pago de la ayuda para los gastos funerarios como:
A) Anticipo de caja fija.
B) Compensación de deudas.
C) Libramiento de reposición de fondos.
D) Pagos a justificar.
Correcta: D)
INT 3688/2007. 9. Pago y justificación de las ayudas. El gasto derivado de estas ayudas será imputado al concepto presupuestario 16.05.133A.482, hasta el máximo del importe del crédito presupuestario disponible. 5. Gastos funerarios. Justificación: Informe Social favorable.
5. Respecto de las fases del procedimiento de la gestión de los gastos recogidas en el artículo 73 de la Ley General Presupuestaria, no tendrá competencia el Director del centro, respecto del concepto 482 del capítulo IV, para:
A) La aprobación del gasto, hasta un límite máximo de 120.000 euros.
B) El reconocimiento de la obligación, hasta un límite máximo de 120.000 euros.
C) La ordenación del pago, hasta un límite máximo de 120.000 euros.
D) El compromiso del gasto, hasta un límite máximo de 120.000 euros.
Correcta: C)
ART. 73 LGP. 1. La gestión del Presupuesto de gastos del Estado, de sus organismos autónomos y de las entidades integrantes del sector público estatal con presupuesto limitativo, así como, de las Entidades gestoras y Servicios comunes de la Seguridad Social se realizará a través de las siguientes fases:
a) Aprobación del gasto.
b) Compromiso de gasto.
c) Reconocimiento de la obligación.
d) Ordenación del pago.
e) Pago material.
Art. 75 LGP.
1. Bajo la superior autoridad del Ministro de Economía, competen al Director General del Tesoro y Política Financiera las funciones de Ordenador General de pagos del Estado.
2. De igual forma, bajo la superior autoridad del Ministro de Trabajo y Asuntos Sociales, competen al Director General de la Tesorería General de la Seguridad Social las funciones de Ordenador general de pagos de las Entidades gestoras y Servicios comunes de la Seguridad Social.
3. Las órdenes de pago se expedirán a favor del acreedor que figura en la correspondiente propuesta de pago si bien, por Orden del Ministro de Economía, se podrán regular los supuestos en que puedan expedirse a favor de Habilitaciones, Cajas pagadoras o Depositarías de fondos, así como entidades colaboradoras de conformidad con la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y otros agentes mediadores en el pago, que actuarán como intermediarias para su posterior entrega a los acreedores.
4. Los Ministros de Economía y de Trabajo y Asuntos Sociales, en los ámbitos de sus respectivas competencias, podrán disponer la modificación o eliminación de cualquiera de los procedimientos de pago a través de intermediario señalados en el apartado anterior.
SUPUESTO Nº3
El interno de nacionalidad francesa K.B. fue destinado el 5 de noviembre de 2022 al Centro de Inserción Social (en adelante CIS) de Somosierra (Madrid), en virtud de su progresión a tercer grado, con el fin de que terminara de cumplir, en la modalidad de régimen abierto prevista en el artículo 82.1 del Reglamento Penitenciario, los cinco meses que le restaban de una condena de prisión de cinco años.
Al reingreso de su primer permiso de fin de semana el lunes 14 de noviembre de 2022, se le intervinieron diversas sustancias estupefacientes en cantidad suficiente como para presumir su destino al tráfico. Cuando el funcionario procedió a retirarlas, el interno se abalanzó sobre él y le agredió, tirándolo al suelo de un empujón.
Como consecuencia de estos hechos, la Directora del CIS propuso formalmente ese mismo día, al Centro Directivo, su regresión urgente a primer grado. Cinco días antes de su licenciamiento definitivo, previsto para el día 5 de abril de 2023, el Centro Directivo acordó regresar al interno a primer grado.
Previamente, el interno había solicitado cumplir el resto de su condena en su país y, además, tenía pendiente de resolución otra propuesta, elevada al Juez de Vigilancia Penitenciaria, para que, conforme al artículo 89 del Código Penal, se sustituyera el periodo de cumplimiento en tercer grado por la expulsión a Francia.
1. Respecto de los hechos que motivaron su regresión a primer grado:
A) Sólo se le podría haber regresado a primer grado por la agresión al funcionario, nunca por la intervención de sustancias.
B) Sólo se le podría haber regresado a primer grado si las sustancias intervenidas hubieran sido de las que causan grave daño a la salud.
C) Sólo se le podría haber regresado a primer grado una vez acordada la regresión a segundo grado.
D) La regresión a primer grado sólo estaría justificada si de los hechos cometidos quedara acreditada la extrema peligrosidad del interno o su manifiesta inadaptación a los regímenes ordinario y abierto.
Correcta: D)
ART. 10 LOGP. Uno. No obstante lo dispuesto en el número Uno del artículo anterior, existirán establecimientos de cumplimiento de régimen cerrado o departamentos especiales para los penados calificados de peligrosidad extrema o para casos de inadaptación a los regímenes ordinario y abierto, apreciados por causas objetivas en resolución motivada, a no ser que el estudio de la personalidad del sujeto denote la presencia de anomalías o deficiencias que deban determinar su destino al centro especial correspondiente.
Dos. También podrán ser destinados a estos establecimientos o departamentos especiales con carácter de excepción y absoluta separación de los penados, dando cuenta a la autoridad judicial correspondiente, aquellos internos preventivos en los que concurran las circunstancias expresadas en el número anterior, entendiéndose que la inadaptación se refiere al régimen propio de los establecimientos de preventivos.
Tres. El régimen de estos centros se caracterizará por una limitación de las actividades en común de los internos y por un mayor control y vigilancia sobre los mismos en la forma que reglamentariamente se determine.
La permanencia de los internos destinados a estos centros será por el tiempo necesario hasta tanto desaparezcan o disminuyan las razones o circunstancias que determinaron su ingreso.
2. La propuesta de regresión elevada por la Directora del CIS:
A) Fue la apropiada según las funciones atribuidas a la Directora en los artículos 280 y 95.3 del Reglamento Penitenciario, al tratarse de circunstancias excepcionales y de urgente necesidad.
B) La propuesta de regresión debió hacerla la Junta de Tratamiento, conforme al Reglamento Penitenciario.
C) La propuesta de regresión debió hacerla el Equipo Técnico, previo informe del/la Jefe/a de Servicios.
D) Al tener una propuesta de expulsión conforme al artículo 89 del Código Penal, pendiente de resolución por el Juez de Vigilancia Penitenciaria, debió remitirse a dicha autoridad la propuesta de regresión de grado, asegurando la custodia del interno conforme al artículo 108.3 del Reglamento Penitenciario.
Correcta: B)
ART. 95 RP. 1. El traslado de un penado desde un Establecimiento de régimen ordinario o abierto a un Establecimiento de régimen cerrado o a uno de los departamentos especiales contemplados en este Capítulo, competerá al Centro Directivo mediante resolución motivada, previa propuesta razonada de la Junta de Tratamiento contenida en el ejemplar de clasificación o, en su caso, en el de regresión de grado. De este acuerdo se dará conocimiento al Juez de Vigilancia Penitenciaria dentro de las setenta y dos horas siguientes a su adopción.
3. En relación a la resolución de regresión dictada por el Centro Directivo:
A) La propuesta sería nula de pleno derecho al provenir de un órgano manifiestamente incompetente, por ol que nunca debió dictarse tal resolución de regresión.
B) La dictó el órgano competente dentro del plazo legalmente establecido en el artículo 103.4 y 103.6 del Reglamento Penitenciario.
C) Debió ser notificada además al Tribunal sentenciador.
D) Debió contener un estudio de la personalidad del sujeto si se hubiera detectado la presencia de anomalías o deficiencias, conforme al artículo 10 del Reglamento Penitenciario.
Correcta: A)
ART. 47 LEY 39/2015.
