– Aquellas que sean privadas de su libertad por una autoridad, agente de la misma, funcionario público o particular, sin que concurran los supuestos legalmente establecidos (art. 17.1 CE), o sin haberse cumplido las formalidades y requisitos exigidos por la ley. Así, por ejemplo, los que hayan sido detenidos sin justificación alguna o sin haber sido puestos de inmediato a disposición policial o judicial; o cuando no se cumplan los requisitos y medidas cautelares establecidas en la Ley de Enjuiciamiento Criminal, por ejemplo, a la hora de practicar las diligencias sobre fianzas y embargos (arts. 590 y 592 LECrim.).
– Las que se encuentren internadas de forma ilícita en algún establecimiento o lugar. Un ejemplo práctico de esta circunstancia podría ser el de un policía que, tras detener a una persona de forma legal, la encierra en un habitación para mantenerla custodiada mientras él hace un recado personal; en este caso, la detención, aun habiéndose realizado conforme a la ley, se convertiría en ilegal.
– Las que estuvieren detenidas por tiempo superior al previsto en las leyes, si transcurrido este no fuesen puestas en libertad o entregadas al juez más próximo al lugar de la detención. Así, una persona no puede permanecer detenida durante más tiempo del estrictamente necesario para el esclarecimiento de los hechos, y nunca durante más de 72 horas; pasado este tiempo ha de ser puesta en libertad o a disposición judicial.
– Los detenidos a quienes no se les respeten los derechos que la Constitución y las leyes procesales garantizan. Así, de acuerdo con el art.17.3 CE, toda persona detenida debe ser informada de forma inmediata, y de manera que le sea comprensible, de sus derechos y de las razones de su detención, no puede ser obligada a declarar y se le debe garantizar la asistencia de abogado en las diligencias policiales y judiciales. Por su parte, el art. 520 LECrim., establece que la detención se debe realizar en la forma que menos perjudique al detenido (en su persona, reputación y patrimonio), y recoge una lista más específica de los derechos de los detenidos que incluye, entre otros:
- Derecho a guardar silencio, a no contestar a alguna de las preguntas que le formulen, o a manifestar que sólo declarará ante el juez.
- Derecho a no declarar contra sí mismo y a no confesarse culpable.
- Derecho a acceder a los elementos de las actuaciones que sean esenciales para impugnar la legalidad de la detención.
- Derecho a poner en conocimiento del familiar o persona que desee su privación de libertad y el lugar de custodia en que se halle en cada momento.
- Derecho a una llamada telefónica a un tercero que elija.
- Derecho a ser asistido por un intérprete de forma gratuita.
- Derecho a ser reconocido por un médico.
- Derecho a solicitar asistencia jurídica gratuita, así como el procedimiento y condiciones para obtenerla.
De esta manera, el procedimiento del habeas corpus no se limita a los supuestos de detención ilegal, sino también a cualquiera en que, aun existiendo una causa legal para la detención, esta se prolongue ilegalmente, o en la que no se respeten los derechos de la persona detenida.
