El silencio administrativo es una figura relevante en el ámbito de la administración pública que regula la Ley 39/2015. En este post, exploraremos en detalle qué es el silencio administrativo, los tipos que existen y cómo afecta a los ciudadanos en sus relaciones con la administración. Descubriremos los plazos establecidos por la ley, los efectos jurídicos del silencio administrativo positivo y negativo, así como los recursos disponibles para impugnar decisiones. ¡Sigue leyendo para conocer más sobre este tema!
Concepto y tipos de silencio administrativo
El silencio administrativo es una respuesta tácita de la administración cuando no emite una resolución expresa dentro del plazo establecido. En la Ley 39/2015 se distinguen dos tipos de silencio administrativo: el positivo y el negativo.
El silencio administrativo positivo
El silencio administrativo positivo se produce cuando la administración no emite una resolución expresa en el plazo establecido. En este caso, se interpreta que la solicitud o trámite ha sido aceptado de forma favorable para el interesado. Este tipo de silencio administrativo brinda seguridad jurídica a los ciudadanos, ya que evita la paralización de sus trámites debido a la inactividad de la administración.
Silencio administrativo negativo
Por otro lado, el silencio administrativo negativo se produce cuando la administración no emite una resolución expresa dentro del plazo establecido. En este caso, el silencio se interpreta como una respuesta desfavorable para el interesado, lo que significa que la solicitud o trámite se considera desestimado. Es importante destacar que el silencio administrativo negativo no es una respuesta positiva para el ciudadano, y en muchos casos puede ser necesario recurrir o impugnar esta decisión.
Plazos y efectos del silencio administrativo
La Ley 39/2015 establece plazos específicos para que la administración emita una resolución expresa en cada caso. En el silencio administrativo positivo, el plazo es determinado por la normativa aplicable a cada procedimiento. Por otro lado, en el silencio administrativo negativo, los plazos varían dependiendo del tipo de procedimiento y pueden oscilar entre 3 y 6 meses.
Los efectos del silencio administrativo también difieren según el tipo. En el caso del silencio positivo, se considera que la solicitud o trámite ha sido aceptado favorablemente, lo que otorga al interesado una posición jurídica favorable. En cambio, en el silencio administrativo negativo, se considera que la solicitud o trámite ha sido desestimado, lo que puede limitar los derechos del ciudadano y requerir acciones adicionales para impugnar la decisión.
Recursos y vías de impugnación
En caso de que se produzca un silencio administrativo negativo y el ciudadano desee impugnar la decisión, existen recursos y vías de impugnación disponibles. Algunas de las opciones comunes son el recurso de reposición, el recurso de alzada y el recurso contencioso-administrativo.
El recurso de reposición es el primer paso que se puede tomar para impugnar una decisión administrativa. Consiste en presentar una solicitud ante la misma administración que emitió la resolución o generó el silencio administrativo negativo, solicitando que se reconsidere la decisión. La administración tiene un plazo para resolver este recurso, y en caso de que se mantenga el silencio o se emita una resolución desfavorable, el interesado puede recurrir a instancias superiores.
El recurso de alzada se presenta ante un órgano jerárquicamente superior a la administración que emitió la resolución o generó el silencio administrativo negativo. En este recurso, se solicita que se revise la decisión y se adopte una nueva resolución más favorable para el ciudadano. Al igual que en el recurso de reposición, la administración tiene un plazo para resolver este recurso, y si no se obtiene una respuesta satisfactoria, se puede recurrir a la vía contencioso-administrativa.
La vía contencioso-administrativa implica acudir a los tribunales de justicia para impugnar la decisión administrativa. Es una vía más formal y requiere la asistencia de un abogado. En este proceso, el tribunal revisará la legalidad de la decisión administrativa y emitirá un fallo que puede confirmar, modificar o anular la resolución impugnada.
Conclusiones
En resumen, el silencio administrativo de acuerdo con la Ley 39/2015 es una figura importante que afecta a las relaciones entre los ciudadanos y la administración pública. La distinción entre el silencio administrativo positivo y negativo, los plazos establecidos y los efectos jurídicos son elementos clave a tener en cuenta. Es fundamental que los ciudadanos conozcan sus derechos y los recursos disponibles para impugnar decisiones desfavorables.
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