1. Los actos de las Administraciones Públicas son nulos de pleno derecho en los casos siguientes:
a) Los que lesionen los derechos y libertades susceptibles de amparo constitucional.
b) Los dictados por órgano manifiestamente incompetente por razón de la materia o del territorio.
c) Los que tengan un contenido imposible.
d) Los que sean constitutivos de infracción penal o se dicten como consecuencia de ésta.
e) Los dictados prescindiendo total y absolutamente del procedimiento legalmente establecido o de las normas que contienen las reglas esenciales para la formación de la voluntad de los órganos colegiados.
f) Los actos expresos o presuntos contrarios al ordenamiento jurídico por los que se adquieren facultades o derechos cuando se carezca de los requisitos esenciales para su adquisición.
g) Cualquier otro que se establezca expresamente en una disposición con rango de Ley.
2. También serán nulas de pleno derecho las disposiciones administrativas que vulneren la Constitución, las leyes u otras disposiciones administrativas de rango superior, las que regulen materias reservadas a la Ley, y las que establezcan la retroactividad de disposiciones sancionadoras no favorables o restrictivas de derechos individuales.
4. En relación a la propuesta para acogerse a lo dispuesto en el artículo 89 del Código Penal:
A) Es correcta, al haberse remitido al Juez de Vigilancia Penitenciaria, que es el encargado de velar por la ejecución de las penas, según el artículo 76 de la Ley Orgánica General Penitenciaria y no haberse pronunciado el Tribunal sentenciador al respecto en el testimonio de sentencia.
B) Es Correcta, porque al no ser nacional español se le puede sustituir, en cualquier caso el resto de la condena por la expulsión.
C) Es incorrecta, porque al interno le habrían tenido que restar al menos seis meses de cumplimiento de condena.
D) Es incorrecta, porque la sustitución no compete al Juez de Vigilancia Penitenciaria.
Correcta: D)
ART. 89 CP.
1. Las penas de prisión de más de un año impuestas a un ciudadano extranjero serán sustituidas por su expulsión del territorio español. Excepcionalmente, cuando resulte necesario para asegurar la defensa del orden jurídico y restablecer la confianza en la vigencia de la norma infringida por el delito, el juez o tribunal podrá acordar la ejecución de una parte de la pena que no podrá ser superior a dos tercios de su extensión, y la sustitución del resto por la expulsión del penado del territorio español. En todo caso, se sustituirá el resto de la pena por la expulsión del penado del territorio español cuando aquél acceda al tercer grado o le sea concedida la libertad condicional.
2. Cuando hubiera sido impuesta una pena de más de cinco años de prisión, o varias penas que excedieran de esa duración, el juez o tribunal acordará la ejecución de todo o parte de la pena, en la medida en que resulte necesario para asegurar la defensa del orden jurídico y restablecer la confianza en la vigencia de la norma infringida por el delito. En estos casos, se sustituirá la ejecución del resto de la pena por la expulsión del penado del territorio español, cuando el penado cumpla la parte de la pena que se hubiera determinado, acceda al tercer grado o se le conceda la libertad condicional.
3. El juez o tribunal resolverá en sentencia sobre la sustitución de la ejecución de la pena siempre que ello resulte posible. En los demás casos, una vez declarada la firmeza de la sentencia, se pronunciará con la mayor urgencia, previa audiencia al Fiscal y a las demás partes, sobre la concesión o no de la sustitución de la ejecución de la pena.
4. No procederá la sustitución cuando, a la vista de las circunstancias del hecho y las personales del autor, en particular su arraigo en España, la expulsión resulte desproporcionada.
La expulsión de un ciudadano de la Unión Europea solamente procederá cuando represente una amenaza grave para el orden público o la seguridad pública en atención a la naturaleza, circunstancias y gravedad del delito cometido, sus antecedentes y circunstancias personales.
Si hubiera residido en España durante los diez años anteriores procederá la expulsión cuando además:
a) Hubiera sido condenado por uno o más delitos contra la vida, libertad, integridad física y libertad e indemnidad sexuales castigados con pena máxima de prisión de más de cinco años y se aprecie fundadamente un riesgo grave de que pueda cometer delitos de la misma naturaleza.
b) Hubiera sido condenado por uno o más delitos de terrorismo u otros delitos cometidos en el seno de un grupo u organización criminal.
En estos supuestos será en todo caso de aplicación lo dispuesto en el apartado 2 de este artículo.
5. El extranjero no podrá regresar a España en un plazo de cinco a diez años, contados desde la fecha de su expulsión, atendidas la duración de la pena sustituida y las circunstancias personales del penado.
6. La expulsión llevará consigo el archivo de cualquier procedimiento administrativo que tuviera por objeto la autorización para residir o trabajar en España.
7. Si el extranjero expulsado regresara a España antes de transcurrir el período de tiempo establecido judicialmente, cumplirá las penas que fueron sustituidas, salvo que, excepcionalmente, el juez o tribunal, reduzca su duración cuando su cumplimiento resulte innecesario para asegurar la defensa del orden jurídico y restablecer la confianza en la norma jurídica infringida por el delito, en atención al tiempo transcurrido desde la expulsión y las circunstancias en las que se haya producido su incumplimiento.
No obstante, si fuera sorprendido en la frontera, será expulsado directamente por la autoridad gubernativa, empezando a computarse de nuevo el plazo de prohibición de entrada en su integridad.
8. Cuando, al acordarse la expulsión en cualquiera de los supuestos previstos en este artículo, el extranjero no se encuentre o no quede efectivamente privado de libertad en ejecución de la pena impuesta, el juez o tribunal podrá acordar, con el fin de asegurar la expulsión, su ingreso en un centro de internamiento de extranjeros, en los términos y con los límites y garantías previstos en la ley para la expulsión gubernativa.
En todo caso, si acordada la sustitución de la pena privativa de libertad por la expulsión, ésta no pudiera llevarse a efecto, se procederá a la ejecución de la pena originariamente impuesta o del período de condena pendiente, o a la aplicación, en su caso, de la suspensión de la ejecución de la misma.
9. No serán sustituidas las penas que se hubieran impuesto por la comisión de los delitos a que se refieren los artículos 177 bis, 312, 313 y 318 bis.
5. Si por hechos acaecidos durante el disfrute de un permiso, a K.B. se le hubiera decretado prisión preventiva antes de finalizar el cumplimiento de la condena:
A) La propuesta de regresión a primer grado se debería remitir para su resolución a la autoridad judicial a cuya disposición quedase el interno.
B) No se le podría aplicar el régimen cerrado al quedar suspensa la clasificación del interno.
C) Se le podría aplicar el régimen cerrado a propuesta de la Junta de Tratamiento, para cuyo acuerdo se requeriría, entre otros, el informe razonado del/la Jefe/a de Servicios.
D) El acuerdo en este caso lo debería adoptar el Consejo de Dirección al tratarse de un interno preventivo.
Correcta: C)
ART. 96 RP.
1. Con carácter general, el régimen de los detenidos y presos será el previsto en el Capítulo II de este Título.
2. No obstante lo anterior, conforme a lo establecido en el artículo 10 de la Ley Orgánica General Penitenciaria, serán de aplicación, a propuesta de la Junta de Tratamiento y con la aprobación del Centro Directivo, las normas previstas para los Establecimientos de cumplimiento de régimen cerrado a los detenidos y presos, cuando se trate de internos extremadamente peligrosos o manifiestamente inadaptados al régimen ordinario.
3. La peligrosidad extrema o la inadaptación manifiesta se apreciarán ponderando la concurrencia de los factores a que se refiere el artículo 102.5 de este Reglamento, en cuanto sean aplicables a los internos preventivos.
SUPUESTO Nº4
A.M.S. es funcionaria del Cuerpo de Ayudantes de Instituciones Penitenciarias y, a resultas del último concurso general de provisión de puestos de trabajo, acaba de ser destinada al centro penitenciario de Roquetas de Mar (Almería), en el que ha obtenido el puesto de “Servicio Interior de Vigilancia Dos”. Dicha funcionaria cesó en su anterior destino el 17 de octubre de 2023 y, tras disfrutar del plazo posesorio, se ha incorporado a su nuevo puesto el 16 de noviembre de 2023. Ese mismo día se presenta e n la Oficina de habilitación y plantea una serie de cuestiones:
1. ¿Qué centro debe abonarle las retribuciones correspondientes al plazo posesorio?
A) El centro donde cesa abona todo el plazo posesorio.
B) El centro de destino abona todo el plazo posesorio.
C) Hasta el 31 de octubre, el centro de cese y a partir del 1 de noviembre, el centro de destino.
D) El plazo posesorio no está retribuido.
Correcta: C)
Resolución 25/05/2010 SEHP. 2.3 Las retribuciones básicas y complementarias que se devenguen con carácter fijo y periodicidad mensual, se harán efectivas por mensualidades completas y con referencia a la situación y derechos del funcionario referidos al primer día hábil del mes a que correspondan, salvo en los siguientes casos, en que se liquidarán por días:
a) En el mes de toma de posesión del primer destino en un Cuerpo o Escala, en el de reingreso al servicio activo y en el de incorporación por conclusión de licencias sin derecho a retribución.
b) En el mes de iniciación de licencias sin derecho a retribución.
c) En el mes en que se produzca un cambio de puesto de trabajo que conlleve la adscripción a una Administración Pública distinta de la General del Estado, aunque no implique cambio de situación administrativa.
d) En el mes en que cese en el servicio activo, incluido el derivado de un cambio de Cuerpo o Escala de pertenencia, salvo que sea por motivos de fallecimiento, jubilación o retiro de funcionarios sujetos al régimen de Clases Pasivas del Estado, y en general en cualquier régimen de pensiones que se devenguen por mensualidades completas desde el primer día del mes siguiente al del nacimiento del derecho.
2. La funcionaria menciona que tiene autorizada una licencia de diez días sin derecho a retribución, del 2 al 1 de diciembre, y pregunta cómo afectará a su nómina en lo correspondiente al mes de diciembre:
A) Habrá que abonarle 21 días de nómina mensual, 173 de extra y 184 de paga adicional.
B) Habrá que abonarle 21 días de nómina mensual, 173 de extra y 174 de paga adicional.
C) Habrá que abonarle 21 días de nómina mensual, 183 de extra y 174 de paga adicional.
D) Habrá que abonarle 21 días de nómina mensual, 183 de extra y 51 de paga adicional.
Correcta: D)
Resolución 25/05/2010 SEHP. Dado que el artículo 28.Uno.B), letra d) de la Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2010, establece, con efectos de 1 de junio de 2010, la percepción del complemento específico en catorce mensualidades, pero sin modificación de su devengo, que seguirá siendo en doce, las reglas previstas en este apartado son de aplicación a este complemento, por lo que, en caso de cambio o cese del puesto de trabajo, se liquidará la parte que corresponda de la paga adicional, del mes de junio o diciembre según el semestre en el que se produzca el cambio, bien referida al primer día de mes hábil, bien por días, según dichas reglas y teniendo en cuenta lo indicado, en relación con sus cuantías, en el epígrafe A.1.2.b) de la presente Resolución.
En su caso, idéntica regla se aplicará para liquidar la cantidad correspondiente respecto de las citadas pagas adicionales en el nuevo puesto de trabajo.
2.4 Los funcionarios en cualquier situación administrativa en la que, de acuerdo con la normativa vigente aplicable en cada caso, tuvieran reconocido el derecho a la percepción de trienios percibirán, además, el importe de la parte proporcional que, por dicho concepto, corresponda a las pagas extraordinarias.
2.5 A los funcionarios en prácticas les será de aplicación, cuando proceda, lo previsto en el artículo 28.Siete de la Ley de Presupuestos para 2010.
2.6 Las pagas extraordinarias de los funcionarios del Estado se devengarán el primer día hábil de los meses de junio y diciembre y con referencia a la situación y derechos del funcionario en dichas fechas, salvo en los siguientes casos:
a) Cuando el tiempo de servicios prestados hasta el día en que se devengue la paga extraordinaria no comprenda la totalidad de los seis meses inmediatos anteriores a los meses de junio o diciembre, el importe de la paga extraordinaria se reducirá proporcionalmente, computando cada día de servicios prestados en el importe resultante de dividir la cuantía de la paga extraordinaria que en la fecha de su devengo hubiera correspondido por un periodo de seis meses entre 182 (183 en años bisiestos) ó 183 días, respectivamente.
3. A.M.S. presenta al funcionario encargado de la Oficina de habilitación una de sus últimas nóminas de su anterior centro y le pregunta por un concepto en el que nunca había reparado, el MEI:
A) Se trata del Mecanismo de Equidad Intergeneracional y es una deducción formalizable.
B) Se trata del Mecanismo de Equidad Intergeneracional y es una deducción no formalizable.
C) Se trata del Mecanismo de Equidad Intergeneracional y es una retribución básica.
D) También se le conoce como “Complemento del Siglo XXI”
Correcta: B)
RDL 2/2023, 16 MARZO. 1. Con el fin de preservar el equilibrio entre generaciones y fortalecer la sostenibilidad del sistema de la Seguridad Social a largo plazo, se establece un Mecanismo de Equidad Intergeneracional consistente en una cotización finalista aplicable en todos los regímenes y en todos los supuestos en los que se cotice por la contingencia de jubilación, que no será computable a efectos de prestaciones y que nutrirá el Fondo de Reserva de la Seguridad Social.
La cotización será de 1,2 puntos porcentuales. En el supuesto de trabajadores por cuenta ajena un punto porcentual corresponderá a la empresa y 0,2 puntos porcentuales al trabajador. En el caso de que se modifique la estructura de distribución de la cotización entre empresa y trabajador por contingencias comunes esta cotización finalista se ajustará a la nueva estructura.
2. La cotización adicional finalista que nutrirá el Fondo de Reserva de la Seguridad Social no podrá ser objeto de bonificación, reducción, exención o deducción alguna. De igual forma no podrá ser objeto de disminución por la aplicación de coeficientes u otra fórmula que disminuya la cotización ni por cualquier otras variables que puedan resultar de aplicación respecto de las aportaciones empresariales o de los trabajadores, en función de las condiciones de cotización aplicables a los mismos por su inclusión en cualesquiera de los regímenes y sistemas especiales de la Seguridad Social, o en función de las situaciones de alta o asimilada al alta que determine la obligación de ingreso de cuotas, así como del sujeto responsable del ingreso de las mismas, salvo lo previsto para los trabajadores de los grupos segundo y tercero del artículo 10 de la Ley 47/2015, de 21 de octubre, reguladora de la protección social de las personas trabajadoras del sector marítimo-pesquero.»
4. Además, ha solicitado un pabellón de los que dispone el centro para su uso como vivienda de personal y, puesto que serán descontados de la nómina, quiere saber a qué gastos ha de hacer frente como usuaria del mismo:
A) Al canon mensual de uso.
B) A las cuotas acordadas por el Consejo de Dirección del centro.
C) A los gastos necesarios para uso y disfrute de zonas e instalaciones comunes.
D) A los gastos relativos al mantenimiento y conservación de elementos estructurales.
Correcta: A)
INT 1472/2009, DE 28 DE MAYO. 5. 1. Las aportaciones y los gastos que se generan en la gestión de este tipo de inmuebles destinados al personal no directivo se clasifican en tres grupos:
A cargo del usuario.
A cargo de la Administración.
Con cargo a la Comunidad de Usuarios.
1.1 A cargo del usuario. Son las siguientes:
a) El canon mensual de uso, cuyo importe se fija inicialmente en 120 € para los usuarios de pabellones-vivienda y 60 € para los usuarios de las residencias unipersonales.
Este canon se aplicará a todos los cesionarios, independientemente de que ya lo fueren con anterioridad a la entrada en vigor de la presente Orden, y será revisado anualmente aumentando en la misma proporción que el Índice de Precios al Consumo previsto señalado a final de cada año y que se hará público por Resolución del Director General de Gestión de Recursos.
b) Las cuotas correspondientes acordadas por la Comunidad de Usuarios.
c) Los gastos generales necesarios para mantener la vivienda en el mismo estado en que fue adjudicada.
d) Los gastos generales generados por el consumo individual de agua, luz, calefacción y cualquier otro suministro de análogas características.
5. A.M.S. tiene intención de afiliarse a una Organización Sindical, pero no sabe si es obligatorio el descuento en nómina o puede hacerlo ella misma a través de su banco:
A) El descuento de la cuota sindical en nómina es obligatorio para el trabajador cuando su sindicato tiene representación en el centro de trabajo.
B) El descuento de la cuota sindical en nómina es obligatorio tanto para el trabajador como para el empresario.
C) El descuento de la cuota sindical en nómina es optativo para el trabajador.
D) El descuento de la cuota sindical en nómina es optativo para el empresario.
Correcta: C)
El descuento de la cuota sindical en nómina es optativo para el trabajador.
SUPUESTO Nº5
Durante la madrugada del 14 de mayo de 2020, H.M.C. forzó con una palanca de hierro la puerta de acceso de la vivienda en la que se encontraba durmiendo su única moradora, C.G.M., anciana de 88 años de edad. Una vez dentro de la casa, H.M.C. procedió a sustraer dinero en un montante de 10.000 euros, gran cantidad de joyas, además de otros efectos de valor que se encontraban, sin custodiar en lugar seguro, dentro del inmueble.
Acto seguido, H.M.C. se abalanzó sobre C.G.M que se encontraba en la cama y, con ánimo de aumentar deliberadamente su dolor con padecimientos innecesarios, la golpeó con la palanca en cuarenta y tres ocasiones en el cráneo y en otras partes del cuerpo en diez ocasiones. A continuación, cogió del cuello a la anciana y la estranguló, causándole la muerte por la fractura de las estructuras laríngeas e infiltradas a nivel muscular de esa zona y por la asfixia ocasionada.
En el registro posterior de la vivienda de H.M.C. se recuperaron las joyas, otros objetos de valor, así como documentación personal de C.G.M
C.G.M medía 1,50 centímetros y pesaba unos 58 kilogramos, necesitaba un bastón para andar y tenía principios de demencia senil. Dada su avanzada edad, no tuvo posibilidad alguna de defensa que pusiera en riesgo la integridad de H.M.C, más joven que ella y de mayor superioridad física. La víctima tan sólo pudo oponer sus manos para intentar evitar los golpes continuos del agresor.
1. ¿Cómo tipificaría la agresión perpetrada por H.M.C. sobre C.G.M.?
A) Como un delito de asesinato sólo por alevosía.
B) Como un delito de asesinato por alevosía y ensañamiento.
C) Como un delito de asesinato sólo por ensañamiento.
D) Como un delito de homicidio agravado, previsto en el artículo 138.2.a)del Código Penal.
Correcta: B)
ART. 139 CP.
1. Será castigado con la pena de prisión de quince a veinticinco años, como reo de asesinato, el que matare a otro concurriendo alguna de las circunstancias siguientes:
1.ª Con alevosía.
2.ª Por precio, recompensa o promesa.
3.ª Con ensañamiento, aumentando deliberada e inhumanamente el dolor del ofendido.
4.ª Para facilitar la comisión de otro delito o para evitar que se descubra.
2. Cuando en un asesinato concurran más de una de las circunstancias previstas en el apartado anterior, se impondrá la pena en su mitad superior.
2. ¿Qué pena le correspondería a H.M.C. por la muerte de C.G.M.?
A) La pena superior en grado a la de prisión de diez a quince años.
B) La pena de prisión de quince a veinticinco años, en cualquier extensión.
C) La pena de prisión de quince a veinticinco años, que se impondría en su mitad superior.
D) La pena de prisión permanente revisable.
Correcta: D)
ART. 140 CP.
1. El asesinato será castigado con pena de prisión permanente revisable cuando concurra alguna de las siguientes circunstancias:
1.ª Que la víctima sea menor de dieciséis años de edad, o se trate de una persona especialmente vulnerable por razón de su edad, enfermedad o discapacidad.
2.ª Que el hecho fuera subsiguiente a un delito contra la libertad sexual que el autor hubiera cometido sobre la víctima.
3.ª Que el delito se hubiera cometido por quien perteneciere a un grupo u organización criminal.
2. Al reo de asesinato que hubiera sido condenado por la muerte de más de dos personas se le impondrá una pena de prisión permanente revisable. En este caso, será de aplicación lo dispuesto en la letra b) del apartado 1 del artículo 78 bis y en la letra b) del apartado 2 del mismo artículo.
3. ¿Cuál sería la pena superior en grado a la de prisión de diez a quince años?
A) De 15 años y 1 mes a 22 años y 6 meses.
B) De 15 años y 1 día a 22 años y 3 meses.
C) De 15 años y 1 día a 22 años y 6 meses.
D) De 15 años a 22 años y 3 meses.
Correcta: C)
ART. 70.1.1ª CP.
1. La pena superior e inferior en grado a la prevista por la ley para cualquier delito tendrá la extensión resultante de la aplicación de las siguientes reglas:
1.ª La pena superior en grado se formará partiendo de la cifra máxima señalada por la ley para el delito de que se trate y aumentando a ésta la mitad de su cuantía, constituyendo la suma resultante su límite máximo. El límite mínimo de la pena superior en grado será el máximo de la pena señalada por la ley para el delito de que se trate, incrementado en un día o en un día multa según la naturaleza de la pena a imponer.
4. ¿Cómo calificaría la sustracción por parte de H.M.C. del dinero, joyas y objetos de valor que estaban en la vivienda de C.G.M.?
A) Robo con fuerza en las cosas.
B) Hurto agravado.
C) Robo con violencia en casa habitada.
D) Robo con intimidación.
Correcta: C)
ART. 238 CP. Son reos del delito de robo con fuerza en las cosas los que ejecuten el hecho cuando concurra alguna de las circunstancias siguientes:
1.º Escalamiento.
2.º Rompimiento de pared, techo o suelo, o fractura de puerta o ventana.
3.º Fractura de armarios, arcas u otra clase de muebles u objetos cerrados o sellados, o forzamiento de sus cerraduras o descubrimiento de sus claves para sustraer su contenido, sea en el lugar del robo o fuera del mismo.
4.º Uso de llaves falsas.
5.º Inutilización de sistemas específicos de alarma o guarda.
5. ¿Qué intervalos de penas privativas de libertad serían aplicables a H.M.C. por el delito al que se refiere la pregunta anterior?
A) Prisión de uno a tres años.
B) Prisión de uno a cinco años.
C) Prisión de dos a seis años.
D) Prisión de tres años y seis meses a cinco años.
Correcta: D)
ART. 241 CP.
1. El robo cometido en casa habitada, edificio o local abiertos al público, o en cualquiera de sus dependencias, se castigará con una pena de prisión de dos a cinco años.
Si los hechos se hubieran cometido en un establecimiento abierto al público, o en cualquiera de sus dependencias, fuera de las horas de apertura, se impondrá una pena de prisión de uno a cinco años.
2. Se considera casa habitada todo albergue que constituya morada de una o más personas, aunque accidentalmente se encuentren ausentes de ella cuando el robo tenga lugar.
3. Se consideran dependencias de casa habitada o de edificio o local abiertos al público, sus patios, garajes y demás departamentos o sitios cercados y contiguos al edificio y en comunicación interior con él, y con el cual formen una unidad física.
4. Se impondrá una pena de dos a seis años de prisión cuando los hechos a que se refieren los apartados anteriores revistan especial gravedad, atendiendo a la forma de comisión del delito o a los perjuicios ocasionados y, en todo caso, cuando concurra alguna de las circunstancias expresadas en el artículo 235.
SUPUESTO Nº6
Al centro penitenciario de Buenavista (Salamanca), de reciente inauguración, ha sido destinado F.R.S., funcionario del Cuerpo Especial de Instituciones Penitenciarias, en calidad de Administrador. Su cometido inicial es dotar al centro de los elementos y servicios necesarios para su puesta en marcha efectiva antes de que lleguen tanto los/as internos/as como el grueso del personal penitenciario.
De entrada, urge la adhesión del centro a los grandes contratos centralizados de suministros, como los de gas o electricidad, pero también otros de gestión propia, como retirada de residuos, mensajería, limpieza de oficinas, etc., así como el acometimiento de pequeñas obras de reajuste de infraestructuras, participando F.R.S., en la redacción técnica de los contratos.
1. Para la gestión de los expedientes de suministros ha de tener en cuenta que la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, no considera contrato de suministros:
A) La adquisición de energía primaria o transformada.
B) La entrega de bienes de forma sucesiva y precio unitario.
C) La adquisición de programas de ordenador desarrollados a medida.
D) La fabricación, por los que la cosa o cosas que hayan de ser entregadas por el empresario deban ser elaboradas con arreglo a características peculiares fijadas previamente por la entidad contratante.
Correcta: C)
ART. 16 LCSP.
1. Son contratos de suministro los que tienen por objeto la adquisición, el arrendamiento financiero, o el arrendamiento, con o sin opción de compra, de productos o bienes muebles.
2. Sin perjuicio de lo dispuesto en la letra b) del apartado 3 de este artículo respecto de los contratos que tengan por objeto programas de ordenador, no tendrán la consideración de contrato de suministro los contratos relativos a propiedades incorporales o valores negociables.
3. En todo caso, se considerarán contratos de suministro los siguientes:
a) Aquellos en los que el empresario se obligue a entregar una pluralidad de bienes de forma sucesiva y por precio unitario sin que la cuantía total se defina con exactitud al tiempo de celebrar el contrato, por estar subordinadas las entregas a las necesidades del adquirente.
b) Los que tengan por objeto la adquisición y el arrendamiento de equipos y sistemas de telecomunicaciones o para el tratamiento de la información, sus dispositivos y programas, y la cesión del derecho de uso de estos últimos, en cualquiera de sus modalidades de puesta a disposición, a excepción de los contratos de adquisición de programas de ordenador desarrollados a medida, que se considerarán contratos de servicios.
c) Los de fabricación, por los que la cosa o cosas que hayan de ser entregadas por el empresario deban ser elaboradas con arreglo a características peculiares fijadas previamente por la entidad contratante, aun cuando esta se obligue a aportar, total o parcialmente, los materiales precisos.
d) Los que tengan por objeto la adquisición de energía primaria o energía transformada.
2. En relación con la limpieza de las zonas de oficinas del centro, F.R.S., propone elaborar un expediente de contrato menor de servicios, al considerar que su coste no supera el límite económico establecido, que en este caso debe ser inferior a:
A) 15.000 euros, IVA incluido.
B) 18.000 euros, IVA incluido.
C) 15.000 euros, IVA excluido.
D) 18.000 euros, IVA excluido.
Correcta: C)
ART. 118 LCSP.
1. Se consideran contratos menores los contratos de valor estimado inferior a 40.000 euros, cuando se trate de contratos de obras, o a 15.000 euros, cuando se trate de contratos de suministro o de servicios, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 229 en relación con las obras, servicios y suministros centralizados en el ámbito estatal.
2. En los contratos menores la tramitación del expediente exigirá la emisión de un informe del órgano de contratación justificando de manera motivada la necesidad del contrato y que no se está alterando su objeto con el fin de evitar la aplicación de los umbrales descritos en el apartado anterior.
3. Asimismo se requerirá la aprobación del gasto y la incorporación al mismo de la factura correspondiente, que deberá reunir los requisitos que las normas de desarrollo de esta Ley establezcan.
4. En el contrato menor de obras, deberá añadirse, además, el presupuesto de las obras, sin perjuicio de que deba existir el correspondiente proyecto cuando sea requerido por las disposiciones vigentes. Deberá igualmente solicitarse el informe de las oficinas o unidades de supervisión a que se refiere el artículo 235 cuando el trabajo afecte a la estabilidad, seguridad o estanqueidad de la obra.
5. Lo dispuesto en el apartado 2.º de este artículo no será de aplicación en aquellos contratos cuyo pago se verifique a través del sistema de anticipos de caja fija u otro similar para realizar pagos menores, siempre y cuando el valor estimado del contrato no exceda de 5.000 euros.
6. Los contratos menores se publicarán en la forma prevista en el artículo 63.4.
3. También inicia un expediente de contrato menor de obras para proceder a la división de despachos en la zona de los profesionales del área de intervención, para lo que se pone en contacto con varias empresas de la zona que remiten sus correspondientes ofertas. Para la tramitación de este tipo de expedientes no se exige:
A) El informe del órgano de contratación motivando la necesidad del contrato.
B) La incorporación de la factura correspondiente.
C) El presupuesto de las obras.
D) La constitución de garantía provisional por parte del adjudicatario.
Correcta: D)
ART. 118 LCSP.
1. Se consideran contratos menores los contratos de valor estimado inferior a 40.000 euros, cuando se trate de contratos de obras, o a 15.000 euros, cuando se trate de contratos de suministro o de servicios, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 229 en relación con las obras, servicios y suministros centralizados en el ámbito estatal.
2. En los contratos menores la tramitación del expediente exigirá la emisión de un informe del órgano de contratación justificando de manera motivada la necesidad del contrato y que no se está alterando su objeto con el fin de evitar la aplicación de los umbrales descritos en el apartado anterior.
3. Asimismo se requerirá la aprobación del gasto y la incorporación al mismo de la factura correspondiente, que deberá reunir los requisitos que las normas de desarrollo de esta Ley establezcan.
4. En el contrato menor de obras, deberá añadirse, además, el presupuesto de las obras, sin perjuicio de que deba existir el correspondiente proyecto cuando sea requerido por las disposiciones vigentes. Deberá igualmente solicitarse el informe de las oficinas o unidades de supervisión a que se refiere el artículo 235 cuando el trabajo afecte a la estabilidad, seguridad o estanqueidad de la obra.
5. Lo dispuesto en el apartado 2.º de este artículo no será de aplicación en aquellos contratos cuyo pago se verifique a través del sistema de anticipos de caja fija u otro similar para realizar pagos menores, siempre y cuando el valor estimado del contrato no exceda de 5.000 euros.
6. Los contratos menores se publicarán en la forma prevista en el artículo 63.4.
4. Para la adjudicación del resto de contratos, F.R.S. elegirá el procedimiento abierto simplificado, por lo que será necesario publicar el anuncio de licitación:
A) Únicamente en el perfil de contratante del órgano de contratación.
B) Únicamente en el Boletín Oficial de la Provincia.
C) Únicamente en el Boletín Oficial de la Comunidad Autónoma.
D) Únicamente en el Boletín Oficial del Estado.
Correcta: A)
ART. 159 LCSP.
1. Los órganos de contratación podrán acordar la utilización de un procedimiento abierto simplificado en los contratos de obras, suministro y servicios cuando se cumplan las dos condiciones siguientes:
a) Que su valor estimado sea igual o inferior a 2.000.000 de euros en el caso de contratos de obras, y en el caso de contratos de suministro y de servicios, que su valor estimado sea inferior a las cantidades establecidas en los artículos 21.1, letra a), y 22.1, letra a), de esta Ley, respectivamente, o a sus correspondientes actualizaciones.
b) Que entre los criterios de adjudicación previstos en el pliego no haya ninguno evaluable mediante juicio de valor o, de haberlos, su ponderación no supere el veinticinco por ciento del total, salvo en el caso de que el contrato tenga por objeto prestaciones de carácter intelectual, como los servicios de ingeniería y arquitectura, en que su ponderación no podrá superar el cuarenta y cinco por ciento del total.
2. El anuncio de licitación del contrato únicamente precisará de publicación en el perfil de contratante del órgano de contratación. Toda la documentación necesaria para la presentación de la oferta tiene que estar disponible por medios electrónicos desde el día de la publicación del anuncio en dicho perfil de contratante.
3. El plazo para la presentación de proposiciones no podrá ser inferior a quince días a contar desde el siguiente a la publicación en el perfil de contratante del anuncio de licitación. En los contratos de obras el plazo será como mínimo de veinte días.[…]
5. En cada uno de los procedimientos abiertos simplificados anteriores, la Mesa de contratación, con las limitaciones legalmente impuestas, se considerará válidamente constituida por:
A) El/la Presidente/a, el Administrador del centro al haber participado en la redacción de la documentación técnica del contrato, el/la Secretario/a, y un/a Vocal jurídico.
B) El/la Presidente/a, el/la Secretario y un/a Vocal con funciones de control económico-presupuestario.
C) El/la Presidente/a, el/la Secretario/a, un/a Vocal jurídico y un/a Vocal con funciones de control económico-presupuestario.
D) El/la Presidente/a, el/la Secretario/a, un/a Vocal con funciones de representación sindical y un/a Vocal jurídico.
Correcta: C)
Art. 326 LCSP. 6. Salvo lo dispuesto en el apartado 1 del presente artículo, la mesa de contratación que intervenga en el procedimiento abierto simplificado regulado en el artículo 159 de la presente Ley se considerará válidamente constituida si lo está por el Presidente, el Secretario, un funcionario de entre quienes tengan atribuido legal o reglamentariamente el asesoramiento jurídico del órgano de contratación y un funcionario que tenga atribuidas las funciones relativas a su control económico-presupuestario.
SUPUESTO Nº7
B.M.C. ingresa voluntariamente el día 15 de octubre de 2010 en el centro penitenciario de La Graciosa (Las Palmas) para cumplir una condena por un delito contra la salud pública de 7 años, 3 meses y 4 días, por un hecho delictivo cometido el 30 de enero de 2008. En su expediente constan dos periodos de prisión preventiva por otras causas, también contra la salud pública, con una duración el primero, de 4 meses y 15 días, por la que fue excarcelada el 26 de diciembre de 2007 y un segundo periodo de 1 año y 5 meses con fecha de excarcelación el 20 de noviembre de 2009. En ninguna de estas dos causas recayó sentencia condenatoria. La interna solicita ser clasificada directamente en tercer grado ya que ha estado llevando un tratamiento de deshabituación en un centro dependiente de la Administración Autonómica bajo supervisión de una Organización No Gubernamental antes de su ingreso y así dar continuidad lo antes posible a su tratamiento. No obstante, es clasificada inicialmente en segundo grado de tratamiento el 12 de enero de 2011 por acuerdo de la Junta de Tratamiento, con 6 votos a favor y 2 en contra.
Posteriormente, solicita a la Junta Económico-Administrativa ocupar un puesto de trabajo remunerado en cocina. Este órgano accede por existir plazas vacantes en el catálogo de puestos, ocupando la plaza hasta la suspensión de la relación laboral especial por traslado al centro penitenciario de Fuerteventura (Las Palmas) para diligencias judiciales, el 1 de mayo de 2011, reingresando el 30 de junio del mismo año. A su vuelta cursa instancia al Jefe de Área del Jefe Mixta-1 en su calidad de responsable de taller de alimentación, solicitando la reincorporación al puesto. Éste le informa que su puesto lo está desempeñando otra interna.
1. Indique qué periodo de prisión preventiva sería abonable en este supuesto:
A) Ninguno de los dos.
B) Ambos.
C) El periodo de 4 meses y 15 días.
D) El periodo de 1 año y 5 meses.
Correcta: D)
ART. 58 CP.
1. El tiempo de privación de libertad sufrido provisionalmente será abonado en su totalidad por el Juez o Tribunal sentenciador para el cumplimiento de la pena o penas impuestas en la causa en que dicha privación fue acordada, salvo en cuanto haya coincidido con cualquier privación de libertad impuesta al penado en otra causa, que le haya sido abonada o le sea abonable en ella. En ningún caso un mismo periodo de privación de libertad podrá ser abonado en más de una causa.
2. El abono de prisión provisional en causa distinta de la que se decretó será acordado de oficio o a petición del penado y previa comprobación de que no ha sido abonada en otra causa, por el Juez de Vigilancia Penitenciaria de la jurisdicción de la que dependa el centro penitenciario en que se encuentre el penado, previa audiencia del ministerio fiscal.
3. Sólo procederá el abono de prisión provisional sufrida en otra causa cuando dicha medida cautelar sea posterior a los hechos delictivos que motivaron la pena a la que se pretende abonar.
4. Las reglas anteriores se aplicarán también respecto de las privaciones de derechos acordadas cautelarmente.
2. Si la clasificación inicial se produjera a 1 de enero de 2024, ¿qué órgano sería competente para acordarla?
A) La Junta de Tratamiento del centro penitenciario, por delegación del titular de la Dirección General de Ejecución Penal y Reinserción Social según la Orden INT/131/2023, de 11 de febrero, modificativa de la Orden INT/985/2005, de 7 de abril.
B) La Dirección del centro penitenciario, por delegación del titular de la Dirección General de Ejecución Penal y Reinserción Social según la Orden INT/1127/2010, de 19 de abril modificativa de la Orden INT/985/2005, de 7 de abril.
C) La Dirección del centro penitenciario, por delegación del titular del Secretario General de Instituciones Penitenciarias, según la Orden INT/1127/2010, de 19 de abril modificativa de la Orden INT/985/2005, de 7 de abril.
D) La Dirección General de Ejecución Penal y Reinserción Social.
Correcta: D)
INT 985/2005. 9. Del titular de la Dirección General de Ejecución Penal y Reinserción Social, ejercerán las siguientes atribuciones respecto a los internos no vinculados a organizaciones terroristas o cuyos delitos no se hayan cometido en el seno de organizaciones criminales:
9.1 Acordar la clasificación inicial en segundo grado de tratamiento de los penados con condena superior a cinco años, siempre que el acuerdo de la Junta de Tratamiento se haya adoptado por unanimidad.
9.2 Dejar sin efecto la clasificación en grado de los penados en los supuestos legalmente establecidos.
9.3 Resolver las revisiones de grado interesadas por los internos al amparo del apartado segundo del artículo 105 del Reglamento Penitenciario, aprobado por el Real Decreto 190/1996, de 9 de febrero, siempre que el acuerdo de la Junta de Tratamiento de continuidad sea en segundo grado y se haya adoptado por unanimidad, debiendo además cumplir al menos una de las siguientes condiciones: Que no haya cumplido la mitad de una condena superior a cinco años, que tenga dos o más sanciones graves o muy graves sin cancelar o que le conste procedimiento penal pendiente de sustanciación.
9.4 Autorizar las diferentes formas de ejecución dentro del régimen abierto. En este caso, se delega también respecto a aquellos cuyos delitos se hayan cometido en el seno de organizaciones criminales.
9.5 Ordenar el traslado de los penados clasificados en tercer grado al centro de inserción social de la misma provincia, previa autorización del centro directivo.
9.6 Ordenar el traslado provisional de los penados desde el centro de inserción social al centro penitenciario de la misma provincia, en los supuestos de acuerdo de regresión a segundo grado adoptado por la Junta de Tratamiento.
9.7 Autorizar los permisos ordinarios de salida a los penados clasificados en tercer grado. En este caso, se delega también respecto a aquellos cuyos delitos se hayan cometido en el seno de organizaciones criminales.[…]
3. Conforme al artículo 182 del Reglamento Penitenciario, entre las condiciones que se requieren para autorizar la asistencia a centros de deshabituación, no se encuentra:
A) El programa de seguimiento de la penada, aprobado conjuntamente por el Consejo Social Penitenciario Local y el centro penitenciario.
B) El programa de deshabituación aprobado por la institución de acogida.
C) El consentimiento y compromiso expresos de la penada para observar el régimen de vida de la institución de acogida.
D) Aceptación previa por la penada de los controles fijados por el centro penitenciario.
Correcta: A)
ART. 182 RP. 2. La autorización estará sometida a las siguientes condiciones, que deberán constatarse en el protocolo del interno instruido al efecto:
a) Programa de deshabituación aprobado por la institución de acogida, que deberá contener el compromiso expreso de la institución de acoger al interno y de comunicar al Centro penitenciario las incidencias que surjan en el tratamiento.
b) Consentimiento y compromiso expresos del interno para observar el régimen de vida propio de la institución de acogida.
c) Programa de seguimiento del interno, aprobado conjuntamente por el Centro penitenciario y la institución de acogida, que deberá contener los controles oportunos establecidos por el Centro, cuya aceptación previa y expresa por el interno será requisito imprescindible para poder conceder la autorización.
4. Qué órgano es el competente para la adjudicación del puesto de trabajo en cocina:
A) La Junta Económico-Administrativa.
B) El/la Director/a como Delegado/a de la actual Entidad Estatal de Trabajo Penitenciario y Formación para el Empleo.
C) La Junta de Tratamiento.
D) El Jefe de Área Mixta, por delegación de la Junta Económico-Administrativa.
Correcta: C)
ART. 3 RD 782/2001.
1. El Organismo Autónomo Trabajo y Prestaciones Penitenciarias u órgano autonómico equivalente mantendrá una oferta de puestos de trabajo acorde con las disponibilidades económicas, ordenada en un catálogo y clasificada por actividades, especificando la formación requerida y las características de cada puesto.
2. El Organismo Autónomo Trabajo y Prestaciones Penitenciarias elaborará periódicamente la lista de puestos vacantes en los talleres productivos, detallando sus características. La Junta de Tratamiento, como órgano administrativo competente, adjudicará los puestos a los internos, siguiendo el siguiente orden de prelación:
1.º Los internos en cuyo programa individualizado de tratamiento se contemple el desarrollo de una actividad laboral.
2.º Los internos penados sobre los preventivos.
3.º La aptitud laboral del interno en relación con las características del puesto de trabajo.
4.º La conducta penitenciaria.
5.º El tiempo de permanencia en el establecimiento penitenciario.
6.º Las cargas familiares.
7.º La situación prevista en el artículo 14.1 de este Real Decreto.
5. Indique si B.M.C. tiene derecho a reincorporarse a su puesto de trabajo:
A) No, porque el puesto que desempeñaba está ocupado por otra interna.
B) No, porque se ha extinguido la relación laboral especial penitenciaria.
C) Tiene derecho a mantener la relación laboral especial penitenciaria, pero no en el mismo puesto de trabajo.
D) Si, tiene derecho atendiendo a las circunstancias descritas en el supuesto.
Correcta: D)
ART. 9 RD 782/2001.
1. La relación laboral especial penitenciaria podrá suspenderse por las siguientes causas:
a) Mutuo acuerdo de las partes.
b) Incapacidad temporal de los trabajadores penitenciarios.
c) Maternidad y riesgo durante el embarazo. En el supuesto de parto la suspensión tendrá una duración de dieciséis semanas ininterrumpidas, ampliables en el supuesto de parto múltiple en dos semanas más por cada hijo a partir del segundo, distribuidas antes o después del parto a opción de la interesada, siempre que seis semanas sean inmediatamente posteriores al mismo.
d) Fuerza mayor temporal.
2. Asimismo, la relación laboral especial penitenciaria podrá suspenderse por las siguientes causas:
a) Suspensión de empleo y sueldo por el cumplimiento de sanciones disciplinarias penitenciarias de aislamiento.
b) Razones de tratamiento apreciadas por la Junta de Tratamiento.
c) Por traslados de los internos siempre que la ausencia no sea superior a dos meses, así como durante el disfrute de los permisos o salidas autorizadas.
d) Razones de disciplina y seguridad penitenciaria.
3. La suspensión de la relación laboral exonerará de las obligaciones recíprocas de trabajar y de remunerar el trabajo. En estos supuestos, el Director del centro penitenciario podrá designar a otro interno trabajador para el desempeño del puesto de trabajo mientras dure la suspensión.
SUPUESTO Nº8
La funcionaria del Cuerpo de Ayudantes de Instituciones Penitenciarias Doña M.V.L., presenta en la oficina de personal del centro penitenciario de Écija (Sevilla), donde está destinada, una solicitud de asignación de un puesto de trabajo por razón de edad, al amparo de lo establecido en el Real Decreto 89/2001, de 2 de febrero, por el que se regula la asignación de puestos de trabajo a determinados funcionarios del Cuerpo Especial y del Cuerpo de Ayudantes de Instituciones Penitenciarias, y pide en dicho escrito que, debido a la situación de gran dependencia de su madre, que acredita documentalmente, el nuevo puesto le sea creado en el centro penitenciario de Cartagena (Murcia).
En el plazo legalmente establecido se resuelve favorablemente su petición de pase a segunda actividad, aunque no se accede al cambio de lugar de destino y se le mantiene en el centro penitenciario de Écija (Sevilla).
1. De conformidad con lo establecido en el Real Decreto 89/2001, de 2 de febrero, ¿es correcto asignar a la funcionaria M.L.V. el puesto de trabajo por razón de edad en el centro penitenciario de Écija, a pesar de los motivos expresados y acreditados en su solicitud?
A) No, porque los puestos de trabajo por razón de la edad deben asignarse siempre en la localidad solicitada por la peticionaria.
B) Sí, porque la preferencia de la peticionaria en la asignación del nuevo puesto sólo podrá ser tenida en cuenta cuando lo sea en el mismo ámbito autonómico.
C) Sí, porque la preferencia de la peticionaria en la asignación del nuevo puesto sólo podrá ser tenida en cuenta cuando lo sea en el mismo ámbito provincial.
D) No, porque la situación de gran dependencia de la madre debidamente justificada obliga a la Administración a la asignación del nuevo puesto de trabajo conforme a la solicitud presentada.
Correcta: C)
ART. 3 RD 89/2001.
1. Las relaciones de puestos de trabajo de la Dirección General de Instituciones Penitenciarias y del Organismo autónomo Trabajo y Prestaciones Penitenciarias singularizarán los puestos que pueden ser ocupados por los funcionarios comprendidos en el ámbito de aplicación del presente Real Decreto.
2. En todo caso, el nuevo puesto de trabajo estará ubicado en la misma localidad donde radique el centro penitenciario de destino del funcionario, si bien, de conformidad con el interesado, se podrá asignar otro en la misma provincia.
El domingo 15 de octubre de 2023, a las 18:30 horas, los internos R.S.T. y C.C.B., destinados en el módulo cinco del centro penitenciario de Écija, antes de entrar en sus respectivos locutorios para comunicar con sus familiares, comienzan una fuerte discusión en la que, a gritos, se profieren graves insultos y amenazas, enzarzándose en una pelea a golpes, utilizando para ello el mobiliario del departamento. Ante la situación de grave alteración del orden, el funcionario encargado del control de la comunicación pone los hechos en conocimiento de la Jefa de Servicios, M.L.V. que, personada inmediatamente, ordena la suspensión de las comunicaciones de ambos internos y la aplicación a los dos de la medida de aislamiento provisional.
2. Teniendo en cuenta lo dispuesto en el Reglamento Penitenciario, ¿cuál de las medidas de suspensión de la comunicación y de aplicación de aislamiento provisional adoptadas por M.L.V. ha sido ordenada incorrectamente?
A) La orden de aplicación de las dos medidas es correcta, porque la Jefa de Servicios es plenamente competente para adoptarlas en las circunstancias narradas.
B) El aislamiento provisional, porque es necesaria la previa conformidad del Juzgado de Vigilancia Penitenciaria.
C) La suspensión de la comunicación, porque limita el derecho de los familiares a celebrar una comunicación que había sido debidamente autorizada.
D) Las dos medidas son aplicadas incorrectamente, porque, en todo caso, el Director del centro es el único competente para ordenar su aplicación.
Correcta: A)
ART 44 RP.
1. El Jefe de Servicios podrá ordenar la suspensión de las comunicaciones orales, por propia iniciativa o a propuesta del funcionario encargado del servicio, en los siguientes casos:
a) Cuando existan razones fundadas para creer que los comunicantes puedan estar preparando alguna actuación delictiva o que atente contra la convivencia o la seguridad del establecimiento, o que estén propagando noticias falsas que perjudiquen o puedan perjudicar gravemente a la seguridad o al buen orden del establecimiento.
b) Cuando los comunicantes no observen un comportamiento correcto.
2. El Jefe de Servicios dará cuenta inmediata de la suspensión al Director del centro y éste, a su vez, si ratifica la medida en resolución motivada, deberá dar cuenta al Juez de Vigilancia en el mismo día o al día siguiente.
M.L.V. convive desde hace años con J.A.L., personal laboral del Ministerio de Educación y Formación Profesional, destinado en la Subdelegación del Gobierno de su provincia, aunque no tienen condición reconocida de pareja de hecho.
Ambos solicitan un permiso para la atención del hijo de J.A.L., de 25 años, que convive con ellos y ha sufrido un grave accidente, permaneciendo hospitalizado en Sevilla.
3. ¿Tiene M.L.V. derecho a disfrutar ese permiso y, en su caso, qué extensión tendrá el mismo?
A) Sí, porque el enfermo es el hijo de su pareja y la extensión será de cinco días naturales.
B) Sí, porque el enfermo es conviviente de la funcionaria y la extensión será de cinco días hábiles.
C) No, porque no son pareja de hecho.
D) Sí, porque el enfermo es conviviente de la funcionaria y la extensión será de cuatro días hábiles.
Correcta: B)
ART. 48 a) TREBEP. Los funcionarios públicos tendrán los siguientes permisos:
a) Por accidente o enfermedad graves, hospitalización o intervención quirúrgica sin hospitalización que precise de reposo domiciliario del cónyuge, pareja de hecho o parientes hasta el primer grado por consanguinidad o afinidad, así como de cualquier otra persona distinta de las anteriores que conviva con el funcionario o funcionaria en el mismo domicilio y que requiera el cuidado efectivo de aquella, cinco días hábiles.
Cuando se trate de accidente o enfermedad graves, hospitalización o intervención quirúrgica sin hospitalización que precise de reposo domiciliario, de un familiar dentro del segundo grado de consanguinidad o afinidad, el permiso será de cuatro días hábiles.
Cuando se trate de fallecimiento del cónyuge, pareja de hecho o familiar dentro del primer grado de consanguinidad o afinidad, tres días hábiles cuando el suceso se produzca en la misma localidad, y cinco días hábiles, cuando sea en distinta localidad. En el caso de fallecimiento de familiar dentro del segundo grado de consanguinidad o afinidad, el permiso será de dos días hábiles cuando se produzca en la misma localidad y de cuatro días hábiles cuando sea en distinta localidad.
M.L.V. y J.A.L. han comprado una vivienda nueva en una localidad distinta a la de su residencia actual solicitan en sus respectivos centros de destino el permiso por cambio de domicilio.
4. ¿Cuántos días podrán disfrutar en virtud de ese permiso?
A) Cada uno, un día.
B) Cada uno, dos días.
C) M.L.V, un día y J.A.L, dos días.
D) Cada uno, un mes por cambio de residencia.
Correcta: C)
ART. 48 b) TREBEP. Por traslado de domicilio sin cambio de residencia, un día.
IV CONVENIO 75 e). Un día por traslado del domicilio habitual dentro de una misma localidad y dos días en distinta localidad.
M.L.V. ha tomado posesión en su nuevo puesto de segunda actividad y realiza tareas de apoyo a la Jefa de Gabinete, que le informa que el Director del centro, que pertenece al Cuerpo Especial de Instituciones Penitenciarias, solicita el cese en el puesto de trabajo que desempeña con carácter de titularidad, alegando circunstancias personales.
5. ¿En cuál de las situaciones administrativas recogidas en el artículo 85 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido del Estatuto Básico del Empleado Público, quedará el Director una vez que sea formalizado el cese en el puesto de libre designación?
A) Servicios especiales, quedando a disposición del Delegado del Gobierno hasta que obtenga un puesto de trabajo con carácter definitivo.
B) Comisión de servicios, al haberse producido el cese en su actual puesto de trabajo a petición propia.
C) Titularidad, al estar desempeñando de forma definitiva el puesto directivo en el que cesa.
D) Servicio activo, en la modalidad de adscripción provisional, hasta que obtenga un puesto de trabajo en titularidad.
Correcta: D)
ART. 85 TREBEP.
1. Los funcionarios de carrera se hallarán en alguna de las siguientes situaciones:
a) Servicio activo.
b) Servicios especiales.
c) Servicio en otras Administraciones Públicas.
d) Excedencia.
e) Suspensión de funciones.
2. Las leyes de Función Pública que se dicten en desarrollo de este Estatuto podrán regular otras situaciones administrativas de los funcionarios de carrera, en los supuestos, en las condiciones y con los efectos que en las mismas se determinen, cuando concurra, entre otras, alguna de las circunstancias siguientes:
a) Cuando por razones organizativas, de reestructuración interna o exceso de personal, resulte una imposibilidad transitoria de asignar un puesto de trabajo o la conveniencia de incentivar la cesación en el servicio activo.
b) Cuando los funcionarios accedan, bien por promoción interna o por otros sistemas de acceso, a otros cuerpos o escalas y no les corresponda quedar en alguna de las situaciones previstas en este Estatuto, y cuando pasen a prestar servicios en organismos o entidades del sector público en régimen distinto al de funcionario de carrera.
Dicha regulación, según la situación administrativa de que se trate, podrá conllevar garantías de índole retributiva o imponer derechos u obligaciones en relación con el reingreso al servicio activo.
ART. 86 TREBEP.
1. Se hallarán en situación de servicio activo quienes, conforme a la normativa de función pública dictada en desarrollo del presente Estatuto, presten servicios en su condición de funcionarios públicos cualquiera que sea la Administración u organismo público o entidad en el que se encuentren destinados y no les corresponda quedar en otra situación.
2. Los funcionarios de carrera en situación de servicio activo gozan de todos los derechos inherentes a su condición de funcionarios y quedan sujetos a los deberes y responsabilidades derivados de la misma. Se regirán por las normas de este Estatuto y por la normativa de función pública de la Administración Pública en que presten servicios.